Economía
Con la aprobación del Presupuesto 2026, el acuerdo con el FMI adquiere fuerza de ley
La sanción de la ley que incorpora las metas fiscales, financieras y monetarias acordadas con el Fondo le dio respaldo jurídico definitivo al acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por Milei. De este modo, el endeudamiento por unos 20 mil millones de dólares quedó plenamente validado por el Congreso, cerrando una discusión política y legal que había sido eje de fuertes cuestionamientos desde el kirchnerismo. El aval legislativo no solo despeja dudas sobre la vigencia del acuerdo, sino que también consolida el rumbo fiscal del Ejecutivo y fija límites estrictos al gasto público. Leer más
La sanción legislativa que incorpora las metas del Fondo Monetario Internacional brinda validación legal definitiva al endeudamiento de 20 mil millones de dólares acordado por la administración Milei.
El Congreso de la Nación sancionó la ley que incorpora al marco normativo interno las metas fiscales, financieras y monetarias pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta medida otorga el respaldo jurídico definitivo al Acuerdo de Facilidades Extendidas que el Poder Ejecutivo había firmado previamente con el organismo.
Con esta aprobación, el endeudamiento adquirido con el multilateral, que asciende a aproximadamente 20 mil millones de dólares, queda plenamente validado por la autoridad legislativa. La incorporación de estos compromisos al derecho interno era considerada esencial para asegurar la estabilidad del programa.
La decisión legislativa pone fin a una extensa controversia política y legal que había sido alimentada por sectores de la oposición, principalmente desde el kirchnerismo, que cuestionaban la legitimidad de la deuda. De esta manera, se disipan las dudas sobre la continuidad del programa de asistencia financiera.
El aval del Parlamento no solo garantiza la vigencia de los desembolsos internacionales, sino que también consolida el rumbo de estricto orden fiscal impulsado por la gestión actual. Esta legislación refuerza el compromiso del gobierno con el saneamiento de las cuentas públicas.
Finalmente, la nueva normativa establece límites muy precisos al gasto público y fija parámetros ineludibles para la política económica y monetaria. El ajuste presupuestario pasa a ser una obligación de cumplimiento legal para el Tesoro Nacional.
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