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Diálogo y Legalidad en la Titulación de Viviendas: El Bloque Justicialista del HCD de San Luis y la Defensa de la Autonomía Municipal
La reciente conferencia de prensa del bloque justicialista del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la Ciudad de San Luis ha puesto en el centro del debate un proyecto de ordenanza sobre la donación de tierras para la escrituración de viviendas. Lejos de oponerse a la solución habitacional, los concejales Divizia, presidente del bloque, y Cordido, un abogado miembro de la comisión de legislación, han expresado una clara intención de dialogar para lograr consenso, enfatizando la necesidad de un proceso transparente y legalmente sólido.
Concejal Divizia: El Marco Político y la Inconstitucionalidad
El Concejal Divizia inició su intervención destacando que “la política se construye con diálogo, no con aprietes”, en referencia a las declaraciones del gobernador Claudio Poggi. Según Divizia, las afirmaciones del gobernador contenían “muchísimas imprecisiones” y un “profundo desconocimiento del tema”, lo que motivó la solicitud de una audiencia para exponer la posición del bloque y las particularidades del proyecto.
El bloque justicialista ha dejado en claro que no se opone a la escrituración de viviendas, ya que es una “política pública que iniciamos nosotros y que la está continuando y que queremos que siga”. Sin embargo, insisten en la importancia de “hacerlo bien”, argumentando que el proyecto tiene “un montón de imprecisiones” que deben ser subsanadas. El proyecto ingresó en la primera sesión del año y, aunque ha sido trabajado en las comisiones de Legislación e Interbloques, aún no cuenta con despacho, lo que significa que no ha sido aprobado por estas instancias.
Un pilar fundamental de la argumentación de Divizia es la defensa de la autonomía municipal y el respeto a la normativa local. Subrayó la existencia de una Ordenanza G N° 753 del año 2016 que establece la política habitacional de la ciudad de San Luis, una norma “de orden público” que debe ser cumplida por todas las autoridades, incluyendo al intendente y al gobernador. La Constitución de la Provincia de San Luis reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los municipios, y autonomía institucional para aquellos que dicten su carta orgánica. Divizia sostiene que el proyecto actual es “absolutamente contrario a las normas” y “evidentemente inconstitucional”, ya que ignora esta ordenanza clave.
El concejal detalló que la Ordenanza 753/2016 impone obligaciones específicas al municipio, como la gestión del régimen de adjudicación de viviendas, la verificación de requisitos de residencia (más de 5 años en la ciudad y al menos 15 años en la vivienda), y los procesos de desadjudicación y readjudicación que solo el municipio puede constatar y verificar. El proyecto presentado por el intendente, según Divizia, no especifica soluciones para barrios como Vecindá, Granja Lamalia o República, dejando de lado situaciones sensibles de la ciudad. La intención del bloque es reunirse con el gobernador para “arrojar luz sobre esto” y contribuir al “cumplimiento de la norma”, asegurando que no se les pida “que hagamos algo inconstitucional”.
Concejal Cordido: Las “Imprecisiones” Técnicas y Legales
El Concejal Cordido, como integrante de la comisión de Legislación e Interpretación, aportó la perspectiva técnica y legal a las preocupaciones del bloque. Confirmó el trabajo realizado en la comisión y la existencia de actas que documentan las distintas solicitudes y cuestionamientos planteados, invitando a la prensa y al público a consultarlas.
Cordido reveló que, en reuniones con el secretario García, se solicitaron los decretos de adjudicación de las viviendas que se pretenden escriturar. A pesar de la afirmación del funcionario de haber enviado todo, el expediente carece de esta documentación esencial. Otra preocupación significativa planteada por Cordido es la posible inclusión de espacios públicos como plazas, calles o caminos en la donación de tierras. La Ley General de Expropiaciones de San Luis considera bienes de utilidad pública a los inmuebles destinados a ejidos de ciudades, caminos, calles y plazas, entre otros. La cesión de estos bienes requeriría una desafectación previa, algo que no ha sido precisado en el proyecto, generando incertidumbre sobre su legalidad.
La postura del Concejal Cordido también se centra en la interpretación de la Ordenanza 753/2016. Abogó por una reunión con el gobernador para comprender cómo se podría “trasladar una situación que es muy sensible […] a otra jurisdicción, es decir, violando la carta orgánica, violando las normas”. Reiteró la necesidad de este encuentro, convencido de que al gobernador “le han hecho decir algo incorrecto” y “le han pasado una información errónea”.
El Fondo de la Cuestión: Diálogo, Consenso y Respeto Institucional
Las declaraciones de los concejales Divizia y Cordido demuestran que la preocupación del bloque justicialista no es la política de titulación de viviendas en sí misma, sino la manera en que se pretende implementar. Su intención de solicitar una audiencia con el gobernador, de explicar su posición y de “arrojar luz” sobre las complejidades del proyecto subraya su voluntad de diálogo y colaboración para encontrar una solución legal y efectiva.
Los concejales buscan asegurar que cualquier avance en la política de vivienda se enmarque en el respeto a las normativas existentes y a la autonomía municipal. La Constitución Provincial exige el voto de dos tercios de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante para la autorización de la disposición de bienes municipales, como la enajenación de inmuebles. La necesidad de este margen amplio para la aprobación de una donación en el recinto refuerza la importancia del diálogo político que los concejales están solicitando.
En resumen, la postura del bloque justicialista es la de guardianes de la institucionalidad y la transparencia. Buscan que la titulación de viviendas se realice de forma correcta, legal y duradera, protegiendo los derechos de los ciudadanos y la autonomía del municipio, a través del consenso y el cumplimiento normativo, no de la imposición. Su llamado al diálogo es un paso crucial para superar las “imprecisiones” y las “erróneas” informaciones, construyendo una política pública sólida para el beneficio de San Luis.
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Desde SDN analizamos las normativas vigentes, tanto nacional, como provincial y local y llegamos a la conclusión:
La escrituración de viviendas, como política pública, es intrínsecamente valiosa y socialmente necesaria, buscando consolidar derechos de propiedad para los ciudadanos. Sin embargo, su implementación efectiva y duradera requiere un estricto apego al marco legal y constitucional. El análisis de las normativas vigentes revela una potencial colisión entre la celeridad deseada para la ejecución del proyecto y los principios fundamentales del derecho público y la autonomía municipal.
A nivel local, la Ordenanza G N° 753/2016 no solo establece una política habitacional específica, sino que impone obligaciones procedimentales al municipio, que no pueden ser soslayadas sin incurrir en una posible inconstitucionalidad. La Constitución de la Provincia de San Luis es clara al reconocer la autonomía política, administrativa y financiera de los municipios, lo que implica que las decisiones sobre sus bienes y políticas deben respetar sus propios marcos normativos. De manera crucial, la disposición de bienes inmuebles municipales, como una donación de tierras, exige la aprobación por las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo Deliberante. Este requisito de mayoría calificada subraya la necesidad de un consenso político amplio y una profunda legitimidad para actos de tal trascendencia patrimonial.
Además, la Ley General de Expropiaciones provincial categoriza a bienes como calles, plazas y caminos como de utilidad pública, lo que implicaría procesos específicos de desafectación si se pretendiera incluirlos en una donación. Ignorar estas consideraciones no solo generaría un vacío documental, como la falta de decretos de adjudicación, sino que sentaría un precedente de inseguridad jurídica que podría viciar la totalidad del proceso y los títulos resultantes.
En definitiva, aunque la voluntad política de resolver la problemática habitacional sea encomiable, la forma en que se aborda el proyecto debe alinearse con el rigor institucional y la legalidad establecida. Desatender las normativas locales y provinciales comprometería la validez de las escrituraciones, exponiendo a los beneficiarios y a la propia administración a futuras impugnaciones. Un enfoque dialogado y respetuoso de los procedimientos jurídicos es indispensable para garantizar que esta política pública, de tan noble fin, se realice de manera sólida, transparente e incuestionable en el tiempo.
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Informa Diego Apa.
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