Con los votos de los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte Suprema de la Nación dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que había confirmado la prohibición de participar en reuniones multitudinarias, a un grupo de dirigentes sindicales y afiliados del gremio municipal de San Pedro de Jujuy.

Según detalla el comunicado de la Corte, tras la reunión de acuerdos de este martes, “en virtud de episodios ocurridos durante una movilización efectuada el 12 de febrero de 2014, se inició la causa penal contra Roberto Urzagasti, Justo Pastor Leguizamón, Pilar Magdalena Ruiz y Ariel Marcelo Gutiérrez en la que se los acusó de la comisión de los delitos de amenazas agravadas, daños agravados y turbación al ejercicio de la función pública, por la que habían quedado detenidos”.

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Y sigue: “El Juzgado de Control de San Pedro decidió el cese de la detención de los imputados pero dispuso como condición para permanecer en libertad que no debían participar de reuniones multitudinarias en el ámbito de la ciudad de San Pedro de Jujuy”.

Luego, “invocando su condición de delegados, afiliados y miembros de la comisión directiva del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, los trabajadores cuestionaron dicha restricción por constituir una medida encubierta dirigida a apartarlos de las actividades que diariamente realizaban como integrantes del sindicato vulnerando los derechos inherentes al ejercicio de la libertad sindical reconocidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Alegaron que la medida era injustificada, por no ser necesaria para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso penal, y por tanto ilegal e irrazonable”.

Pero la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de los imputados. Y lo mismo hizo la Corte provincial, afirmando que la restricción impuesta era “razonable”.

Así, el reclamo llegó hasta la Corte de la Nación que, con los votos de Lorenzetti, Rosatti y Maqueda, descalificó la decisión del Superior Tribunal de Jujuy “por apoyarse en una afirmación meramente dogmática y no dar una respuesta adecuada al planteo de los dirigentes sindicales y afiliados basado en que esa prohibición, de participar en reuniones con los trabajadores, no se compadecía con las disposiciones constitucionales que garantizan la libertad sindical y el normal desarrollo de la gestión gremial”.

La Corte señaló que el caso involucraba “una restricción desproporcionada de derechos de raigambre constitucional –con aristas individuales y colectivas– sin fundamento alguno y excediendo el propósito de resguardar el proceso criminal”. Destacó que “la Justicia jujeña había omitido todo análisis del art. 14 bis de la Constitución Nacional que consagra el derecho de toda persona a crear o participar en una organización sindical libre y democrática” y establece que “los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical. (art. 14 bis, primer y segundo párrafo)”. Y agregó que “de acuerdo a estas disposiciones el modelo sindical argentino es libre, democrático y desburocratizado, lo que impone asegurar el caracter representativo, participativo, pluralista y tolerante del régimen sindical”.

El Tribunal destacó que “son requisitos sine qua non de la libertad sindical el derecho de reunión, de opinión y de expresión”, y enfatizó que “estas libertades son esenciales del estado constitucional vigente en la República conforme su propia jurisprudencia”. También recordó que en el mismo sentido se ha expresado la Organización Internacional del Trabajo.

En disidencia, los jueces Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco (presidente y vice del cuerpo) desestimaron el recurso de los imputados por aplicación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es el que le permite rechazar el recurso extraordinario, “por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

Acuerdo de precios en decenas de productos de la canasta básica, créditos y descuentos para beneficiarios de la ANSeS, una atenuación de las subas de los servicios públicos y beneficios para las pymes. A ese paquete de medidas, anticipado por Clarín, este domingo, el presidente Mauricio Macri le sumará este miércoles el anuncio de un proyecto que utilizará para intentar apagar reclamos de opositores y, también, de las propias filas oficialistas: se trata de la reforma de la ley 22.802 de Lealtad Comercial, una norma vigente desde la dictadura, con la que se propone “proteger a las pymes” y regular la competencia desleal en el comercio. 

La iniciativa apunta a desalentar prácticas desleales que afecten la competencia entre empresas. Más allá de que en el Gobierno se encargaron de aclarar que “no es sólo” para ese sector, por su naturaleza la ley tiene como eje central los controles de los supermercados. “Es complementario a las leyes de defensa a la competencia y de defensa del consumidor”, precisaron altas fuentes oficiales. 

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Si bien se trata de un proyecto sobre el que el ministro de Producción, Dante Sica, venía trabajando desde el año pasado; a partir de las medidas que Macri consensuó con la UCR y los gobernadores de Cambiemos, el Gobierno se decidió a darle impulso ahora. Incluso, sobrevoló la idea de que fuera por decreto, como gesto de autoridad del mandatario. A esta hora, la chance concreta es que sea enviado al Congreso, tras el anuncio presidencial. 

La iniciativa terminó de pulirse en las últimas horas, contrarreloj y bajo un extremo hermetismo. “Había que actualizar una norma que está vigente de la dictadura. El objetivo no es castigar a nadie, sino garantizar la competencia honesta“, dijeron en la Casa Rosada. 

Entre los ejes, se propone actualizar los mecanismos y los procedimientos de sanción. Y regular la identificación de mercaderías, entre otras cuestiones. 

La propuesta sancionará el incumplimiento de normas y la explotación de la situación de dependencia económica de proveedores y la fijación de precios por debajo del costo de producción, el denominado “dumping”, y la publicidad comparativa engañosa. 

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La Autoridad de Aplicación continuará siendo la Secretaría de Comercio Interior, aunque se le ampliarán sus facultades y su poder de acción. 

En contrapartida, en el Gobierno rechazan el proyecto de Ley de Góndolas que había presentado Elisa Carrió, como herramienta de presión a los supermercados; y otro similar que, como publicó Clarín, tiene preparado la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para impulsar a nivel provincial. Advierten que con esta nueva ley y cambios en materia de Defensa del Consumidor, el objetivo que se proponen estará cumplido. 

EP

Entre las resoluciones adoptadas este lunes por la Cámara Federal en la causa de los cuadernos de las coimas, el tribunal alivió la situación del ex jefe de Gabinete Abal Medina. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que no hay pruebas de que el ex funcionario haya participado de la asociación ilícita animada entre 2003 y 2015 para recolectar fondos ilegales entre los contratistas del Estado, sino que debe responder como supuesto partícipe de dieciocho sobornos ocurridos durante tres meses previos a las elecciones legislativas de 2013.

El ex funcionario y su secretario, Martín Larraburu, aparecen en las anotaciones del chofer Centeno como receptores de bolsos con dinero cuyo destino supuestamente era financiar la campaña del oficialismo. Esa desviación llevó al juez Bonadio a enviar a sorteo la investigación sobre el uso de esa porción de fondos originados en las coimas -cuya recolección es el motivo central de su pesquisa-, que recayó en su colega Sergio Torres. Este lunes, Torres decidió derivar ese expediente a la justicia electoral nacional, que desde hace décadas encarna la jueza María Servini.

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Pero volvamos a los cuadernos. El 27 de noviembre pasado, Bonadío procesó a Juan Manuel Abal Medina y Hugo Martín Larraburu como miembros de una asociación ilícita, en concurso real con los delitos de admisión de dádivas -en 10 hechos- y cohecho pasivo, en calidad de partícipes necesarios.

Este lunes, la Cámara confirmó parcialmente el procesamiento de ambos pero alivió su situación al modificar su calificación legal por la de partícipes secundarios de cohecho pasivo en dieciocho hehcos. Y lo más importante: les dictó la falta de mérito respecto a su participación en la asociación ilícita.

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Respecto a la recepción del dinero que provenía de las coimas, los jueces Bruglia y Bertuzzi recuerdan que “tanto los propios imputados como otros consortes de causa han reconocido la veracidad de los eventos”, aunque “negaron haber integrado un colectivo criminal o haber intervenido en actos de corrupción, y alegaron que las recepciones de dinero no tenían otro destino más que la recaudación de fondos para la campaña electoral del año 2013.”

“Ahora bien, no ha sido motivo de debate el camino que finalmente recorrió el dinero obtenido”, razonan los camaristas. “De hecho, bien pudo ser posible que parte de esos fondos fueran a solventar gastos proselitistas, además de engrosar el patrimonio de algunos funcionarios Sin embargo, no es dónde culminó su tránsito, sino dónde comenzó, el punto que interesa a la reconstrucción histórica que ocupa este expediente. Y ese inicio se registra, una vez más (según dictan las anotaciones de Centeno y fuera luego corroborado por otras pruebas), en las oficinas y estacionamientos de las empresas citadas”.

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La justicia dio por probada la participación personal de Larraburu y Abal Medina en la recepción de bolsos con dinero por parte de Baratta y aún de algunos empresarios en las respectivas sedes de sus firmas en varias ocasiones, y reiteran que “en ningún momento los imputados negaron haber recibido ese dinero. Por el contrario, expresamente lo reconocieron. No obstante, adujeron un origen muy distinto. Abal Medina recordó que a mediados del año 2013 lo contactó Baratta a fin de coordinar la recepción de algunos fondos que se recaudarían a partir de aportes voluntarios. Sin embargo, no es posible admitir que los imputados confiasen en que aquella fuera la genuina causa de las entregas de dinero.”

Esta certeza respecto a la participación de Abal Medina y Larraburu en los sobornos se contrapone con la evaluación de los camaristas en cuanto a su rol en la asociación ilícita. “La actuación de los encartados se engarza, es cierto, en el funcionamiento de ese colectivo criminal. Sin embargo, su intervención se circunscribe a un acotado lapso de tiempo -3 meses-, que resulta exiguo frente al rango temporal escrutado en el sumario -12 años-. Y aparece orientada, no ya a recabar el dinero d los empresarios, sino a recolectar las sumas entregadas por ellos a un referente del Ministerio de Planificación Federal-. Ello, al parecer,con el propósito de aplicarlo luego con fines electorales.”

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“Es por ello”, razonan los magistrados “que es dable entender que la responsabilidad de los nombrados se agota en cada uno de los hechos independientes a los que se encuentran vinculados, los cuales encuadran en el delito de cohecho pasivo, con el grado de participación que corresponde a sus intervenciones, quedando excluidos del esquema asociativo cuya conformación y despliegue supera los límites impuestos por esa ceñida colaboración.”

Según la justicia, “Abal Medina carecía de competencias funcionales vinculadas con las contrataciones que interesaban a las empresas. De modo tal que tanto este último como su subordinado Larraburu quedan excluidos como posibles autores del delito.” Como se considera que su intervención se habría producido con posterioridad al perfeccionamiento de los distintos cohechos. “el grado de participación que corresponde atribuirles es el de cómplices del delito.”

El cuñado del detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli, sufrió un infarto en la cárcel de Ezeiza donde e encuentra detenido y debió ser trasladado a un hospital. 

Minnicelli tuvo un “infarto agudo del miocardio” el pasado domingo y fue trasladado al hospital Vicente López y Planes de General Rodriguez, donde seguirá internado hasta que puedan compensar su estado de salud.

El hermano de la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, pidió al Tribunal que lo juzga en la causa conocida como la  “mafia de los contenedores” que se le conceda la prisión domiciliaria, previo al inicio al juicio el 14 de marzo de este año. El argumento para pedir el beneficio fue el cuidado de dos hijas adoptivas de 18 y 20 años, pero le fue denegado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2.

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El rechazo al pedido de prisión domiciliaria realizado por los abogados defensores fue ratificado luego por la Cámara Federal de Casación Penal quienes no advirtieron en la presentación “excepción alguna que amerite” dicho beneficio.

Desde su entorno sostienen que Minnicelli es un paciente coronario, que tuvo operaciones anteriores con la colocación de stents. 

Ahora, no descartan que Minnicelli vuelva a realizar una solicitud de prisión domiciliaria ante el Tribunal que lo juzga, debido a su reciente estado de salud delicado producto del infarto.

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El cuñado de De Vido es juzgado por los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, César Lemos y Luis Losada. El fiscal ante el TOPE 2 es Marcelo Agüero Vera y la querella está a cargo de la Dirección General de Aduanas.

Minnicelli fue detenido el 6 de agosto de 2017 en la localidad de Chapadmalal, en cercanías de la ciudad de Mar del Plata, tras permanecer nueve meses prófugo en la causa instruida por el juez Marcelo Aguinsky en torno a la denominada “mafia de los contenedores”, una asociación ilícita dedicada a falsificar los datos de mercadería importada ingresada al país a través del puerto de Buenos Aires.

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La ex abogada del valijero Leonardo Fariña, Giselle Robles, denunció ante el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que “dos funcionarios de la AFI” instruyeron al arrepentido para que lograra la excarcelación a cambio de declaraciones guionadas.

La denuncia fue presentada en el marco de la causa en la que se investiga una supuesta red de espionaje y extorsión paraestatal, en la que están involucrados el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, entre otros.

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La abogada declaró en la causa el lunes porque en los audios revelados por el empresario Pedro Etchebest, quien denunció a D’Alessio, se puede escuchar al falso abogado diciendo que logró que Fariña “mintiera en el juicio”. 

Además, el ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Hugo “Rolo” Barreiro, quien trabajaba consiguiéndole información a D’Alessio para las extorsiones, había dado detalles sobre cómo se le realizó espionaje a Robles cuando renunció a la defensa de Fariña.

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“Yo aporté los nombres (ante el juzgado de Dolores) de las personas que él (Fariña) me decía eran funcionarios de la AFI”, explicó la letrada este martes en diálogo con Radio 10.

Según contó en la entrevista, una de esas personas de la AFI instruía a Fariña sobre qué decir al respecto de la corrupción en la obra pública durante las gestiones kirchneristas para, a cambio, obtener la excarcelación que le concedieron en abril de 2016.

“Él (Fariña) me había había comentado que se encontró en dos oportunidades con esta persona para que le explicara el contenido de dos temas puntuales”, indicó la abogada. “Porque eran temas muy técnicos”, agregó. 

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Los motivos por los que Robles habría sido espiada estarían relacionados con supuesto conocimiento sobre la “instrucción” que recibía Fariña.

“Las amenazas y el seguimiento los tuve una vez que renuncié a la causa“, explicó. “El juez deberá ser quien determine cuál era la finalidad”, añadió.

Robles, además, involucró en el asunto al ministro de Justicia, Germán Garavano. Según sostuvo en la entrevista, estuvo presente en una reunión entre Fariña y el ministro, en las que, se habló de dicha “instrucción”.

“Fue una charla como si se conocieran desde siempre. Fariña le iba planteando cada cosa que le inquietaba y el ministro le iba respondiendo muy amablemente, como si fueran conocidos”. indicó.

“Hay un montón de cosas que deben probarse. Pero las cosas que yo plantee son muy concretas. Tengo forma de probarlas”, aseguró.

JPE