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A un año del crimen de Leandro Alcaraz, aún no instalaron ninguna cámara en colectivos

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La pregunta es la constante. Hace un año que se repite en silencio. Los Alcaraz no entienden por qué. Por qué la tarde del domingo 15 de abril a Leandro Alcaraz (26) le dispararon a matar. “No fue un robo”, “no llegó a ser una pelea”, fue un “entredicho” por la tarjeta Sube. Son apenas versiones de lo que llegaron a ver los testigos que ese día, cerca de las 18, viajaban en el interno 103 de la línea 620.

Este lunes es el primer aniversario del crimen que sacudió a Virrey del Pino y, en medio de una investigación engorrosa, hay dos detenidos acusados de matar a Leandro.

Mientras tanto, la promesa oficial de instalar cámaras en los colectivos quedó, por ahora, en eso, ya que no colocaron ninguna por una traba burocrática: Economía aún no liberó los fondos.

Protesta a un año del crimen del colectivero Leandro Alcaraz en Virrey del Pino. Foto Silvana Boemo

Protesta a un año del crimen del colectivero Leandro Alcaraz en Virrey del Pino. Foto Silvana Boemo

“Hace un año que no encontramos respuesta, no hay un por qué para esto. Los testigos dicen que no hubo una discusión o pelea. Se dijeron algo pero este tipo se sentó, mandó mensajes y después lo mataron a Leandro. Es todo lo que sabemos, no los conocemos ni entendemos por qué hicieron esto”, dice Giselle Alcaraz, la hermana del colectivero asesinado.

Leandro tenía seis hermanos, estaba en pareja y tenía una hija de entonces tres años, Zoe.

Protesta a un año del crimen del colectivero Leandro Alcaraz en Virrey del Pino. Foto Silvana Boemo

Protesta a un año del crimen del colectivero Leandro Alcaraz en Virrey del Pino. Foto Silvana Boemo

Estaba construyendo su casa y hacía un mes que se había mudado con su familia. Ese lugar que construyeron ahora está deshabitado y su mujer todavía no pudo volver.

“Desde un primer momento el objetivo era buscar a los asesinos reales. No queríamos perejiles, sino a los verdaderos responsables. Mi hermano no va a volver más, pero ellos tienen que estar en la cárcel el resto de sus vidas”, reclamó Jésica, otra de las hermanas Alcaraz.

El padre, la madre y la hermana de Leandro Alcaraz, en la marcha de este domingo, a un año del crimen del colectivero. Foto Silvana Boemo

El padre, la madre y la hermana de Leandro Alcaraz, en la marcha de este domingo, a un año del crimen del colectivero. Foto Silvana Boemo

El crimen del chofer fue conmocionante. El cortejo fúnebre, acompañado por cientos de choferes de colectivo con sus camisas celestes, volvió a poner en debate las condiciones de seguridad de los conductores.

Entonces hubo un paro de actividades y se reflotó la promesa de instalar cámaras de seguridad en las unidades.

Marcha por Leandro Alcaraz, en abril pasado. Foto Maxi Failla

Marcha por Leandro Alcaraz, en abril pasado. Foto Maxi Failla

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron a Clarín que hay “en etapa de preadjudicación para instalar en 1150 colectivos”, pero que aún no han sido compradas ni elegidas las empresas proveedoras porque no se liberaron los fondos por una cuestión burocrática.

“En tres meses, los colectivos que realizan recorridos nocturnos en el GBA deberán tener cámaras de seguridad. Y todas las unidades tendrán que colocar esos dispositivos en un plazo máximo de seis meses“, anunció el ministro Cristian Ritondo dos días después del crimen de Alcaraz. 

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Las fuentes oficiales consultadas por Clarín remarcaron que, desde el homicidio del chofer de la línea 620, “se realizan patrullajes y operativos regulares en puntos fijos y aleatorios basados en la interceptación de colectivos e identificación de pasajeros, con el objetivo de neutralizar cualquier accionar delictivo y contravencional”.

Durante este período, identificaron a 399.900 personas y secuestraron 2.100 armas de fuego, 1.200 armas blancas, 8.400 dosis de cocaína y 2.700 dosis de paco.

Los perejiles y los hermanos

Con la misma celeridad detuvieron a tres personas y las señalaron como las autoras del homicidio Seis meses después terminaron liberados y confirmaron que nada habían tenido que ver con el hecho. 

Los asesinos no eran ni Jonathan “El Viejo” Acevedo (18), obligado a “confesar” el crimen mientras lo filmaban y hostigaban en un calabozo de la comisaría. Ni “El Tanito”, un adolescente de 17. Ambos fueron detenidos a las pocas horas del crimen. Tampoco era Juan Alfonzo “El Paraguayo” Gauto (30), quien pasó tres meses preso acusado de haber participado del crimen. 

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“Fue complicado llegar a las verdaderas detenciones pero nunca dejamos de lado la investigación, siempre luchamos para que encuentren a los responsables Primero costó encontrar testigos, después con la recompensa empezaron a aparecer. Fue pasando el tiempo, las fechas se hacen difíciles, ya sea las fiestas, la hija de Lean actuando o empezando el jardín. El recuerdo es permanente, se sufre, sabemos que esto no se va a superar nunca más, pero ponemos el hombro para seguir adelante”, analiza Jésica.

Fue en octubre y a través de un celular que dieron con dos nuevos sospechosos. Son hermanos paraguayos, de 18 y 22 años, que cayeron tras 11 allanamientos en José C. Paz, Monte Grande, Transradio, Rafael Calzada, La Tablada y González Catán.

Protesta a un año del crimen del colectivero Leandro Alcaraz en Virrey del Pino. Foto Silvana Boemo

Protesta a un año del crimen del colectivero Leandro Alcaraz en Virrey del Pino. Foto Silvana Boemo

Es que una mujer fue asaltada el mismo día del crimen de Alcaraz, a pocos metros. Le quitaron el celular y, por las descripciones, corroboraron que fueron los mismos que habían matado al colectivero. Analizando las antenas y las comunicaciones telefónicas detectaron a una persona que estaba usando ese celular: era la madre de los hermanos López Brizuela. 

El más chico tenía 17 en el momento del crimen, por eso la causa permanece en manos de la fiscalía juvenil N° 2 a cargo de Emilio Spatafora.

Protesta a un año del crimen del colectivero Leandro Alcaraz en Virrey del Pino. Foto Silvana Boemo

Protesta a un año del crimen del colectivero Leandro Alcaraz en Virrey del Pino. Foto Silvana Boemo

Los capturaron en la villa Scasso, en La Tablada (La Matanza). Pero en Transradio, un barrio de Esteban Echeverría, habían detenido al padre de los López Brizuela pero por “portación ilegal de arma de guerra“. Es que en su casa estaba el revólver calibre 38 marca Fox modelo 1930, el  arma con la que le dispararon a Alcaraz.

Las pericias fueron contundentes: de ese revólver salió el disparo que mató a Leandro. 

Ahora la causa está en manos de la Cámara, a la espera de que resuelvan las apelaciones a los pedidos de prisión preventiva solicitada por el fiscal Spatafora. 

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Este domingo, desde las 14, la familia del colectivero organizó una convocatoria en el kilómetro 35 de la ruta nacional 3 para seguir exigiendo justicia por el crimen de Leandro, mientras esperan el juicio. 

Sus compañeros de la línea 620 y la 382 colocaron una placa en homenaje y nombraron “Leandro Alcaraz” a la sala de descanso de los choferes.

EMJ

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Confesó haber degollado a su hija de seis años para vengarse de su mujer

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El hombre acuchilló varias veces a su hija de seis años hasta que una de las tajadas, en el cuello, la termino matando. Lo hizo por venganza contra la madre de la niña. El macabro episodio ocurrió la noche del sábado en Puerto Madryn y fue informado por la Policía de Chubut. 

Después de asesinarla, Antonio Ávila, de 40 años, salió a la calle con el cuchillo ensangrentado en una de sus manos. Gritaba sin parar, en aparente estado de shock. Ahí fue cuando sus vecinos dieron aviso a la policía.

En está casilla de un barrio precario de Puerto Madryn acontenció el crimen atroz.

En está casilla de un barrio precario de Puerto Madryn acontenció el crimen atroz.

El segundo jefe de la Unidad Regional de la Policía de Chubut, Miguel Cayupil, explicó a Télam que el hecho ocurrió en una vivienda de la calle Manuel Alzúa, entre Alem y Villarino, en el barrio San Miguel de Puerto Madryn.

Ávila confesó haber matado a su propia hija para vengarse de su ex mujer. Según el filicida, lo hizo porque se enteró de que la mamá de la criatura estaba saliendo con otro hombre. 

El atroz hecho sucedió mientras el homicida estaba solo en la casa con su hija: aunque la pareja estaba separada hace un tiempo, seguían viviendo juntos.

El hombre confesó haber apuñalado a su hija de seis años porque su ex mujer salía con otro hombre.

El hombre confesó haber apuñalado a su hija de seis años porque su ex mujer salía con otro hombre.

La Policía chubutense dejó trascender que al parecer el hombre quiso suicidarse tras haber cometido el crimen. Cuando lo atraparon, Ávila presentaba una herida punzante en el pecho, al parrece realizado con el mismo cuchillo con el que asesinó a su hija. Está detenido y fuera de peligro.

“Nos enteramos por un llamado de vecinos que alertaron sobre la presencia en esas calles de un hombre en la vía pública gritando, con un cuchillo y ensangrentado”, informó el comisario Cayupil.

Y agregó: “Cuando la policía llegó al lugar detuvo al hombre y concurrió a la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de una menor ya fallecida”.

De acuerdo a los médicos forenses, la víctima, de 6 años, presentaba varias puñaladas, una de ellas en el cuello que se cree fue la que le provocó la muerte. 

“El propio Ávila dijo cuando se entregó que se había enterado que su ex y madre de la nena tenía otra relación y decidió vengarse con la criatura“, señaló a Telam una fuente policial.

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Quemaron vivo en la cárcel al único detenido por el crimen de Araceli Fulles

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Darío Gastón Badaracco (31) era el principal acusado del crimen de Araceli Fulles. Y era porque en las últimas horas murió luego de que el 8 de abril pasado fuera quemado con agua hirviendo por dos compañeros de celda del penal de Sierra Chica donde estaba preso, informaron a Clarín.

La causa que investigó el crimen de Fulles ya fue elevada a juicio, pero aún no tiene fecha de inicio. Y ahora murió el único detenido que tenía el caso, acusado del “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por una o más personas y femicidio”.

Araceli Fulles tenía 22 años.

Araceli Fulles tenía 22 años.

Tenía el 60% del cuerpo quemado”, le dijeron a Clarín las fuentes consultadas y confirmaron que la muerte de Badaracco ocurrió el sábado último a las 21.30 en el hospital de Olavarría.

Badaracco fue agredido por dos compañeros de la celda 766 del pabellón 10 de Sierra Chica: “Lo golpearon, lo patearon y le tiraron agua hirviendo sobre el rostro, tórax, abdomen, región inguinal y piernas”.

Darío Badaracco, camionero, cayó preso porque una vecina lo reconoció y avisó al 911.

Darío Badaracco, camionero, cayó preso porque una vecina lo reconoció y avisó al 911.

¿Los motivos del ataque? “Son problemas de presos y los teníamos que arreglar así”, dijeron los agresores cuando les preguntaron cómo comenzó la pelea, según pudo saber Clarín.

Badaracco había ingresado al penal hace poco menos de dos años y “tenía una conducta ejemplar”. Estaba encerrado bajo un régimen estricto y había pasado por la Unidad N° 30 antes de llegar a la Unidad N° 2 y recaer en el pabellón 10, donde encontró la muerte.

Mónica Ferreyra, la mamá de Araceli, en la marcha por el segundo aniversario del crimen.

Mónica Ferreyra, la mamá de Araceli, en la marcha por el segundo aniversario del crimen.

La muerte de Badaracco ocurre a pocos días del pasado 2 de abril en que los familiares y amigos de Fulles volvieron a pedir Justicia por Araceli, a dos años del crimen de la joven de 22 años.

La causa por el crimen de Araceli tenía un solo detenido y otros ocho imputados que esperaban el juicio en libertad: Hernán Badaracco, hermano de Darío; Marcelo Escobedo; Carlos Damián Cassalz; los hermanos Jhonatan y Emanuel Ávalos; Hugo Cabañas, Daniel Alanis y Marcos Ibarra. Todos están acusados de ser cómplices del femicidio.

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El caso

Fue el 2 de abril de 2017 que Araceli salió a cenar con amigos. Luego, fueron a una plaza muy cerca de su casa en San Martín. Lo último que sus padres supieron de ella llegó en forma de mensaje bien temprano por la mañana: “Prepará el mate que voy para allá“. Nunca llegó.

Fueron 25 días de angustia y búsqueda hasta que un perro de la División K-9 de Punta Lara llevó a los investigadores hasta la casa de Badaracco, un hombre que había estado tres veces ante el fiscal del caso como testigo.

Araceli Fulles. Lla causa por el crimen va a juicio aunque no tiene fecha aún.

Araceli Fulles. Lla causa por el crimen va a juicio aunque no tiene fecha aún.

El cuerpo de Araceli se encontró el 27 de abril de 2017 en el patio de la casa de Badaracco. Para entonces, el dueño de casa se escapó. Cayó dos días después, cuando una vecina del Bajo Flores lo reconoció y llamó al 911.

MLB EMJ

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Mató con una moto robada, pero cayó porque la alarma llevó a la Policía hasta su casa

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Le dicen “Dany” y tiene 17 años. Desde el sábado a la noche está preso, acusado de ser uno de los dos motochorros que, 24 horas antes, asesinó al zapatero Daniel Raúl Paz (49) para robarle apenas se bajó de un colectivo, en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

¿Cómo cayó preso el adolescente? Tenía la moto usada para cometer el homicidio. ¿Cómo llegaron hasta él? El vehículo, robado horas antes en Ciudad Evita, contaba con sistema de rastreo satelital, de la firma Lo Jack. Reconstruyeron su recorrido y la hallaron en su casa, en la calle Pedro Miguel de Obligado al 50.

Según la Policía bonaerense, “Dany” tiene antecedentes por robo de motos bajo la misma modalidad y le incautaron una caja de municiones calibre 9 milímetros, compatible con el arma utilizada para matar al zapatero.

Un adolescente de 17 años detenido por el crimen de un zapatero en La Matanza.

Un adolescente de 17 años detenido por el crimen de un zapatero en La Matanza.

El chico había sido detenido anteriormente por un asalto cometido el 15 de enero de este año, también en La Matanza. 

El asesinato

Pasadas las 21.30 del viernes, Paz se bajó de un colectivo, para ir a su casa, en la esquina de las calles Santa Rosa y Freire. Enseguida fue abordado por dos motochorros.

La víctima empezó a correr y fue asesinada de un disparo por la espalda. Murió a unos cien metros del lugar donde lo habían atacado para robarle.

Daniel Paz, zapatero asesinado en Laferrere en un intento de robo.

Daniel Paz, zapatero asesinado en Laferrere en un intento de robo.

El fiscal Claudio Fornaro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, interviene en la causa, que fue caratulada como “homicidio criminis causae y robo agravado“.

Mónica Paz, la hermana de la víctima, se mostró indignada con esa situación y contó al canal de noticias Crónica TV que “la ambulancia nunca llegó y Daniel murió desangrado, como un perro, y lo llevaron al hospital en un patrullero”.

Motochorros asesinaron a Daniel Paz tras intentar robarle la mochila en Laferrere. (Foto Mario Sayes)

Motochorros asesinaron a Daniel Paz tras intentar robarle la mochila en Laferrere. (Foto Mario Sayes)

La mujer comentó que Paz era padre de cinco hijos, el menor de nueve hermanos y al momento del crimen regresaba de su trabajo porque era zapatero en un local de venta y reparación de calzados.

“Mi hermano era nuestra alegría de vivir, un hombre buenísimo, lo quería todo el mundo. (En la mochila) llevaba lo que había ganado en estos días, trabajaba mucho y estamos seguros de que salió corriendo para evitar que le saquen lo que con tanto esfuerzo había podido ganar. Necesitaba la plata para alimentar a su familia“, agregó la hermana.

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En tanto, los vecinos se mostraron consternados por el crimen de Paz, pidieron justicia y también denunciaron que en el barrio hay muchos hechos de inseguridad.

Paz murió como producto de un disparo con orificio de entrada en el omóplato izquierdo, que la bala se alojó en el corazón, y que no había orificio de salida, informaron fuentes judiciales a Télam.

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Cayó el líder de Yerba Brava con casi un kilo de cocaína en los genitales y el estómago

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Estaba por abordar un avión a Río Grande en Aeroparque, pero no pasó ni el cacheo. El agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo revisó notó algo extraño en la zona de los genitales: era cocaína. “En el aparato digestivo tengo más”, le advirtió el cantante del grupo de cumbia villera Yerba Brava, Cristian Rubén Espinoza, antes de quedar detenido.

Fuentes de la investigación confirmaron a Clarín que todo ocurrió el miércoles 10 de abril cuando el músico fue demorado en los controles previos al vuelo rumbo a Río Grande, en Tierra del Fuego, en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery. Llevaba casi un kilo de cocaína.

Cristian Espinoza, el cantante de Yerba Brava. (Facebook)

Cristian Espinoza, el cantante de Yerba Brava. (Facebook)

Durante el cacheo le encontraron unos 300 gramos de cocaína en la zona de los genitales. “Fue el mismo Espinoza quien les avisó a las autoridades que no era el único lugar donde había escondido la droga: también había ingerido unas 70 cápsulas”, precisaron las fuentes.

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Entonces, el músico fue derivado al hospital Fernández, donde expulsó la cocaína que llevaba en su cuerpo para luego quedar detenido por infracción a la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefaciente.

La causa es investigada por el juez federal Luis Rodríguez, quien dispuso una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en Río Grande.

Fue detenido en Aeroparque con casi un kilo de cocaína. (Facebook)

Fue detenido en Aeroparque con casi un kilo de cocaína. (Facebook)

Espinoza no es el primer cantante de Yerba Brava. El grupo había sido liderado por Juan Carlos “El Mono” Ponce, quien murió en 2014. Junto con Damas Gratis y Flor de Piedra, la banda fue pionera de la cumbia villera.

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Deportan por delitos a un extranjero cada 13 horas y analizan otros 1.800 casos

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A Brian Alberto Betancor Delgado, uruguayo, lo habían expulsado del país en 2011 y le habían prohibido el ingreso por 15 años. Pero en marzo, la Policía lo encontró manejando un Volkswagen Gol en Flores. Llevaba 60 mil dólares, 500 euros y varios celulares. Por su situación irregular, Betancor Delgado fue detenido y expulsado nuevamente del país a las pocas horas.

Su caso es uno más de los 156 deportados en el primer trimestre del año por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). La cifra equivale a una expulsión cada 13 horas. La cantidad crece a pasos agigantados, a un ritmo del 43 % en los últimos tres años. Desde 2015 la cifra prácticamente se triplicó: de 239 pasaron a 703 en 2018. Y este año podría ser récord. Según pudo saber Clarín, hay al menos 1.800 personas en condiciones de ser deportadas y sus casos ya están siendo analizados.

De ese total, 300 están enmarcados sobre la figura de extrañamiento, aplicada a personas condenadas que cumplieron la mitad de la pena en el país. Su expulsión se concretaría en los próximos meses, según confirmaron fuentes de Migraciones. 

Los 1.500 casos restantes son personas en condiciones de ser expulsadas por infracción a la Ley de Migraciones 25.871 o estar imputadas en una causa penal. En estos casos, el organismo que depende del Ministerio del Interior puede dictar la expulsión, que se concreta cuando un juez ordena la “retención” de la persona, para que sea trasladada a su país de origen. 

La mayoría de los extrañados en 2019 fueron ciudadanos de nacionalidad paraguaya (18), peruana (17), colombiana (16), boliviana (9) y uruguaya (5). En menor medida hubo brasileños, chilenos, turcos, estadounidenses, holandeses, entre otros países. 

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En el rubro de expulsados, el ranking lo lideran los ciudadanos chinos. En Migraciones dicen que los casos responden en su mayoría a “tráfico de personas”. Luego, los países de la región son los que mayor cantidad de deportados tienen.

En esa suba constante de las expulsiones, la variación más marcada de un año a otro fue del 53,25 % en 2017. Justamente, después de la publicación del decreto 70/17 que endureció las restricciones para migrantes y simplificó el trámite de deportación. Una apelación para declararlo inconstitucional llegó a la Corte Suprema de la Nación, pero mientras tanto sigue vigente.

“Somos abiertos con quienes vienen a estudiar, trabajar y progresar pero restrictivos para los que vienen con otros fines”, dijo a Clarín el director nacional de Migraciones, Horacio García. “Desde el inicio de esta gestión radicamos a 700 mil personas. El sistema migratorio tiene que ser lógico, equilibrado y eficiente. Si no, siempre se habla de lo mismo, que ‘no echan a nadie’ o ‘los que vienen son todos ladrones’ y cuando mirás los números te das cuenta que no es así. Independientemente de que lo que estamos produciendo pueda ser mejorado”, señaló García.

La explicación oficial del aumento de las deportaciones habla de un “ordenamiento” y “mayor eficiencia” del control migratorio y la coordinación con otros ministerios.

Uno de ellos es el de Seguridad. Cerca de Patricia Bullrich explican que al inicio de la gestión se encontraron con una situación de “un montón de extranjeros sin control que habían ingresado al país, cometían delitos y no había consecuencias”. En ese sentido, señalan modalidades puntuales como las de motochorros, escruches y otras más desarrolladas como las de extorsiones a partir de préstamos “gota a gota”.

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En la práctica, las medidas que hicieron subir la cantidad de deportaciones fueron, por un lado, un convenio para integrar la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) a la de Migraciones. Así la DNM puede saber en tiempo real si un extranjero está involucrado en una causa penal en el país.

También se intensificaron los operativos de control de permanencia. Entre 2016 y 2018 hubo 53.866, mientras que entre 2012 y 2015 fueron 22.791. A las inspecciones de Migraciones se le sumó el Comando de Recaptura de Evadidos (Cufre). Es decir, la misma unidad integrada por fuerzas federales que se encarga de la búsqueda de prófugos, también está abocada a la captura de personas con orden de retención. Además, se firmaron otros convenios. Uno de ellos establece que el Ministerio de Justicia bonaerense alerta a Migraciones cuándo un preso extranjero abandona una cárcel de la provincia.

El cambio en la política migratoria del Gobierno disparó críticas de organismos de derechos humanos. “Buscan asociar migración con criminalidad, al menos desde la vía discursiva. Lo estamos viendo con mucha frecuencia. Tampoco hay que olvidar los decretos de Chubut y Jujuy, que busca cobrar la salud a los migrantes. Son retrocesos en una política migratoria que era considerada un modelo a nivel mundial. La Argentina generó cambios de avanzada en otros países”, sostuvo Mariana Fontoura Marques, directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina. Y agregó que la estrategia puede tener que ver con el año electoral y la “búsqueda de un chivo expiatorio afuera” en un contexto de crisis. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue uno de los impulsores del amparo por el que la Cámara de Apelaciones declaró inconstitucional el decreto 70/17. Y denunciaron irregularidades en las expulsiones: “La cifra viene aumentando pero, más allá de los números, el Estado está dejando de hacer la evaluación sobre las circunstancias personales y el arraigo familiar. Lo que agrava aún más esta situación. Hay personas que viven acá hace 15 o 20 años, que tienen 3 o 4 hijos argentinos y que están siendo separadas de su familia por órdenes de expulsión que no consideran estos elementos contemplados en el propio decreto y tratados internacionales”, dijo Raísa Ortiz Cetra, especialista en migrantes del Equipo de Trabajo Internacional del CELS.

“Somos abiertos a quienes vienen a estudiar, trabajar  progresar, pero restrictivos con los que vienen con otros fines”, explicó Horacio García, director de Migraciones.

“Un caso que reúne estas características es el de Vanessa Gómez Cueva, que vivió en el país por más de 15 años, cumplió su condena en 2014 y fue expulsada con su bebé y separada de sus otros dos hijos. Ella es un ejemplo de resocialización, estudió enfermería y se dedicaba a cuidar adultos. Cometió un delito, pero cumplió su condena y había rearmado su vida“, agregó Ortiz Cetra.

Sobre este caso, García dijo que la mujer “estaba condenada por narcotráfico” y que a pesar de que presentó distintos recursos, incluido un hábeas corpus, “la Justicia ratificó que debía ser expulsada”. Y agregó: “Fue el Gobierno anterior el que resolvió tramitar la expulsión”.

Según datos de Amnistía, la población migrante en la Argentina es del 5 %, mientras que la participación de extranjeros en el delito es del 6 %. 

Los datos oficiales varían de acuerdo a la jurisdicción. Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, de 246.833 imputaciones que hubo en 2018, solo 2.949 acusados fueron migrantes. La proporción es del 1,2 %.

En tanto, en las cárceles bonaerenses hay actualmente 2.208 presos de otra nacionalidad, sobre una población carcelaria de 44.066, según datos del Ministerio de Justicia. Es decir, los extranjeros representan el 5 %. Desde 2018 hasta hoy, 52 reclusos de la Provincia fueron deportados a Paraguay, Chile, Colombia y Perú. Otros 450 están en condiciones de ser deportados bajo la figura de extrañamiento.

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En la Ciudad, los extranjeros vinculados al delito también forman parte de la agenda. Según el gobierno porteño, desde el 28 de febrero la Policía de la Ciudad participó en los operativos de expulsión de “10 delincuentes extranjeros”.

De acuerdo a datos de 2018, la participación de extranjeros en el delito en Capital era en promedio del 17 %, cuando un año antes era del 13 %.

“La Argentina es un país de inmigrantes, solamente un porcentaje muy pequeño de extranjeros vienen a delinquir. Este trabajo que se intensifico en las ultimas semanas esto es una decisión política, pero sobre todo es un reclamo de la sociedad donde trabajamos en conjunto la Ciudad con su policía, la justicia y migraciones”, remarcó a Clarín el vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli.

Fuera de micrófono, distintos funcionarios aseguran que este endurecimiento de la política migratoria permitirá combatir la inseguridad y aliviar la crisis de sobrepoblación carcelaria. Los datos de la realidad muestran que en los últimos años, a pesar del aumento de las deportaciones, el delito siguió en crecimiento. Y las cárceles, en su mayoría, están hiperpobladas de argentinos.

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