Actualidad
Valor social del tributo, su significación y efectos en la ciudadanía
La obligación ciudadana de cumplir con los tributos se legitima únicamente si el Estado garantiza austeridad y transparencia en el uso de los fondos públicos.
La imposición de tributos halla su sustento primario en la ley, configurando una potestad ineludible del Estado para financiar sus funciones esenciales. Esta manda legal establece el marco para que los contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, cumplan con sus obligaciones fiscales de manera periódica.
Sin embargo, la sola existencia de la norma no basta para asegurar la legitimidad plena del sistema. El mandato legal debe ser complementado por una conducta gubernamental que se rija por los principios de austeridad, honestidad y absoluta transparencia en el manejo de esos recursos.
La correlación entre la presión fiscal y la calidad del gasto público determina el nivel de confianza ciudadana. Cuando la percepción de la población indica un manejo discrecional o ineficiente de los fondos recaudados, la predisposición a la resistencia fiscal aumenta significativamente.
Diversos análisis económicos señalan que la alta presión impositiva, característica de las economías regionales, exige una rendición de cuentas estricta. Los gobiernos están obligados a demostrar que el esfuerzo tributario retorna a la sociedad mediante servicios eficientes y una gestión sin desvíos.
En este escenario, la ética pública deja de ser un valor deseable para convertirse en un requisito operativo indispensable para la sostenibilidad fiscal. La eficacia de la recaudación tributaria es inseparable de la probidad de quienes administran la hacienda pública.
SDN Digital, solo información.
