Estados Unidos analiza incorporar guantes capaces de administrar descargas eléctricas al equipamiento de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una iniciativa que despertó cuestionamientos de organizaciones defensoras de los migrantes y los derechos civiles.
El plan de la administración de Donald Trump fue incluido en un aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que contempla una inversión de entre u$s10 millones y u$s20 millones. La eventual contratación se extendería hasta el 31 de marzo de 2027 y podría adjudicarse directamente, sin una licitación competitiva.
Los dispositivos son fabricados por la empresa estadounidense Compliant Technologies, con sede en Kentucky, y reciben el nombre de CTG-5 G.L.O.V.E., sigla en inglés de “emisor de voltaje de baja potencia”.
Aunque todavía no se informó cuántas unidades serían adquiridas, el monto proyectado indicaría que la incorporación alcanzaría a buena parte de los agentes del organismo migratorio.
Cómo funcionan los guantes eléctricos
El equipo puede utilizarse como un guante convencional hasta que el agente activa su función eléctrica mediante un interruptor. Para producir la descarga, los electrodos ubicados en la palma deben entrar en contacto directo con la piel, ya que el dispositivo no funciona a través de la ropa.
De acuerdo con las especificaciones del fabricante, el modelo puede alcanzar un máximo de 380 voltios y busca provocar dolor para conseguir que una persona obedezca una orden. La compañía lo presenta como una herramienta de “distracción y desescalada” y sostiene que puede lograr ese objetivo en pocos segundos.
A diferencia de una pistola Taser, el guante no dispara electrodos a distancia: su uso requiere que el agente se encuentre en contacto físico con la persona. Tampoco dejaría las mismas marcas visibles que otros dispositivos eléctricos.
El manual establece límites para su aplicación. Entre otras advertencias, desaconseja utilizarlo contra niños, adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidades graves. También señala que no debe emplearse como castigo, frente a una resistencia meramente verbal ni con fines de tortura.
Las advertencias
La posible compra generó preocupación por el carácter discreto del dispositivo y la dificultad para registrar cuándo fue activado. Organizaciones civiles alertaron que su incorporación podría facilitar un uso desproporcionado de la fuerza durante detenciones y traslados.
La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) acusó al Gobierno estadounidense de avanzar hacia métodos que permitirían “torturar a la gente discretamente”. Su director, Jorge Torres, reclamó que el ICE deje de intervenir en las comunidades migrantes y volvió a pedir su abolición.
También surgieron objeciones de dirigentes demócratas, especialistas en el uso de la fuerza y antiguos funcionarios del propio organismo. Según señalaron, disponer del dispositivo de manera inmediata podría llevar a los agentes a utilizarlo antes de agotar alternativas menos agresivas.
Los guantes ya fueron empleados por algunas cárceles y departamentos policiales de Estados Unidos. Además, su utilización quedó bajo análisis en causas judiciales por presuntos excesos, entre ellas una demanda presentada en Kentucky por la muerte de un hombre que habría recibido descargas durante un período superior al recomendado.