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FUERTE RECLAMO POR EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA | JERÓNIMO GUERRERO, ABOGADO DE CECIM LA PLATA #ESDP
El impacto inmediato que generó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su inusual comunicado público, tras haber rechazado la acción judicial presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata contra la derogación de la Ley de Tierras. Desde los primeros momentos, Jerónimo Guerrero Iraola sostiene que la postura del máximo tribunal evidencia un intento de desligarse de las consecuencias de sus propios actos, procurando refugiarse en cuestiones de forma para esquivar el debate de fondo. A medida que se profundiza en el análisis, el abogado argumenta que ningún poder del Estado puede desentenderse de los efectos materiales que acarrean sus resoluciones. Explica que, al desestimar la demanda alegando una supuesta falta de legitimación activa del CECIM, el tribunal habilitó de hecho la plena vigencia de la derogación impuesta por el DNU, lo que en la práctica deja desprotegidas las tierras rurales, las zonas de frontera y los recursos naturales estratégicos ante la compra irrestricta por parte de capitales extranjeros. Frente a esto, rebate la queja de la Corte sobre la presión social y mediática, señalando que la función judicial conlleva una responsabilidad institucional ineludible y está sujeta tanto al escrutinio ciudadano como al deber constitucional de resguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional. Tras constatar que la vía judicial inmediata se encuentra cerrada ante la negativa de los magistrados a expedirse sobre la constitucionalidad de la norma, la exposición converge hacia el terreno político y social. Guerrero Iraola concluye que la disputa debe resolverse ahora a través de la organización comunitaria y la movilización popular, instando a ejercer una presión decidida sobre el Congreso de la Nación para que restablezca por vía legislativa las protecciones a las tierras estratégicas, reivindicando así el mandato histórico de defensa de los intereses soberanos de la Argentina.
El impacto inmediato que generó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su inusual comunicado público, tras haber rechazado la acción judicial presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata contra la derogación de la Ley de Tierras. Desde los primeros momentos, Jerónimo Guerrero Iraola sostiene que la postura del máximo tribunal evidencia un intento de desligarse de las consecuencias de sus propios actos, procurando refugiarse en cuestiones de forma para esquivar el debate de fondo. A medida que se profundiza en el análisis, el abogado argumenta que ningún poder del Estado puede desentenderse de los efectos materiales que acarrean sus resoluciones. Explica que, al desestimar la demanda alegando una supuesta falta de legitimación activa del CECIM, el tribunal habilitó de hecho la plena vigencia de la derogación impuesta por el DNU, lo que en la práctica deja desprotegidas las tierras rurales, las zonas de frontera y los recursos naturales estratégicos ante la compra irrestricta por parte de capitales extranjeros. Frente a esto, rebate la queja de la Corte sobre la presión social y mediática, señalando que la función judicial conlleva una responsabilidad institucional ineludible y está sujeta tanto al escrutinio ciudadano como al deber constitucional de resguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional. Tras constatar que la vía judicial inmediata se encuentra cerrada ante la negativa de los magistrados a expedirse sobre la constitucionalidad de la norma, la exposición converge hacia el terreno político y social. Guerrero Iraola concluye que la disputa debe resolverse ahora a través de la organización comunitaria y la movilización popular, instando a ejercer una presión decidida sobre el Congreso de la Nación para que restablezca por vía legislativa las protecciones a las tierras estratégicas, reivindicando así el mandato histórico de defensa de los intereses soberanos de la Argentina.
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