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Política

Cuál es la complicada situación judicial de Florencia Kirchner

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La situación judicial de Florencia Kirchner volvió a quedar en el centro de la escena luego de que su madre revelara que se encuentra internada en Cuba con “severos problemas de salud”. Tal como adelantó Clarín este miércoles, la ex presidenta viajó en la madrugada del jueves hacia ese país para acompañarla, y cuando ya se encontraba en vuelo, subió un video a redes sociales en el que culpa a la Justicia por el estado de su hija.

Si bien Cristina no especificó cuál es la enfermedad, dijo que su hija no podía estar “ni parada ni sentada” por mucho tiempo. Y su operador político Eduardo Valdés, por radio, contó: “No la vi bien a Cristina y se lo dije: es la primera vez que la veo golpeada. La vi muy dolorida cuando me contó que viajaba a Cuba. Y después se lo escribí en un mensaje que le envié. Sabía que estaba mal Florencia pero no sabía que era tan grave”. De todos modos, Valdés tampoco dio detalles específicos.

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¿Cuál es la situación judicial de Florencia, a la que Cristina apuntó? La hija de los Kirchner debería ir a juicio oral junto a su madre y su hermano Máximo en dos causas donde fueron procesados por lavado de dinero por los negocios de sus dos compañías con empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López. Heredera de las acciones de las firmas de sus padres, Florencia además fue gerente de Los Sauces SA y una de los dos empleadas de esa inmobiliaria. Su patrimonio fue investigado en la causa Hotesur SA y le secuestraron cerca de cinco millones de dólares que tenía en cajas de seguridad.

Por los embargos a bienes y cuentas, los problemas con la Justicia la dejaron cerca del desalojo de su departamento y acumuló deudas al tener sus ingresos cautelados. 

Los Sauces, la inmobiliaria 

Los Sauces SA fue una de las primeras empresas constituidas por Néstor y Cristina Kirchner. La Justicia determinó que no se trató de una compañía con fines comerciales, sino una “pantalla” para blanquear fondos.. Máximo Kirchner, director y dueño del 32,5% de las acciones de la inmobiliaria, quedó señalado en dicho expediente por el juez Claudio Bonadio como responsable de realizar muchas de las operaciones “sin documental correspondiente” y junto a sus padres, crear la compañía para “canalizar dinero ilegítimo”.

En este entramado societario, el juez consideró que Florencia Kirchner (con el 22,5% de las acciones) cumplió un “rol preponderante” tras el fallecimiento de su padre, cuando ingresó a la firma, con “poder decisión” en la empresa. Sin embargo, Bonadio consignó que “no se sabe cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, ni por qué cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad“. En 17 meses ganó más de un millón de pesos como gerente.

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El magistrado, a quien Cristina identifica como su principal enemigo judicial, sostuvo que todo “fue pergeñado por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner” y que, junto a Florencia después de 2010, se convirtieron en “jefes de una banda” que “impartían las directivas de la organización delictiva”, para percibir dinero “ilegítimo a fin de darle apariencia lícita” y que la “devolución o retorno” se realizaban según el extenso fallo, mediante “contratos de alquiler” con Báez y López (junto a su socio Fabián De Sousa), que representaron el 86% de la facturación: garantizaron a los Kirchner más de $ 25 millones entre 2009 y 2015.

La Justicia consideró que Los Sauces, creada en 2006, nunca tuvo la intención de funcionar comercialmente, sino dedicarse “al cobro de retornos”. “No tenía sede social ni empleados, sólo Ramón Ángel Díaz Díaz, jardinero de la casa de la ex Presidenta”, y Florencia Kirchner, que figuraba como gerente de la empresa y en la nómina de empleados.

En reiteradas oportunidades, en el marco de esta causa se intimó a la hija de la ex Presidenta a que pague las deudas acumuladas en concepto de expensas. El departamento del barrio de Monserrat donde ella reside, es propiedad de Los Sauces SA y hace más de dos años la empresa se encuentra intervenida por la Justicia: los Kirchner perdieron el control absoluto de la firma. 

El problema es que bajo la intervención, Florencia dejó de percibir su sueldo como gerente de la inmobiliaria algo que su abogado, Carlos Beraldi, reclamó en reiteradas oportunidades ante la Justicia. 

En dicho expediente, la hija de la senadora cuenta con un embargo de $ 100 millones. La causa ya fue elevada a juicio oral, a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5).

Hotesur, el hotel

Esta causa representó otro problema para los hijos de la ex Mandataria. La firma dueña del hotel Alto Calafate fue objeto de otra investigación. En este caso, el juez Julián Ercolini encontró a los Kirchner responsables de actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda, junto a Lázaro Báez, al detenido contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice y Romina Mercado -hija de Alicia Kirchner- y otros 17 imputados.

También estableció embargos por 800 millones de pesos para cada uno. Así, Florencia ya suma $ 900 millones en dos causas en embargos.

La hipótesis que se investigó es que los ex Presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba -según señaló el magistrado- poder declarar esos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito. Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.

En esta causa, el juez Ercolini intervino el manejo de todos los hoteles de los Kirchner que desde 2016 están a nombre de Florencia y Máximo después que la ex Presidenta, les cediera todos sus bienes. La hija de la senadora es dueña del hotel en un 50% de las acciones. Como tal, la Justicia la encontró responsable de ser directora suplente junto a Máximo en la empresa y de estar al tanto de “la toma de decisiones de Hotesur SA”.

La herencia intervenida

En paralelo, Máximo y Florencia Kirchner cuentan con 26 inmuebles producto de la sucesión realizada tras el fallecimiento del ex Presidente Néstor Kirchner. Esas propiedades estaban nucleadas en Los Sauces SA, pero cuando finalizó el trámite sucesorio se constituyó un Condominio bajo el nombre de los hijos de los Kirchner.

Ese condominio tiene como fin la administración y explotación de dichas propiedades, algunas colocadas en alquiler. Incluso, se encuentra en el listado el hotel Las Dunas, investigado por lavado de dinero. La Justicia intervino este condominio que además, contaba con deudas que fueron denunciadas ante la AFIP y la Justicia. 

Así, la defensa de la ex Presidenta advirtió en varios escritos que Máximo y Florencia ya no cuentan con poder de administración de los fondos de sus empresas ni de los inmuebles puestos en alquiler. 

EP

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Política

San Luis: Increíble aumento de asignaciones familiares y de sueldo de 100%

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En anuncios realizados por el gobernador de la provincia de San Luis, informó además del paso a planta permanente de empleados contratados.

Ayer realicé una conferencia de prensa en la que traté temas sociales de importancia. Anuncié un aumento del 40 % a los empleados de la administración pública. Esto supone un esfuerzo enorme de parte de todo San Luis. Siento una enorme alegría de saber que el bolsillo del puntano pudo, puede y podrá seguir luchando contra esta crisis nacional. #SanLuisNosUne

Ayer también hice referencia a la situación actual del transporte interurbano. Tras la decisión del Gobierno Nacional de quitar los subsidios, la provincia intervino y el servicio está normalizado. El objetivo es que todos los pueblos estén comunicados, que el transporte sea el mejor, que los trabajadores estén muy bien con sus derechos sociales, que las empresas hagan dinero, que los usuarios reciban el mejor beneficio y que la Provincia no subsidie, sino que haga las inversiones necesarias. #SanLuisNosUne

 

 

Fuente Fan Page oficial Alberto Rodríguez Saa

 

 

 

 

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La Iglesia advirtió por la “pobreza creciente” y pidió “austeridad” en la campaña electoral

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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) pidió este jueves a los candidatos que se presenten en las elecciones de este año “campañas austeras, con gastos transparentes” y “propuestas concretas” en sus plataformas, ante la “pobreza creciente” y el “dramático pedido de trabajo” de los ciudadanos. 

Así lo afirmó el centenar de obispos de todo el país reunido esta semana en asamblea plenaria en Pilar, en un documento titulado “Con esperanza, educación y trabajo, artesanos de una nueva Argentina”.

Pedimos a los candidatos que presenten propuestas concretas a los ciudadanos en sus plataformas electorales; y a la vez, que las campañas sean austeras, con gastos transparentes”, señala el mensaje de una carilla firmado por la CEA, que preside monseñor Oscar Ojea.

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El texto comienza con una cita del obispo mártir riojano Enrique Angelelli -asesinado durante la última dictadura, que será beatificado en abril-: “Votar es hacer y construir nuestra propia historia argentina y provincial. Es poner el hombro para que como pueblo no se nos considere solamente en las urnas, sino el gran protagonista y actor en la reconstrucción de la Patria”.

En ese marco, los obispos señalaron que el pueblo necesita de dirigentes políticos que “ayuden a mirar más allá de la coyuntura, y que nos propongan caminos auténticos de amistad social”.

En una realidad que nos golpea y nos duele por su pobreza creciente, no queremos perder la esperanza de salir adelante, asumiendo el desafío de pasar de la cultura de la voracidad y el descarte, a la cultura del cuidado de toda vida y de nuestra Casa común, de la fraternidad y de la hospitalidad”, añadieron.

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Asimismo, hicieron referencia a que, con su trabajo en todo el país, escuchan el “dramático pedido de trabajo”, cuestión que “junto a la educación, constituyen los ejes más importantes de la cuestión social”.

“Estamos convencidos de que debe superarse para siempre la lógica de la dádiva, de la especulación financiera, y del enriquecimiento a costa de los otros”, advirtió la CEA.

Con información de Télam

JPE​

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Comienza el juicio contra Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado de Julio De Vido

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El cuñado del detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli, enfrenta desde este jueves su primer juicio oral en la causa conocida como “mafia de los contenedores”, en la que está preso y procesado por integrar una banda que supuestamente liberaba el ingreso de contenedores con mercadería de contrabando.

El cuñado de Julio De Vido, será juzgado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2, integrado por los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, César Lemos y Luis Losada. El fiscal ante el TOPE 2 es Marcelo Agüero Vera, mientras que la única querella es la Dirección General de Aduanas. 

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Minnicelli que estuvo prófugo de la Justicia durante nueve meses, y será juzgado junto a otros procesados en un debate que tendrá se inicia este jueves y en el que declararán más de 160 testigos durante unos seis meses.

El hermano de la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, está preso en esta causa y pidió al Tribunal que se le conceda la prisión domiciliaria previo al inicio al juicio, ya que, argumentó, debe cuidar a dos hijas adoptivas de 18 y 20 años. Esto le fue denegado por el TOPE 2.

Claudio “Mono” Minnicelli se encuentra procesado por los delitos de “contrabando agravado” y “asociación ilícita” junto a otros 11 acusados por delitos que prevén hasta diez años de cárcel.

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En la causa que estuvo a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky se investigaron maniobras para simular importaciones, ingresar al país productos distintos a los declarados y liberar mediante la adulteración de documentos contenedores retenidos en la Aduana.

La causa investigó el retiro en 2016 de seis entre 300 contenedores que había inmovilizado el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, por sospechas de contrabando.

El juez lo encontró partícipe de las operaciones bajo investigación y consignó que Minnicelli tuvo un “rol principal” en la banda que cometió los ilícitos y que “habría tenido intervención desde el principio en la operación”.

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Así, la justicia confirmó que todos los involucrados en la causa -entre ellos el cuñado de De Vido-, actuaron de forma “coordinada para cometer delitos indeterminados” que se tradujeron en el ingreso “a plaza, burlando el control aduanero mediante la presentación de documentación falsa, mercaderías importadas que se encontraban acondicionadas en seis contenedores”.

Al respecto, en la causa se consignó que se “habrían presentado una serie de notas mediante las que rectificaban la información consignada en los documentos que amparaban los efectos, incorporando datos falsos en reemplazo de esa información original y adulterando los conocimientos de embarque correspondientes a esas operaciones de comercio exterior”.

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Política

Una voz en el teléfono: los audios de D’Alessio a una diputada y el pedido para que Stornelli declare en el Congreso

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El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, reveló audios que el falso abogado Marcelo D’Alessio le envió a un contacto agendado con el nombre de una legisladora del oficialismo después del primer allanamiento en su lujosa vivienda del country Saint Thomas, de Canning. Fue durante la exposición de este miércoles ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de diputados, donde sólo hubo dirigentes opositores.

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Ramos Padilla dejó en claro en su exposición de más de cuatro horas que la causa que investiga en su juzgado de Dolores no se reduce a una simple extorsión: apuntó a una “red de espionaje político-judicial ilegal de magnitudes”, que podría perjudicar las relaciones de la Argentina con los Estados Unidos, Venezuela, Israel y Uruguay.

Ahora, será clave saber qué ocurrirá con el fiscal federal Carlos Stornelli, a quien el juez le imputa al menos siete hechos – presunta realización de cámaras ocultas ilegales, extorsiones y espionaje, entre otras – y que la semana pasada se ausentó en la indagatoria, lo recusó y pidió la nulidad de la causa, lo que también fue rechazado esta semana por Ramos Padilla.

El juez Ramos Padilla mostró documentos hallados en la vivienda de D’Alessio.

¿STORNELLI Y PRADO AL CONGRESO?

La oposición reclamó el mes pasado al presidente de la Cámara de diputados, Emilio Monzó, y a la jefa del Senado, Gabriela Michetti, que designen autoridades de la comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Desde esa comisión, confiaron ayer fuentes parlamentarias a BigBang, querían convocar primero al procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal – jefe directo  de Stornelli – y luego al propio Stornelli para que brinde explicaciones sobre la denuncia.

En paralelo, el kirchnerismo quiere que el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, sea convocado por la comisión de Relaciones Exteriores de Diputados para brindar información que “podría aportar a la clarificación de los hechos que son investigados”. Se basan en declaraciones Prado al comenzar su misión en el país, cuando aseguró que trabajaría para “mejorar la confianza en la Justicia”.

La oposición quiere citar a Stornelli al Congreso.

Ayer en su exposición Ramos Padilla dio un dato fundamental: aseguró que la Cancillería todavía no respondió a su pedido realizado hace más de un mes para que informe si D’Alessio formaba parte o no de la DEA, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) u alguna otra agencia de seguridad de los Estados Unidos. La Embajada tampoco aportó información, a pesar de la enorme cantidad de material hallado en la casa del falso abogado, entre los que se encuentran documentos de inteligencia, armas que no existen en la Argentina, y elementos para realizar cámaras ocultas.

UNA VOZ EN EL TELÉFONO

Con el teléfono apoyado sobre el micrófono de sala C del anexo de la Cámara, Ramos Padilla le hizo escuchar a legisladores opositores, jueces, abogados y ex funcionarios presentes una serie de audios donde el protagonista es el propio D’Alessio. El falso abogado es uno de los tres detenidos en la causa por asociación ilícita.

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En el primero, se escucha una discusión entre Ramos Padilla y D’Alessio el día del primer allanamiento a su vivienda en Saint Thomas. Esa tarde, según el juez, D’Alessio lo confundió con otro magistrado, Federico Villena, de Lomas de Zamora, y comenzó a mencionar que debía hablar con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, o el mismísimo presidente Mauricio Macri.

¿Usted puede ver algo de terrorismo, señor Villena? ¿Usted puede ver algo vinculado a terrorismo de Hezbollah, que es dodne yo trabajo y usted me ve en televisión que trabajo de eso? ¿Usted puede verlo, se lo puede quedar en su juzgado, usted tiene la cadena de custodia para vincular eso, porque es mi vida, me entiende?”

De todos modos, el momento más fuerte fue cuando en la etapa de preguntas Ramos Padilla reveló el contenido de dos audios que D’Alessio le enviaba a un contacto agendado como Paula Oliveto, la diputada de la Coalición Cívica más cercana a Elisa Carrió.

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BigBang supo que esos audios fueron encontrados en el iPhone 8 de D’Alessio. Según el magistrado, fueron enviados horas después del primer allanamiento a la vivienda de D’Alessio: el teléfono se secuestró días después. Allí, el falso abogado le dice al contacto agendado con el nombre de la legisladora:

Mirá, Pau: el que armó esto es un AFI línea Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esto de la interna de la interna, cómo se vincula un tipo de Angelici con un operador de CFK, de esto yo no entiendo nada, pero sé quién es”

En otro mensaje, también de audio, dice:

Bueno, Pau: entiendo si no me querés atender por WhatsApp o nada. Hice lo que te dije que iba a hacer, me la jugué y bueno, me traje una hora y media de toda la información. Ya sé cómo se planificó la cama, todo. Manipularon todo, audios, videos. Quieren imputar a todos pero ya sé quién fue”

El juez aclaró que el hecho de que D’Alessio hubiera enviado esos audios no implica que la receptora sea Oliveto. Días antes, la legisladora denunció que Ramos Padilla había formado parte de una operación política que tenía el objetivo de que le quiten la llamada “causa de los cuadernos” al fiscal Stornelli.

De todos modos, el juez de Dolores relató que hubo diputados que fueron “usuarios” de la asociación ilícita que se dedicaba a extorsionar y espiar de manera ilegal a empresarios, abogados, periodistas y políticos; y que hubo otros legisladores y funcionarios que potencialmente serían víctimas.

“Estamos frente a una organización paraestatal que llevaba a cabo operaciones de acción psicológica”, lanzó Ramos Padilla. El juez cree que el rol de Stornelli no es protagónico, aunque sí que se trata de un eslabón importante en el expediente. Inclusive, en su investigación formarían parte otros empresarios, jueces, fiscales y periodistas. El viernes, el magistrado abrirá de manera manual a nuevos elementos, entre ellos el iPhone 10 de D’Alessio. Sin embargo, un dato clave: los teléfonos aportan pruebas de los últimos 4 meses.

RECLAMO A GARAVANO Y LA CORTE

El juez insistió durante varias ocasiones en la falta de elementos técnicos para continuar la investigación. Relató que el Servicio Penitenciario Federal no trasladó a D’Alessio a su juzgado el viernes pasado por no contar con móviles y describió que requiere de elementos técnicos – computadoras, por ejemplo – para avanzar, así como expertos en informática para poder acceder a teléfonos, tablets y notebooks que podrían aportar pruebas fundamentales.

Ramos Padilla le pidió recursos a la Corte y a Garavano para poder investigar.

En este sentido, le exigió a Germán Garavano – el Ministerio de Justicia es responsable del Servicio Penitenciario Federal – y a la Corte – responsable de la caja para asignar recursos – que arbitren los medios necesarios para continuar la investigación. Pero además, pidió por su seguridad: dijo que en las redes sociales se publican cuáles son los momentos en los que no cuenta con custodia policial.

Además, rechazó las críticas de quienes lo tildaron como un “juez K”, y dijo que la única marcha a la que suele ir es a la del Día de la Memoria, cada 24 de marzo. Ese fue uno de los motivos que provocó aplausos de los diputados del kirchnerismo:

No tiene nada de malo, es lo correcto. Lo que no es correcto – dijo con cierta euforia – es que los jueces tengan relación con la Embajada de Estados Unidos o de Israel. Para eso está el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es función de los jueces”

Parecía un mensaje a buena parte de la familia judicial, en especial a Comodoro Py: unas horas antes, la Embajada de Estados Unidos reunió a funcionarios judiciales y políticos en un encuentro para combatir “el crimen transnacional y el terrorismo”.

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Salarios docentes: el CGE escuchó la contrapropuesta de los gremios

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Los representantes de Agmer, AMET y Sadop plantearon el Gobierno una contrapropuesta para mejorar los salarios de los docentes entrerrianos. Uno de los puntos salientes fue el pedido de una “cláusula gatillo” mensual, conforme avance el proceso inflacionario.

El tercer encuentro paritario se dio en la Secretaría de Trabajo. Marta Irazábal de Landó, titular del Consejo General de Educación –CGE-, escuchó la propuesta y se comprometió a trasladarla al Ejecutivo provincial. Por ello, pasaron a un cuarto intermedio.

Los docentes plantearon que el 20% ofrecido por el Gobierno sea contemplado en un 11% como recomposición por lo perdido en 2018 y el resto para este año. Además, hicieron hincapié en revisar en julio los índices inflacionarios del primer semestre.

“Nosotros desde el CGE vamos a trasladar estas nuevas demandas al Ejecutivo para dar respuesta en una nueva reunión que ha sido pautada para el martes 19, a las 10:30 en la Secretaría de Trabajo“, afirmó Landó, en declaraciones a los medios.

En relación a este punto, la funcionaria provincial destacó que la negociación se da mientras los chicos siguen en las aulas y remarcó: “Desde el gobierno queremos hacer una propuesta integral para que sea aceptada definitivamente por todos los docentes”.

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