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El gobierno presiona a Irurzun con la jubilación para que los beneficie en la causa Andis
Irurzun cumple 75 años e integra la Sala II de Comodoro Py. Es el tribunal de alzada que interviene en la causa de las coimas en Discapacidad que preocupa a Karina Milei. 
El Gobierno mantiene en suspenso la continuidad del camarista Martín Irurzun, juez clave en la investigación de las coimas en Discapacidad, al demorar la publicación de su pedido para seguir en el cargo.
El camarista federal Martín Irurzun, integrante de la Sala II de Comodoro Py, cumplió 75 años, la edad límite constitucional para el ejercicio de la magistratura. Si bien el juez inició el trámite formal para solicitar la extensión de permanencia, el Poder Ejecutivo ha frenado la publicación de la solicitud, un paso indispensable para dar curso al proceso.
La Sala II es el tribunal de alzada que interviene en la delicada causa de las coimas en Discapacidad, una investigación que genera particular interés en la Casa Rosada debido a la mención de la hermana del Presidente, Karina Milei. El tribunal es el encargado de validar o revisar las decisiones del juez de primera instancia, Sebastián Casanello, y del fiscal Franco Piccardi.
Fuentes de los tribunales de Retiro confirmaron que la falta de avance en el expediente obedece a una presión directa del Gobierno sobre el magistrado. El proceso requiere el aval del Ejecutivo para publicarse en el Boletín Oficial antes de que la solicitud pase a la Comisión de Acuerdos y, finalmente, al pleno del Senado.
La tensión se agudizó tras una reciente resolución de la Sala II. Irurzun, junto a Roberto Boico, votó a favor de un pedido de la defensa para peritar la veracidad de los audios que describen el presunto esquema de sobornos, en disidencia con el voto del tercer integrante de la Sala, Eduardo Farah.
La demora en el trámite de Irurzun contrasta con la situación de otros magistrados en similar situación. Carlos Alberto Mahiques, de edad comparable al camarista, obtuvo la publicación de su pedido de extensión en el Boletín Oficial el 19 de diciembre, evidenciando un trato diferenciado por parte del Poder Ejecutivo.
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