Año 2026

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definirá si los inversores damnificados por el presunto esquema fraudulento de la criptomoneda $LIBRA podrán continuar interviniendo en el proceso judicial bajo el rol de querellantes. La resolución que originó la controversia fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien dispuso apartar del expediente a los cinco inversores particulares que se habían presentado en carácter de víctimas, centralizando el impulso de la acción penal de forma exclusiva en el Ministerio Público Fiscal. La medida del magistrado de primera instancia generó el rechazo inmediato de las representaciones legales de los afectados. El querellante Martín Romeo formalizó un recurso de apelación en el cual tildó de "manifiestamente arbitraria, ilógica y contraria a las constancias de la causa" la exclusión dictada, argumentando que el fallo judicial ignora de manera deliberada la prueba documental producida en el legajo y asimila indebidamente una maniobra de estafa concertada con los riesgos normales del mercado de criptoactivos. El conflicto procesal y los antecedentes del fuero La defensa de las víctimas argumentó ante la Cámara Federal que la legitimación activa de los damnificados ya se encontraba consolidada por un antecedente favorable del propio tribunal de alzada. En instancias previas de la causa —iniciada en febrero de 2025 a raíz de una publicación promocional del token realizada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales—, la jueza María Servini había rechazado inicialmente la incorporación de las querellas, una decisión que posteriormente fue revocada por la Sala II de la Cámara Federal porteña para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. El recurso de apelación presentado por Romeo subraya que la expulsión decretada por Martínez De Giorgi genera un gravamen irreparable y contradice la doctrina judicial vigente, por lo cual hizo reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia en caso de que se confirme el apartamiento. La defensa de los principales imputados del expediente, el lobista Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, había solicitado excluir a los particulares bajo la tesitura de que no existió una estafa penal sino una fluctuación de valor de mercado. Avances en la ruta de los fondos virtuales La definición sobre la participación de los damnificados se produce en una semana de alta intensidad instructiva para la causa. A pesar de haber excluido provisoriamente a las querellas, Martínez De Giorgi ordenó el congelamiento preventivo de 25 billeteras de criptoactivos e intimó a las principales plataformas de intercambio que operan en el país a identificar a los titulares de las cuentas sospechosas. La medida cautelar del juzgado se apoyó en un informe pericial de la División Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, el cual mediante técnicas de trazabilidad digital a la inversa (backward tracing) logró reconstruir movimientos de fondos por un volumen estimado en 44 millones de dólares en los días posteriores a la promoción pública del activo digital. La investigación judicial procura determinar si la estructura societaria y financiera detrás del token $LIBRA constituyó un mecanismo de captación delictiva bajo las calificaciones de estafa, negociaciones incompatibles y asociación ilícita.

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