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Trump intensifica su escalada contra la UE al sancionar a dirigentes que han atacado el discurso de odio en internet
Washington alega que combate la “censura a estadounidenses” y veta la entrada en el país al excomisario Thierry Breton y otros responsables de la moderación de contenidos en redes como X
La Administración de Donald Trump sancionó a funcionarios europeos clave por la aplicación de regulaciones tecnológicas que, según Washington, constituyen un acto de censura contra ciudadanos estadounidenses.
La tensión transatlántica por la regulación de las grandes plataformas digitales escaló a niveles inéditos luego de que la Administración de Donald Trump impusiera sanciones directas contra personalidades europeas. Washington ejecutó la medida contra funcionarios relacionados con la lucha contra el discurso de odio y la moderación de contenido en redes sociales como X o Facebook.
El Departamento de Estado de Estados Unidos justificó la acción acusando formalmente a los sancionados de haber ejercido “censura a estadounidenses” en el extranjero a través de la implementación de normativas comunitarias. Esta presión se enmarca en el rechazo de la Casa Blanca a las reglas tecnológicas europeas que impactan en las operaciones de las empresas de Silicon Valley.
Entre los individuos castigados se encuentra el excomisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, quien fue el principal impulsor de la Ley de Servicios Digitales (DSA) durante la pasada legislatura. Las sanciones implican la prohibición estricta para estas figuras de ingresar a territorio estadounidense, una medida diplomática de alto impacto.
Esta escalada constituye la culminación de meses de amenazas por parte de Washington hacia la Unión Europea por las normativas que regulan a los gigantes tecnológicos que operan dentro del bloque. La acción pone de manifiesto un enfrentamiento directo entre el gobierno estadounidense y Bruselas respecto al control del flujo informativo y las políticas de moderación.
La decisión profundiza la crisis diplomática y legal, cuestionando la soberanía regulatoria de la UE frente a la visión de libertad de expresión defendida por la Casa Blanca, especialmente en relación con la moderación aplicada por plataformas clave en el debate público.
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