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El juez que sigue el caso de “El Pepo” se apartó de la causa

El juez Cristian Gasquet, a cargo de la causa que investiga el accidente por el que Rubén “Pepo” Castiñeiras está detenido, se apartó este jueves después de que la defensa de dos de los acompañantes del cantante de cumbia pidiera su recusación. Será la Cámara de Dolores la que resuelva si hace lugar a ese pedido.

“Dijo que fue imparcial y actuó de acuerdo a la ley, decidió excusarse porque las consideraciones (en la recusación) ponen en duda su imparcialidad para el proceso. Para mí, en realidad, tenía pensado darle la domiciliaria y por eso no daba una pericia médica oficial, que es lo que corresponde. Era una vergüenza que lo hiciera con una pericia de parte”, le contó a Clarín Marcelo Biondi, abogado de las familias de Abosaleh y Carabajal, las dos víctimas fatales del accidente.

El juez Cristian Gasquet se apartó de la causa por la que "Pepo" Castiñeiras está detenido

El juez Cristian Gasquet se apartó de la causa por la que “Pepo” Castiñeiras está detenido

La cámara de Dolores debería definir este viernes sobre el apartamiento de Gasquet. “El juez no corresponde que siga, más cuando él mismo considera que está afectada su imparcialidad por todo lo que se expuso en la audiencia”, agregó Biondi.

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El letrado había pedido la recusación del juez por “no permitir que peritos psiquiatras oficiales de la asesoría pericial, con la participación de los médicos de las partes, se expidan sobre la hipotética enfermedad psíquica que aduce la defensa padece Castiñeiras”.

“Sostenemos que el juez asumió la posición de la defensa de Castiñeiras no disponiendo de oficio una pericia oficial para evaluar la psiquis y remitiendo la requerida por el particular damnificado a la causa principal”, afirmó en ese escrito.

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Detuvieron en Mar del Plata a una mujer de 26 años por el asesinato de Karina Fragoso

Una mujer de 26 años fue detenida este sábado en Mar del Plata acusada de haber asesinado de un tiro por la espalda a Karina Fragoso en el barrio Bernardino Rivadavia.

Pese a que las imágenes de las cámaras de seguridad hicieron pensar que fue un hombre el que cometió el crimen, las pericias indicaron que fue una mujer la que disparó por la espalda a Fragoso, en la intersección de México y Castelli.

La imputada, que según fuentes policiales tiene numerosos antecedentes, había sido investigada tiempo atrás por el homicidio del médico cardiólogo Roberto Tortorella, en marzo de 2017.

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La huella en Argentina de los “robaecógrafos”, la banda que asalta clínicas en toda Latinoamérica

Todo marchaba tranquilo en la mañana del sábado 2 de diciembre de 2017 en Concordia, Entre Ríos. Por la tarde, en el corsódromo de la ciudad se disputarían varias carreras de rollers. Algunos vecinos participarían de los 4, 10 y 16 kilómetros. El plan para la noche era en el Centro de Convenciones. Allí, a las 22, se iba a presentar el carnaval oficial “Concordia 2018”. Los amantes del rock nacional también tenían una opción: podrían disfrutar de “Humo”, la banda uruguaya que hace tributo a Los Piojos. La cita era en “Club Lennon”.

Cinco colombianos (tres hombres y dos mujeres) no tenían ni la menor idea de las actividades del día en la ciudad, de casi 150 mil habitantes según el censo de 2010. Llegaron en un automóvil Polo, registrado a nombre de una argentina, a eso de las 8 de la mañana. Y fueron a lo único que les importaba de la ciudad.

La primera parada fue en el consultorio número 9 de la clínica “Centro de ojos Esteves-Esteves”. En cuestión de minutos robaron un paquímetro (un equipo que permite medir el grosor de la córnea) y salieron como si nada. Ninguno de los empleados del centro de salud notó el robo.

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De allí se fueron directamente al segundo destino, el Sanatorio Garat. Ingresaron y se dirigieron al consultorio de diagnóstico por imagen. Se fueron con cinco transductores, como se conoce a la herramienta utilizada para apoyar sobre el cuerpo de un paciente al momento de hacer una ecografía: dos planos, un convex, un endoncavitario y un volumétrico. El valor de los objetos robados en los dos lugares médicos superaba los cien mil dólares. Pero había más.

Esos mismos cinco colombianos, en ese mismo Polo, esa mismo mañana, se presentaron en el consultorio número 2 del Centro Ambulatorio Concordia, propiedad de OSECAC. El botín, siempre a partir de hurtos sin violencia y sin que nadie notara el delito, fue de cuatro transductores de un ecógrafo. Fue el tercer robo de la mañana. Tan aceitado tenían la modalidad que se irían sin que nadie sospechara nada. Ninguna de las víctimas (que descubrirían los delitos a partir del día siguiente) se imaginaría que se trataba de una banda que había hecho lo mismo en clínicas privadas de Brasil, Perú, Chile y Ecuador.

Los asaltantes dejaron Concordia y salieron hacia Colón, otra ciudad de Entre Ríos, de 23 mil habitantes. El objetivo estaba dentro del Sanatorio Médico Quirúrgico de la zona. Del lado de adentro, hicieron la modalidad: dos entretuvieron a empleados en la recepción y otros dos caminaron hasta el sector de Ecografía. En una mochila introdujeron un ecógrafo portátil y partes de otro equipo similar. Se retiraron a las 12.39 del mediodía.

Integrantes de la misma banda fueron detectados en Perú, donde cometieron varios robos. (CUARTO PODER)

Integrantes de la misma banda fueron detectados en Perú, donde cometieron varios robos. (CUARTO PODER)

No habían dejado un solo rastro. Pero habían actuado a cara descubierta. Entonces, no quedaba otra que solicitar los registros de las cámaras de seguridad. De las clínicas y de la ciudad. Allí, los investigadores de las dos ciudades notaron que se trataba de la misma banda: una mujer que se acercaba a la recepción y distraía a los empleados, otra que merodeaba avisando si había hombres de seguridad y dos hombres que se hacían pasar por pacientes y luego encaraban hacia los pasillos y salas para robar lo que buscaban. El quinto integrante era el piloto. Los esperaba arriba del Polo.

En el regreso a Buenos Aires, la banda tomó la Ruta 14. Y al igual que muchos automovilistas fueron detenidos por la Policía de Entre Ríos, una de las más cuestionadas del país a la hora de los controles de tránsito. Como los hurtos no habían sido denunciados, la demora solo fue por una supuesta infracción. Un agente les hizo señas para que frenaran y les advirtió que circulaban sin luces. Se les labró un acta por el no uso de las reglamentarias.

Una de las mujeres de la banda bajó del auto y le mostró la documentación a los policías. La titular del coche no se encontraba en el lugar, por lo que el auto debería haber quedado secuestrado. Pero solo les exigieron el pago de la multa, la abonaron en efectivo y con descuento, y siguieron. La Policía no les había requisado el Polo, donde guardaban todo lo robado. Por eso, tal vez, decidieron ir por más.

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De ahí otra vez por la 14. Se desviaron a la altura de Gualeguaychú. Era el turno de la que sería la quinta parada del raid delictivo: habrían ingresado al hospital público Centenario para llevarse un ecógrafo. El condicional se debe a que no hay filmaciones del caso. Pero se les adjudica el robo. Al día siguiente los profesionales notarían el faltante.

En Bogotá, capital de Colombia, a los ladrones que viajan a robar por el mundo se los denomina “Internacionales”. Esa cultura delincuencial nació a fines de la década del ’50, cuando un asaltante de de un barrio bajo del centro de la ciudad sacó un pasaje a Nueva York, buscando escapar de la Policía colombiana. Era un ladrón de relojes, pero la Justicia había pedido su detención por un asesinato.

La cuestión es que en aquellos días, mientras caminaba por la zona de joyerías de la Quinta Avenida, vio un maletín que llamó su atención y lo robó aprovechando un descuido del dueño. Cuando, ya en el hotel, descubrió los dólares que había adentro, saltó de la emoción. Acababa de cometer el mejor robo de su vida. Y no lo dudó: se comunicó con sus cómplices y les dijo que “la plata estaba en Nueva York”. Los invitó a viajar y les prometió prestarle el dinero para los pasajes. Así nació la leyenda, que nunca murió.

Hoy, las principales bandas de “Internacionales” roban en destinos como Malasia, Japón, Australia, México, Brasil, Estados Unidos o Inglaterra. Pero también hay grupos en países de segundo o tercer mundo. En especial, los que hacen sus primeros pasos como ladrones fuera de Colombia.

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Muchas organizaciones eligen un continente y se mueven por varios países, antes de regresar a Colombia. La banda del ecógrafo, por ejemplo, había cometido robos en clínicas de distintas ciudades de Chile, Perú, Ecuador y Brasil. Los investigadores de los asaltos en Entre Ríos los individualizaron en las filmaciones difundidas por noticieros del extranjero. Y empezaron a investigarlos.

El primer y único dato concreto con el que contaban era la patente del Polo. Así llegaron a la titular del auto. La detuvieron tras un allanamiento en Lomas de Zamora. La mujer, de unos 25 años, contó que había sido pareja de un colombiano, y que la banda le había ofrecido una suma fija de dinero en pesos a cambio de comprar el auto y ponerlo a su nombre. La trasladaron a Colón y Gualeguaychú. Fue implicada como “partícipe necesario”, pero rápidamente recuperó su libertad. Fue en enero de 2018.

Cuando en los diarios de las tres ciudades se informó que se trataba de una banda internacional, los comentarios explotaron. Se decía que se trataba de una banda que robaba para los narcotraficantes y que enviaba los ecógrafos a Colombia. Otros vecinos aseguraban que los colombianos los vendían en el mercado negro de Paraguay y Uruguay. La investigación recién comenzaba.

A partir de la declaración de la mujer argentina empezaron a identificar a la banda. Los buscaron en hoteles de Flores, Once, Boedo y Constitución. Nunca los encontraron. O mejor dicho: los ubicaron, pero no pudieron detenerlos. Se mudaban semana a semana.

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“A uno de ellos lo descubrimos en una filmación de una clínica de Ecuador. Era un hombre que usaba la identificación de otro colombiano, que estaba fallecido”, cuenta Juan Sebastián Blanc, agente Fiscal de la ciudad de Colón. Y agrega: “Los teníamos identificados, pero lo más difícil era encontrarlos. Allanábamos y no los encontrábamos. Como que siempre estaban un paso adelante nuestro. También descubrimos que se trataba de una organización más grande: en los videos de los hurtos en otros países también aparecen más personas. Pero varias son las mismas que actuaron en Entre Ríos”.

Al fiscal, con el tiempo, lo contactarían desde una fiscalía de Jujuy. Estaban investigando un robo con la misma modalidad. En los últimos años se denunciaron robos de ecógrafos en clínicas de La Plata, Rosario, Tres de Febrero, entre otros lugares. Los sospechosos son siempre los mismos.

La primera detención fue en el aeropuerto de Ezeiza. Allí la PSA detuvo a una de las dos mujeres. No lo sabía, como el resto de sus cómplices: se encontraban con pedido de captura internacional. Por eso la mujer no pudo viajar a Bogotá, su ciudad de origen. Directamente la trasladaron a Entre Ríos. Como se la acusaba de hurtos simples, y no contaba con antecedentes penales ni en Argentina ni en Colombia, fue liberada a los quince días. Fijó un domicilio en la zona de Constitución y cumplió a raja tabla el pedido de presentarse en la comisaría más cercana todas las semanas. En su pasaporte figuraban varios viajes de Colombia a nuestro país.

“Es una banda altamente calificada. En internet descubrimos que en Brasilia habían sido condenados por el mismo delito”, explica Juan Pablo De Giambattista, fiscal de la Unidad fiscal Concordia, que los acusó de “asociación Ilícita”. “Cada uno tiene su rol bien marcado. Existe un vínculo familiar entre ellos. A la única detenida se le solicitó la prisión preventiva, pero no se le otorgó”.

A casi dos años de la mañana del raid delictivo, no se sabe más nada de los cinco integrantes de la banda. La única detenida dejó de ir a firmar. Los investigadores sospechan que habrían salido del país por fronteras ilegales. Y que hoy estarían en Europa. Seguramente, haciendo lo mismo.

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Piden enviar a juicio oral a 19 policías por la desaparición forzada de un joven en Rosario

Un fiscal federal de Rosario pidió elevar a juicio oral la causa que se le sigue a 19 policías por la desaparición forzada de Franco Casco, un joven que estuvo detenido en una comisaría y cuyo cuerpo fue hallado después en el río Paraná en 2014, informaron este sábado fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por el fiscal Guillermo Lega, quien acusó por el hecho a agentes de la comisaría 7ma de Rosario, donde la víctima estuvo detenida y fue vista por última vez.

El fiscal acusó también a agentes de Asuntos Internos de la Policia santafesina.

“La conducta ilícita desarrollada por los aquí procesados no solamente implicó la privación ilegal de la libertad, sino que además, por su intermedio, se sustrajo a la persona del derecho a la jurisdicción y a su integridad física, psíquica y moral​”, indicó Lega en su solicitud, informó la página Fiscales.

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El fiscal señaló además que “se privó a sus familiares y a la sociedad toda de conocer su destino y el devenir del porqué de su muerte y el cómo sucedió”, lo que causó “una multiplicidad de víctimas que es una nota distintiva de este tipo delictivo”.

Lega encuadró los hechos endilgados a los procesados bajo la figura de desaparición forzada, en tanto que pidió el sobreseimiento de otros doce imputados.

Según se dio por acreditado en el expediente, el 6 de octubre de 2014, cerca de las 17.30, Casco (20) partió de la casa de una tía en Rosario hacia la estación de trenes para regresar a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde residía con su familia.

En cercanías de la estación, fue abordado por agentes de la Comisaría 7ma. de la Policía de Santa Fe, aunque por ahora se desconocen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la detención.

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La investigación permitió conocer que Casco fue trasladado a la seccional, donde fue aislado en un calabozo que según testigos era “pequeño, oscuro y mugroso” y lo denominaban “La Jaulita” porque allí encerraban a jóvenes que aprehendían por supuesta ?averiguación de antecedentes?.

De acuerdo a numerosos y coincidentes testimonios de presos alojados en esa comisaría, algunos de los cuales pudieron hablar con Casco, en determinado momento se escucharon golpes y fuertes gritos de auxilio del joven.

Luego de eso “se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención”, indicó el fiscal.

La Policía santafesina afirmó a familiares de Franco que el joven había sido aprehendido “por atentado y resistencia a la autoridad”, ya que “estaba drogado, como perdido” y aseguró que luego fue liberado.

Sin embargo, Casco nunca llegó a Retiro, donde lo esperaba su madre, Elsa, y frente a las averiguaciones, “el personal registró su detención modificando sensiblemente sus datos personales, apellido, número de documento y domicilio” y le dio intervención al fiscal que correspondía intervenir, “con la finalidad de darle sustento legal a un proceder totalmente irregular”.

El dictamen pone de relieve la importancia de que el padre de la víctima se haya dirigido a la comisaría, ya que de no haberlo hecho “nunca se hubiese descubierto que Casco había sido privado de su libertad”.

Las maniobras de ocultamiento continuaron en los días siguientes, hasta que el 30 de octubre la Prefectura Naval encontró el cadáver de Franco en el río Paraná.

La autopsia y demás pruebas permitieron establecer que el joven había sido asesinado antes de ser arrojado al río y que el tiempo de inmersión era compatible con la fecha de su desaparición.

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La apodaron “La Reina del martillo” y recibió perpetua pero aún jura su inocencia

La sensación es que se ha detenido el tiempo. Que nada fue igual, tampoco diferente. Se quedó paralizado en julio de 2001, cuando la arrestaron en Posadas, empezaron a llamarla “La reina del Martillo” y la acusaron de matar a una jubilada. Desde entonces la espera es algo, a veces lo invade todo.

Siete años después, una noche de junio de 2008, Cristina Vázquez (37) tenía puesto el uniforme y acomodaba las mesas del bar de Recoleta en el que trabajaba. Se creía en otra vida, luego de haber sido liberada. En Buenos Aires pensó que eso había quedado atrás. Pero no. De ahí se la llevaron detenida por última vez.

Cristina fue trasladada a Misiones y esperó el juicio en la cárcel. Dos años después, la condenaron a la pena máxima. “Perpetua”, escuchó y -dice- no lo pudo creer. Ella estaba segura de que en el juicio todo se aclararía, que verían que no había pruebas en su contra y que dejarían de perseguirla.

En sus fundamentos, el Tribunal N° 1 habló de su “estilo de vida promiscuo y marginal”, la calificó como “mentirosa” y aseguró que tenía “como modo de vida cometer delitos contra la propiedad para obtener dinero a los fines de adquirir estupefacientes y, así, satisfacer sus adicciones”.

Cristina Vázquez durante el rodaje en el Penal de mujeres de Posadas junto a su amiga Magda Hernández.

Cristina Vázquez durante el rodaje en el Penal de mujeres de Posadas junto a su amiga Magda Hernández.

El Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, de la Asociación Pensamiento Penal (APP), revisó la causa de Cristina y encontró “graves irregularidades” en la sentencia, en la investigación y en el expediente.

“Cuando sus amigas nos acercan la causa en 2015, Cristina estaba a la espera del fallo de la Corte, deseando la absolución. Cuando fuimos a buscar el recurso de queja vimos que no lo habían presentado. Estaba esperando algo que no iba a pasar nunca. Ella pide que reabran la causa, ordenan al Supremo Tribunal de Justicia de Misiones que revea el expediente. Pero ellos no revisan la causa, copian y pegan parte de los fundamentos de la sentencia de primera instancia. Desoyeron la orden de la Corte”, contó Indiana Guereño, presidenta de AAP.

Detención de Vázquez en Recoleta. (Juano Tesone)

Detención de Vázquez en Recoleta. (Juano Tesone)

APP no representa a Cristina sino que actúa como tercero imparcial para “visibilizar las buenas y malas prácticas” en el Derecho. “Este fallo es el ejemplo de las malas prácticas. Lo usamos en la universidad para dar clases mostrando todo lo que está mal, todos los derechos vulnerados”, confesó Guereño.

A Cristina Vázquez la condenaron por el homicidio de Ersélide Lilia Dávalos (79), una jubilada que vivía a cuatro casas de la suya. También condenaron a Cecilia Rojas (37), conocida de Cristina, y su novio, Ricardo Jara (39). Los tres están presos y con perpetua. 

Magda Hernández, directora del documental "Fragmentos de una amiga desconocida", que recorre la historia de su amiga Cristina Vázquez. (Lucia Merle)

Magda Hernández, directora del documental “Fragmentos de una amiga desconocida”, que recorre la historia de su amiga Cristina Vázquez. (Lucia Merle)

Dávalos fue asesinada el 28 de julio de 2001 de un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Ningún perito aseguró con cuál. Pero Cristina se convirtió rápidamente en “La Reina del Martillo”. 

Su casa estaba revuelta y las puertas no habían sido forzadas. La mujer era “muy celosa de su seguridad”, declararon los testigos. Sospechan que conocía a su atacante, que pudo abrirle la puerta, y por eso vincularon a Cristina. Ser su vecina la hizo parte de una banda, la colocó en la escena y como autora del crimen.

Un testigo dijo que la vio pasar por la puerta con otra mujer, poco antes de la hora en que se presume fue asesinada Dávalos.

Esa mujer es Cecilia García, una amiga con la que Cristina pasó toda esa noche. García y su padre declararon que estuvieron juntos, que no había manera de que Cristina volviera a su barrio sin que ellos lo notaran. No alcanzó.

“A Cristina se la condena en base a rumores e indicios y no con pruebas fehacientes. Se basaron en dichos de terceros, en rumores de barrio”, cuestionó Indiana.

Cristina Vázquez durante el rodaje en el Penal de mujeres de Posadas.

Cristina Vázquez durante el rodaje en el Penal de mujeres de Posadas.

Además, desde APP advierten que los rastros hallados en la escena del crimen no son compatibles con la presencia de Cristina: “Son diez pruebas científicas que avalan que Cristina no tuvo relación con el hecho. Tampoco hay testigos directos que acrediten su culpabilidad. A pesar de ello el tribunal construye la culpabilidad en base a prejuicios de género y clase. Tampoco establece los roles que tuvo cada uno de los condenados”, agrega Guereño.

Desde el 13 de septiembre del 2018 que Cristina y su familia esperan un dictamen de Eduardo Casal, interinamente a cargo de la Procuración General de la Nación. De ese dictamen depende que el expediente sea enviado físicamente a la Corte para que empiecen a revisarlo.

El documental

Cristina dice que quiere ser chef. Después se corrige y asegura: “Voy a ser chef”. Lo hace mientras acomoda sus cosas en el penal de mujeres de Posadas. La escena quedó registrada en el documental “Fragmentos de una amiga desconocida“, de Magda Hernández.

Magda es colombiana, comunicadora y documentalista. Trabajaba en el mismo bar que Cristina. Fueron tan amigas como pueden ser dos chicas de 25 años que están viviendo solas lejos de sus familias.

Las cartas que Cristina Vázquez enviaba a su amiga Magda y fotos de su infancia en Posadas.

Las cartas que Cristina Vázquez enviaba a su amiga Magda y fotos de su infancia en Posadas.

“Pegamos muchísima onda. Entramos a trabajar juntas y además éramos las ‘nuevas’. Hablábamos un montón. Yo renuncié unos meses después, perdimos contacto. Me enteré de casualidad porque llamé a un compañero que me contó que había habido una redada en el restaurante y se la habían llevado presa. Me dijo que me fijara, que había salido una nota en Clarín. Cuando lo leí, pensé ‘no, no puede ser si con esta piba tomábamos el té'”, contó Magda sobre ese primer contacto con la noticia.

Una mesera de Recoleta, presa por el crimen a martillazos de una jubilada“, era el título. En la foto, Cristina caminaba esposada y escoltada por dos policías. 

Cristina Vázquez durante el rodaje en el Penal de mujeres de Posadas junto a su amiga Magda Hernández.

Cristina Vázquez durante el rodaje en el Penal de mujeres de Posadas junto a su amiga Magda Hernández.

“Ella no contó nada y yo la entiendo ¿Cómo hacés para contar que te acusan de un homicidio que no cometiste? Quedó ahí. Recién en 2013 busqué qué había pasado con ella. Encontré información del juicio y que la habían condenado. Me dije ‘wow, esto es para hacer una película’. Viajé a verla y ese primer encuentro fue muy lindo. Hablamos mucho, como con cualquier amiga con la que no te ves hace mucho tiempo. Y así empezó todo”, recuerda Magda desde su casa de San Telmo.

“Empecé a leer sus diarios, me dispuse a intentar entender quién era ella en ese momento. Entrevistamos a todo el mundo y finalmente todo ese proceso dio como resultado que era una chica como cualquier otra. Era una adolescente rebelde como cualquier otra, con ganas de salir y de experimentar y de pronto se le pausó la existencia. Tenía planes, proyectos y todo se le truncó con esto. A ella no le van a devolver la vida que no ha vivido“, cerró Magda.  

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Un fiscal pide que vayan a juicio 17 policías acusados de pedir coimas a puesteros de La Salada

Un fiscal de Lomas de Zamora pidió someter a juicio oral a 17 policías bonaerenses, varios de ellos jefes, acusados de conformar una banda que pedía coimas a puesteros de la feria La Salada y a comerciantes de los partidos de Lanús y Avellaneda a cambio de protección y de permisos para poder trabajar.

El requerimiento fue realizado por el fiscal Sebastián Scalera, quien llevó adelante la investigación para identificar a una banda mixta conformada por policías y tres civiles -éstos últimos actualmente prófugos- que cometía extorsiones y estafas y que además liberaba la zona para permitir a bandas criminales cometer robos bajo distintas modalidades, entre ellas “piratería del asfalto”.

La causa comenzó en julio del año pasado luego de la denuncia de un comerciante que aseguró que debía pagar regularmente 500 pesos para poder montar su puesto en la feria La Salada.

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Con colaboración de Gendarmería Nacional (GNA) y Policía Federal(PFA), el fiscal llevó adelante 60 allanamientos en los que fueron detenidos los sindicados integrantes de la banda, en su mayoría policías de la Bonaerense, acusados de “asociación ilícita, amenazas, estafas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La fiscalía pudo establecer que la organización se dedicaba a recaudar dinero entre puesteros y comerciantes de la zona sur del conurbano y que cada uno de sus integrantes cumplía con distintos roles dentro de la estructura, lo que les permitía obtener millones de pesos por mes, agregaron las fuentes.

De acuerdo a la acusación, “la organización estaba conformada como una empresa delictiva, que tenía un sistema de recaudación en el ámbito territorial del Departamento Judicial Lomas de Zamora”.

Fuentes de la causa aseguraron que la finalidad de la banda era “recibir de manera ilegal sumas de dinero diarias, semanales, mensuales y semestrales, a cambio de permitir la actividad laboral de comerciantes de la zona”.

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También, de acuerdo a la acusación, le cobraba a bandas criminales para liberarles la zona y permitirles cometer robos, la mayoría contra camiones de transporte de cargas, bajo la modalidad de piratas del asfalto.

Finalmente, el fiscal les atribuye similares maniobras criminales en los predios de la feria “La Salada”, “El Olimpo” y en Villa Domínico, donde los feriantes debían pagar coimas para evitar que los desalojaran, les secuestraran la mercadería o les prendieran fuego los puestos.

Entre los acusados, hay policías que trabajaban en la Superintendencia Zona Oeste y Zona Norte, en la Jefatura Departamental San Vicente, en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Lomas de Zamora, en la DDI Avellaneda-Lanús y en la comisaría de Presidente Perón (Guernica), además de otras dependencias, donde varios de ellos ocupaban altos cargos.

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Los policías a quienes Scalera quiere llevar a juicio fueron identificados por las fuentes como Carlos Daniel Gómez, Roberto Cayetano Romero, Bruno Nicolás Shporluk, Esteban Alberto Lofeudo, Roberto Lezcano, Marcelo Daniel Ramón Maurino, Rodolfo Gustavo Morán, Ubaldo Ismael Fuenzalida, Cristobal Rubén Gonzalez, José María Mattos, Cristian Ezequiel Aníbal, Ruben Ernesto Cañete, Marcelo Villarreal, Alberto Damián Tévez, Leonardo Ezequiel Brandan y Norberto Alfredo Benitez y Felix Ramírez.

Todos ellos permanecen detenidos con prisión preventiva.

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