La entidad se reunió con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, con quien analizaron la actualidad del sector.
La Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE) mantuvo una reunión con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, para analizar la delicada situación que atraviesa el sector de las cooperativas eléctricas en la provincia de Buenos Aires.
Durante el encuentro, el titular de FICE, Roberto Otero, expuso las principales dificultades que enfrentan las entidades: las deudas acumuladas con Cammesa, la imposibilidad de sostener inversiones en infraestructura y las complicaciones derivadas de los mecanismos de actualización tarifaria.
Otero recordó que el congelamiento tarifario implementado a fines de 2019 provocó un fuerte deterioro financiero en las cooperativas. “Los ingresos dejaron de ser suficientes para cubrir costos que seguían aumentando”, señaló, y explicó que las entidades debieron optar entre incumplir obligaciones laborales y tributarias o dejar de pagar la compra de energía.
En ese contexto, desde FICE indicaron que “casi la totalidad de las cooperativas” terminó acumulando deudas vinculadas a la compra de energía, ya sea con Cammesa —en el caso de las cooperativas que operan dentro del Mercado Eléctrico Mayorista— o con las distribuidoras proveedoras.
Según explicaron, la situación comenzó a revertirse parcialmente a partir de 2022, cuando tanto el Gobierno nacional como el provincial impulsaron mecanismos de regularización de deuda y reajustes tarifarios transitorios que permitieron recomponer ingresos.
Sin embargo, Otero advirtió que todavía persisten dos problemas estructurales. Por un lado, el repago del stock de deuda regularizado, cuyo reconocimiento tarifario depende de la situación económica de cada cooperativa. Por otro, la postergación de inversiones en redes eléctricas durante los años de congelamiento tarifario, una situación que impacta especialmente en las zonas rurales aisladas y en la calidad del servicio.
Durante la reunión también se analizaron posibles herramientas que el IPAC podría aportar para asistir al sector dentro de sus competencias.
Además, FICE expresó preocupación por la falta de distribución a las provincias de los fondos nacionales provenientes del impuesto al capital de las cooperativas, establecido por la Ley 23.427. Según Otero, la Nación “no habría aplicado a la promoción alrededor de 84.000 millones de pesos” aportados por el sector a través de ese tributo.
Otro de los puntos que encendió alertas fue el vencimiento, previsto para agosto de 2027, de la Ley 23.427, que creó el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. Desde FICE señalaron que será necesario impulsar un fuerte trabajo legislativo y conseguir el respaldo de los gobernadores para garantizar la prórroga de la norma.
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