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Política

Bono de fin de año: las empresas en crisis podrán pagar menos y en más plazos

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El borrador del decreto que preparó el Gobierno por el bono de fin de año incluye un artículo que abre la posibilidad a que las empresas que estén en crisis paguen menos que los $5.000 pesos que propuso la Casa Rosada y en un plazo mayor a las dos cuotas iniciales.

Así se desprende del borrador al que accedió Clarín y que la Casa Rosada le acercó a los dirigentes de la CGT para que avancen las negociaciones.

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El artículo tres lo deja por escrito: “Podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos aquellas actividades que sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”. El miércoles la UIA y la CAME habían advertido que buena parte de las empresas no podrían afrontar el bono extra. Las cifras que manejaban en la industria eran que 6 de cada 10 compañías no llegarían a cumplir el acuerdo. Por eso, el artículo parece un gesto a esos reclamos. 

Bono de fin de año: el Gobierno quiere que sea obligatorio y los empresarios se resisten

El borrador del decreto deja establecido que quienes pueden pagarlo tendrán que abonar los $5.000 en dos cuotas que se pagarán con el sueldo de noviembre y el de enero.

La asignación será no remunerativa.

En el artículo 5 resalta quienes serán los excluídos del acuerdo. No será obligatorio para los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal “cualquiera sea su modalidad de vinculación y el régimen laboral aplicable”. 

Los empleados públicos también cobrarán un plus, pero no reabrirán paritarias

El mismo decreto incluye en el capítulo 2 el procedimiento que obliga a las empresas a dar aviso al Gobierno antes de despedir a un trabajador. Tendrán que comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días hábiles. 

Bono de fin de año: algunas provincias a favor, otras recurren a la cláusula "gatillo"

Así, el Gobierno podrá convocar al empleador, el trabajador y los gremios para abrir una negociación. 

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Política

Versiones sobre un plan de Cristina Kirchner para mantener a su hija “a salvo” de la Justicia argentina

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Cristina Fernández de Kirchner voló este jueves por la madrugada a la República de Cuba para acompañar a su hija Florencia, quien se encuentra bajo tratamiento médico en ese país.

El informe que sus abogados presentaron en la Justicia, como adelantó Clarín, señala que la hija de Néstor y Cristina padece una enfermedad llamada linfedema, que significa la acumulación de líquido linfático en las piernas, el que le impide movimientos en sus extremidades y dificultades en su desplazamiento, como por ejemplo, poder subirse normalmente a un avión.

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Pero por lo bajo, en el kirchnerismo ya hablan de cómo Cristina Kirchner salvó a Florencia. Esto es que, preocupada por los avances en las causas que la joven mantiene con la Justicia, la decisión de la ex presidenta habría sido que su hija se radique en Cuba.

Fernández de Kirchner es senadora y ha logrado la solidaridad de todo el peronismo en el Senado ante los pedidos de desafuero del juez Claudio Bonadio.

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Su hijo Máximo es diputado nacional y cuenta allí también, con protección e inmunidad ante una eventual orden de arresto. Pero Florencia no tiene fueros y eso, desvela a la ex presidenta, incluso más que su propia suerte.

Así las cosas, los problemas de salud de la joven resultaron la salida adecuada (o el “plan Cuba”) para la posibilidad de que no regrese al país, hasta conocerse el resultado de las elecciones presidenciales de este año, donde todo indica que la pelea por el premio mayor será entre Mauricio Macri -actual presidente- y Cristina Kirchner, mandataria argentina de 2007 a 2015.

Por eso, no sorprendió el énfasis y el nivel de detalle con que uno de los voceros autorizados de la ex jefa de Estado habló de los problemas de salud de Florencia.

Eduardo Valdés, ex embajador kirchnerista en el Vaticano, habló de “stress profundo”, anorexia” y “ataques de pánico”. Para coronar el relato, Valdés dijo la vio “muy golpeada” a Cristina cuando el último domingo le avisaron que el cuadro de Florencia “no estaba bien”. Con todo, luego Clarín reveló que el abogado de los Kirchner alegó que Florencia padece de linfedema para justificar su salida y la de su madre -ambas procesadas por corrupción– fuera del país. 

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Al conocerse el video donde Fernández de Kirchner habla de su hija y de su decisión de ir a acompañarla a Cuba, en el kirchnerismo comenzó a analizarse la posibilidad de que la ex mandataria pudiera declinar su candidatura presidencial, tras la confección de esa pieza por parte de su equipo de comunicación del Instituto Patria.

Pero con el correr de las horas esa especie perdió fuerza: la ex presidenta tiene el dato -a través de sus operadores judiciales y de quienes revistaron con ella en los servicios de Inteligencia y le siguen siendo fieles- que alguna de las investigaciones donde su hija está involucrada iba a moverse.

Florencia es investigada en dos causas por su participación en empresas de la familia Kirchner acusadas de lavado (Hotesur y Los Sauces), por las que está procesada y embargada por $ 900 millones.

Vale recordar además, los 4.464.000 millones de dólares que le encontraron en una caja de seguridad en el Banco Galicia, monto millonario que no pudo justificar sino a través de una delegación de ese dinero por parte de su madre.

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Todo eso desvela a la ex mandataria que hasta hoy, es la que tiene mayores chances y mejores números para ser la candidata presidencial del espacio K y de los partidos Justicialistas nacional, bonaerense y de varias provincias más.

La chance de que Florencia se quede en Cuba, donde no hay extradición con la Argentina, fue evaluada toda esta semana por CFK junto a sus personas de estrecha confianza, aupada en el dato que sus operadores le acercaron sobre el devenir de las causas donde la joven cineasta está verdaderamente complicada.

PDL

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Política

El PJ bonaerense hace “autocrítica” y busca reconstruir la relación con el campo

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Fernando Gray visitó Expoagro con un grupo de intendentes. En una entrevista con Clarín, el presidente del PJ e intendente de Esteban Echeverría sostuvo que era necesario hacer una “autocrítica” por los “errores” que se cometieron con el campo durante el gobierno de Cristina Kirchner, ya que el peronismo busca “recomponer” la relación con el sector agroindustrial.

-¿Cómo recomponen ese vínculo con el campo?

-Hemos reflexionado seriamente sobre cosas que han sucedido, que hemos tenido en nuestra relación con el campo. Y a partir de ahí, de una franca autocrítica de nuestro espacio, buscamos intensificar nuestro diálogo con el sector rural. Entendemos que es el motor del sistema productivo de nuestra provincia. Esperamos que en las próximas elecciones nos apoye el campo y sientan que ahora tienen una alternativa.

-¿Volverían a dictar una Resolución como la 125?

-Creo que en ese enfrentamiento terminamos cruzados con todo el sector agrícola ganadero. Y hay sectores como los pequeños y medianos productores, los trabajadores rurales, que históricamente siempre hemos transitado por la misma senda, pero por distintas circunstancias terminamos en veredas opuestas. Hay que recomponer una situación y entender que la Argentina que viene es la del diálogo, escucharnos y tratar de avanzar todos juntos como sociedad, donde el campo es una parte muy importante. 

¿Cuál es el motivo de la visita a Expoagro?

-Hemos cometido errores durante nuestra gestión. Y a partir de ese diálogo franco y sincero con las distintas entidades y asociaciones, desde el Partido Justicialista hemos creado una mesa de trabajo vinculada a temas agrícolas. Por eso hemos decidido institucionalmente visitar Expoagro, por la trascendencia que tiene el campo para nuestra provincia. Por ejemplo, en Esteban Echeverría, un tercio de la población es rural.

Fernando Gray estuvo con los intendentes Gustavo Arrieta (Cañuelas), Walter Torchio (Carlos Casares) y Santiago Maggiotti (Navarro), además del ex diputado provincial Darío Duretti. Hicieron una recorrida por el sector de animales de la muestra, el stand de la municipalidad de San Nicolás y el Polo Agro Ganadero Comercial, que está construyendo el predio en Cañuelas adonde se va a mudar el año que viene el Mercado de Hacienda de Liniers.

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Política

Majul y Reato le escapan a Macri | #AltaData, todo lo que pasa en un toque

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Los periodistas oficialistas se van bajando del barco, ahora que ven que se hunde y se pelean para ver quién es más (o menos) macrista. Desopilante cruce entre dos grandes referentes del periodismo militante del macrismo. Se registraron incidentes en Plaza de Mayo cuando referentes del Frente Patria Grande quisieron hacer una pequeña actividad. Lucas Martínez estuvo allí. Realizamos un resumen de las novedades alrededor del Caso de las Coimas de Stornelli. Suscribite a nuestro canal.
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Política

Avanzan los preparativos para el juicio oral a Cristina y sus hijos por lavado en Los Sauces

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Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner irán a juicio oral acusados de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y a la recepción de dádivas. La causa Los Sauces se encuentra en el Tribunal Oral Federal 5, cuyos jueces conducirán las audiencias y dictarán la sentencia. Esta semana, confirmaron fuentes judiciales a Clarín, cerró la etapa de presentación de pruebas y el fiscal del juicio, Diego Velasco, pidió cerca de 120 testigos y requirió documentación sobre las propiedades de los Kirchner. En tanto la querellante Oficina Anticorrupción (OA), solicitó más de 60 testigos y que se incorporen datos de otras causas, como la de los cuadernos de las coimas y “la ruta del dinero K”.

El período para la presentación de pruebas en el marco de la causa ya cerró, y tanto lo requerido por la querella como por el fiscal ante el Tribunal comenzó a ser evaluado por el TOF 5 que en una próxima instancia deberá fijar fecha para el comienzo del juicio.

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Entre los testigos cuya comparecencia requirió el fiscal Velasco, están los escribanos que intervinieron en las operaciones inmobiliarias de Los Sauces SA, y los peritos que analizaron la contabilidad de la firma señalada como una “pantalla” para “simular alquileres y así lavar dinero”.

Por su lado, la Oficina Anticorrupción pidió la declaración testimonial de más de 60 personas. Entre ellas se destacan los interventores de “Los Sauces SA” y de “Idea SA” -una empresa de Osvaldo Sanfelice- y de la interventora del condominio Máximo y Florencia Kirchner. Asimismo, pidieron que la ex diputada Margarita Stolbizer -cuya denuncia dio origen a la causa-, sea incluida entre las testimoniales como también su abogada, Silvina Martínez, entre otros.

El fiscal Velasco también pidió diversos informes respecto a las propiedades que Néstor y Cristina Kirchner compraron para la empresa, como también aquellas que vendieron para contar con fondos que después se usaron para nuevos negocios. Estos informes, según pudo saber Clarín, fueron pedidos a la municipalidad de Río Gallegos y a diferentes organismos intervinientes en la prestación de servicios para dichas propiedades.

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La OA solicitó que las municipalidades de Río Gallegos y de El Chaltén “remitan al tribunal todos los antecedentes de los permisos de obra o construcción de edificios y hoteles vinculados a la causa”.

El organismo también solicitó incorporar las causas judiciales vinculadas, como la causa “obra pública” (cuyo juicio comenzará en mayo), “la ruta del dinero K”, “los cuadernos de las coimas” y “Hotesur”, entre otras.

La acusación sobre los dueños de la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Cristóbal López y Lázaro Báez -ambos presos- es la de asociación ilícita “de carácter estable y permanente”, donde la ex presidenta está señalada como máxima responsable y su hijo como organizador. En la Justicia creen que la operatoria fue una pantalla para lavar dinero proveniente de sobornos. Además, se les atribuye el delito de dádivas.

En la causa también están acusados López y Báez, ambos ya detenidos, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares (ex contador de CFK, también detenido) y los hijos de Báez, entre otros.

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Durante la instrucción se corroboró la existencia de un sistema “montado en base a la actividad inmobiliaria y hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Los Sauces”.

El objetivo, según el juez Julián Ercolini -que procesó a la familia Kirchner- era “sustraer y apoderarse y de millonarios fondos públicos” durante más de 10 años, “hasta el 14 de diciembre de 2016”.

Esta maniobra sería parte de una “gran matriz de corrupción” que tiene como delito precedente la defraudación al Estado a través del direccionamiento de la obra pública a favor de Báez. En esa otra causa, Cristina Kirchner está procesada y enviada a juicio por asociación ilícita.

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El rol de Máximo y Florencia 

Según la justicia, de este esquema participaron Máximo y Florencia Kirchner. Al diputado nacional se le bajó la calificación a “organizador” y no quedó como “jefe” de la asociación ilícita. Como presidente de la firma realizó en representación de las sociedades la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se “canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”.

A su vez, después del fallecimiento de Néstor Kirchner su hija se incorporó a Los Sauces, y brindó “su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venían desarrollando sus padres y su hermano a través de las sociedades y del patrimonio personal de su padre”.

También, como vicepresidenta de la inmobiliaria y empleada de la misma, se “ocupó de la adquisición de propiedades y retiró dinero que previamente habían sido aplicados a las actividades hotelera e inmobiliaria bajo los cuales la organización reciclaba los fondos ilícitos”.

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Lázaro y Cristóbal, los inquilinos

La operatoria contó con un grupo estable de personas, según la Justicia, empezando por los dos principales inquilinos: Báez y López, que garantizaron el 86% de la facturación de Los Sauces SA. En dinero, unos 26 millones de pesos que fueron “a parar al patrimonio de los Kirchner”, mientras ambos empresarios eran “contratistas del Estado”.

Además, los empresarios K “habían recibido beneficios impositivos ilegítimos, y por ello, recurrieron a distintos esquemas de lavado de activos para canalizar a través de aquellos decenas de millones de pesos que aumentaron significativamente su patrimonio”.

Ellos fueron los responsables, “junto a los ex presidentes”, de “desarrollar un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias”, de modo que una parte “pudieran llegar a manos de los ex mandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.

Los pasos de la maniobra

1 Primero se creó la sociedad Los Sauces, dedicada a la actividad inmobiliaria y hotelera, para que “recibiera de manera regular y permanente la canalización de fondos” con la “connivencia de los ex presidentes y los distintos organismos del Estado” para favorecer a Cristóbal López, Fabián De Sousa (dueños del Grupo Indalo) y Lázaro Báez (dueño del Grupo Austral).

2 La firma comenzó a adquirir propiedades: más de 23.897 metros cuadrados por 3.087.000 dólares, en pocos años. Las propiedades son: un lote en El Calafate por 445.000 pesos, según el Tribunal de Tasación de la Nación; el dúplex de Puerto Madero, por 1.407.000 dólares; otro departamento en Puerto Madero, por 943.00 dólares; dos terrenos en El Calafate, por 27.000 pesos; el hotel La Aldea, por 200.000 pesos; otro terreno por 100.000 pesos; una casa que le vendió Austral Construcciones en Río Gallegos por 97.000 dólares; la casa de la calle Mascarello donde reside la ex Presidenta (también en Río Gallegos), por 250.000 dólares; y el departamento en el barrio de Monserrat donde vive Florencia Kirchner, por 370.000 dólares.

3 Al tener las propiedades, se canalizaron los fondos a través de “alquileres simulados”. En total López y Báez garantizaron a los Kirchner 25.968.040 pesos con este mecanismo ” de forma irregular y continua, fondos que fueron al patrimonio de los Kirchner”.

Finalmente todo esto permitió que la familia Kirchner retirara de Los Sauces SA 10 millones de pesos en concepto de “devolución de créditos” a nombre de sus integrantes. Tanto la ex Presidenta como sus hijos fueron retirando en pocos años esa suma de dinero.

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Política

Confirman el procesamiento de un fiscal K por perseguir a la jueza original de la ruta del dinero K

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En un duro fallo, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del fiscal K y ex titular de la PROCELAC Carlos Gonella por abuso de autoridad para acusar sin pruebas a  la jueza en lo criminal María Gabriela Lanza cuando arrancó la causa de la ruta del dinero K contra Lázaro Báez en el 2013. A criterio del tribunal, Gonella puso en marcha una persecución contra la magistrada

La Sala II de la Cámara, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, ratificó la medida dictada en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadio y Gonella quedó cerca del juicio oral y público.

Gonella había denunciado a la jueza Lanz por lavado de activos, cuando llamativamente la magistrada, a pedido del fiscal José Campagnoli, ordenó la primera indagatoria de Báez en el inicio de la causa de la ruta del dinero K. Luego, la causa pasó al fuero federal y quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan. La indagatoria y el congelamiento de las cuentas del dueño de Austral Construcciones así se retrasó varios meses, luego de la denuncia del programa de TV de Jorge Lanata.

Gonella fue designado en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) durante la gestión de la fundadora de “Justicia Legítima” y Procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo en diciembre de 2017, también con varias imputaciones y procesamientos en su contra.

La Sala II de la Cámara resaltó como Gonella difundió su denuncia a través del diario Tiempo Argentino -entonces dirigido por Sergio Szpolski y por Twitter– contra Lanza, quien fue sobreseída en esa causa por supuestos vínculos con una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En el 2014, tampoco prosperó el enjuiciamiento que se le promovió a Campagnoli en la Procuración General de la Nación en manos de Gils Carbó y que tuvo al fiscal Daniel Adler como presidente del jury. Ahora Adler como fiscal de la cámara federal de Mar del Plata deberá decidir la recusación del fiscal Stornelli contra el juez federal de Dolores, Juan Ramos Padilla, en la causa en que se investiga la extorsión del falso abogado Marcelo D’Alessio contra el “productor agropecuario” Pedro Etchebest. También, Adler deberá opinar si la causa se queda en Dolores o pasa a la Capital como pidió el fiscal de esa ciudad bonaerense, Juan Pablo Curi.

En la resolución, que hoy se conoció completa, la sala II de la cámara federal porteña señala que “se había planteado como interrogante a responder si Carlos Gonella procedió con la objetividad que le exigía la ley o si, como se alega, lo hizo como parte de una suerte de campaña tendiente a perjudicar la actividad funcional de la magistrada Lanz”.

El tribunal de alzada recordó que “el escenario actual que presenta la causa muestra el contexto de esa actividad, marcado por circunstancias producidas en tiempos cercanos, previos y posteriores. Aquellas denotan la existencia de sospechas serias en cuanto a la creación de la fiscalía que ocupaba, a su nombramiento y a la intervención que tuvo en pos de favorecer a Lázaro Báez en investigaciones en su contra”. Es que Gils Carbó disolvió la fiscalía antilavado que dirigía el fiscal Raúl Pleé y la sustituyó con la PROCELAC poniendo a Gonella al frente de ella.

Por el rol que tuvo en la causa de la ruta del dinero K Gonella está procesado por prevaricato debido a que deliberadamente omitió imputar a Báez cuando arrancó la causa en la justicia federal, tras dejar el fuero de la jueza Lanz. Recién cuando el fiscal Marijuan volvió de vacaciones el empresario K fue incluido en la causa.

“Ello debe contrastarse con los extremos que rodearon a la persecución pretendida contra la jueza Lanz –particular trámite de expedientes en la Unidad de Información Financiera (UIF) y en la PROCELAC- y con la función que había cumplido dirigiendo una instrucción que avanzaba contra Báez”, agregó la Cámara.

También, la cámara federal criticó la forma en que Gonella se expresó contra la jueza en sus resoluciones. Los camaristas confirmaron que los hechos encuadran en el delito de abuso de autoridad y ratificaron el procesamiento y el embargo contra Gonella quien en abril de 2016 renunció a la estratégica PROCELAC y pasó a una unidad fiscal de litigios estratégicos.

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