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Política

La CGT no llamará al paro, pero pide que todos los privados cobren $ 5.000

El bono de 5 mil pesos que esta semana negoció la CGT con el Gobierno y luego se amplió a una mesa de empresarios fue la herramienta que desactivó un paro que nunca pasó de una expresión voluntariosa de Carlos Acuña, uno de los secretarios generales, luego del acto realizado por el Día de la Lealtad en Tucumán.

Las empresas en crisis podrán pagar el bono en más cuotas y por una cifra menor

El dirigente de los empleados de estaciones de servicio fue desautorizado por el plenario de la central obrera. Tras la reunión, el maquinista Omar Maturano fue el primero de los miembros de conducción en dar por caída la posibilidad de una medida de fuerza. Con todo, la CGT quiere renegociar algunos puntos del borrador del decreto que llegó a la mesa de debate en la sede de Azopardo.

Avanza un decreto para que las empresas tengan que dar aviso al Gobierno antes de despedir a un trabajador

Ya el colectivero Roberto Fernández, uno de los dirigentes que tiene la llave para garantizar la efectividad de un paro, había advertido de la poca predisposición para ir al paro.

En la CGT aceptan que el bono alcance sólo al sector privado, excepto el personal doméstico y los trabajadores rurales, con regímenes especiales. Mientras que por los estatales, Andrés Rodríguez, titular de UPCN, renegocia por estas horas una reapertura paritaria. Aún está en discusión si los trabajadores de las empresas estatales recibirán el bono.

“Este decreto por el cual esperamos la firma del Presidente tiene que ser de 5.000 pesos en la mano del trabajador que permitirá hacer girar la rueda del consumo”, dijo ante la prensa Héctor Daer, el coequiper de Acuña en la conducción.

Ayer a la tarde se analizó en Azopardo un borrador del decreto que firmaría Mauricio Macri en las próximas horas. Durante el encuentro, Daer negoció directamente con el Ministerio de Producción y Trabajo la posibilidad de modificar los puntos que objetaba la central obrera.

Así, el dirigente de sanidad buscó que para todo el sector privado el bono sea no remunerativo y se pague en dos cuotas iguales, la primera, con los salarios de noviembre; y la segunda con los de enero.

“No hay ninguna forma de que sea a cuenta de futuras paritarias ni ninguna otra cuestión que circuló”, advirtió, tras ratificar que no habrá paro. “Es para todos los sectores, para aquellos que actualizaron y para aquellos que no pudieron reabrir”, aseguró Daer. Dato: para la CGT, el 75% de los gremios bajo convenio aún no actualizó paritarias.

¿Puede haber alguna excepción para no pagarlo?, se le insistió a Daer. Respondió: “La obligación es pagarlo; hoy existen 5000 pesos arriba de la mesa y cualquier variable debe salir de una negociación paritaria y que puede el sector sindical tomar ese valor de base de discusión”. Y se mostró confiado de que el Gobierno lo aceptará: “Solo resta la firma del decreto, que es una facultad del Ejecutivo porque ya está discutido”.

El decreto contemplará que las empresas deberá informar previamente al Gobierno sobre el intento de despedir trabajadores. Para la CGT, se trata de una “salvaguarda” que regirá hasta el 31 de marzo.

“Ya sabemos que los empresarios no lo avalan y tenemos un Gobierno que ya vetó una ley antidespidos”, se anticipó Daer, abriendo el paraguas.

Por lo que reconstruyó este diario, hubo un solo cruce en la reunión. Julio Piumato, de judiciales, cuestionó duramente el bono se ganó la mirada del resto. Fue Maturano quien puso en palabras lo que pensaban sus colegas. Le sugirió al judicial que con su paritaria cerrada al 40% y que nadie de su sector paga Ganancias “no tiene sentido quejarse”.

Pero la negociación por el bono provocó otras grietas. El docente Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas, optó por faltar al encuentro del Consejo Directivo. Cuestiona al bono y considera un desaire que no se haya peleado por un bono para su sector.

Política

Luis Blaquier, funcionario de la ANSES y fiscal de Cambiemos, rompió un telegrama durante las PASO y casi queda preso

Luis María Blaquier es funcionario del actual gobierno nacional. Fue el titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, actualmente se desempeña como el Subdirector de Operación del FGS, tuvo cargos directivos en las firmas Cablevisión S.A. y Arcor S.A.I.C. hasta 2015, y protagonizó un curioso hecho en las últimas elecciones primarias.

Y es que Blaquier estuvo como fiscal en representación de “Juntos por el cambio” en la mesa 238 en la escuela secundaria N°1 de la localidad de José C. Paz. Allí, el funcionario fue acusado y demorado por haber roto el telegrama de información, violando así la ley electoral, luego de discutir con el presidente de mesa. Cabe remarcar que en esa misma mesa, el “Frente de todos” se impuso al oficialismo por 205 a 28.

Según detalla el acta de detención escrita a mano por uno de los oficiales en el lugar, el sargento ayudante Elbio Raúl Caliba –integrante del ejército argentino y afectado al servicio eleccionario en esa escuela aquel 11 de agosto- le notificó a los efectivos de seguridad que se hicieron presentes en la secundaria que las autoridades de mesa estaban “discutiendo” porque uno de ellos había “roto el telegrama de información”.

La policía identificó a todos las autoridades de la mesa como Ezequiel Walter Artaza (presidente de mesa); Lautaro Agustín Sosa (fiscal representante del Frente de Todos) y propio Blaquier (fiscal representante de Juntos por el Cambio). Según reza la denuncia, Sosa afirmó que Blaquier “rompió” el telegrama de información de resultados en “tres partes” luego de ver la diferencia entre un partido y otro, y tras una discusión.

Al mismo tiempo, el documento detalla que el funcionario del oficialismo intentó “pegarlo con cinta” una vez roto. Según explicó en ese momento Blaquier, decidió destrozar el documento electoral pensando de que se trataba de una copia suya y no del oficial. “Ante el reclamo de las autoridades de mesa para que lo entregue, lo terminó rompiendo”, dice la denuncia.

Al parecer, el ex titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad “no vio” que era el telegrama original, provocando que se origine una fuerte discusión entre todas las autoridades de mesa que derivó  en el “arreglo” del documento con cinta y el posterior llamado a la policía.

De todos modos, el presidente de mesa sostuvo que rompió el telegrama en forma adrede. La denuncia fue radicada en la comisaria jurisdiccional de José C. Paz.

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Política

Renovación y cambiemos: quiénes son los jueces que ya desocupan sus oficinas por si gana Alberto

Nuevos aires se respiran en los pasillos de Comodoro Py, el edificio sede de la mayor parte de los juzgados federales. El impactante triunfo del Frente de Todos en las PASO del domingo 11 también dio de lleno en magistrados y funcionarios que no son ajenos a los cambios políticos que se avecinan después de las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre.

El candidato Alberto Fernández dijo varias veces que algunos jueces federales tendrían que dar explicaciones por las “barrabasadas” que llevaron adelante en causas que tuvieron como blanco a ex funcionarios del kirchnerismo, encabezados por la ex presidenta Cristina Fernández. En un reportaje más reciente Fernández rescató a los miembros de la Corte Suprema y dijo que eran todos hombres respetables.

Y después del diagnóstico de quien se perfila para ser el próximo presidente de la Nación, los jueces y fiscales que más a gusto desempeñaron el papel de perseguidores de ex funcionarios -muchas veces sin ningún fundamento- comenzaron a hacer planes sobre su futuro inmediato. En esos pasillos se comenta que son varios los que ven un panorama personal sombrío y piensan en jubilarse.

El primero es el juez Claudio Bonadio. Fue el responsable de la mayor parte de las causas que tuvieron como imputados a ex funcionarios del gobierno anterior y en tándem con el fiscal Carlos Stornelli encabezó la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Llegó a citar siete veces en un mismo día a prestar declaración indagatoria a la ex Presidenta.

“Es Bonadio uno de los jueces que planea jubilarse antes de fin de año y ya había sido previsor cuando inició los trámites previsionales en 2017”, consignó una nota de la Política On Line. Esta misma semana Bonadio sorprendió cuando le pidió a AUSA informes sobre la licitación del Paseo del Bajo, la obra más publicitada por el presidente Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Según una denuncia de la Auditoría porteña, la obra fue direccionada para que el tramo más caro de la obra quedara para Iecsa, la empresa constructora de la familia Macri, que luego fue supuestamente vendida.

Stornelli también tendría ganas de acogerse a los beneficios de la jubilación, pero su situación es más complicada. Se encuentra en rebeldía en la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien podría ordenar su arresto el mismo día que se quede sin fueros que lo protegen. Stornelli está acusado de integrar la banda encabezada por el falso abogado Marcelo D´Alessio, dedicada a la extorsión, el espionaje ilegal y el direccionamiento de causas judiciales mediante testigos guionados.

El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, también medita si llegó la hora abandonar su despacho. Fue el creador de la llamada “doctrina Irurzun”, según la cual lo ex funcionarios tenían “un poder residual” que le permitiría influir en causas en trámite por lo cual convendría mantenerlos detenidos. Un argumento que genera risa sino fuera que por ese razonamiento llevó a imputados a la cárcel sin condena.

Dos camaristas colegas de Irurzun también hacen cuentas sobre las diferencias en el salario y la jubilación. “Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, también estarían tramitando su jubilación como su colega Irurzun. Estos dos jueces jugaron al compás de la Rosada durante todo el mandato de Macri. Mauricio Macri se enteró de la maniobra de estos jueces y habría hablado con uno de ellos. “Mira que yo todavía soy presidente”, advirtió el presidente, según las fuentes”, agrega la misma nota. Bruglia llegó a la Cámara para cubrir la vacante que dejó el destituido Eduardo Freiler. Pero no lo hizo por concurso. Era vocal de un tribunal oral y su traslado se resolvió en el Consejo de la Magistratura, pese al rechazo de la oposición. Bertuzzi desembarcó de la misma manera, desde un tribunal oral federal.

Otro de los que analiza jubilarse es el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes. Luego de haber sido funcionario del gobierno de Carlos Menem se refugió en ese lugar y fue abanderado de las marchas tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, con la tesis de que había sido asesinado y no víctima de una muerte por su propia mano, como lo demuestran todas las evidencias reunidas en la causa que tiene Julián Ercolini. Este juez no está en edad de jubilarse. Pero fue uno de los apuntados por Fernández, quien lo conoce desde hace años cuando ambos eran parte de la misma cátedra que encabezaba el fallecido Esteban Righi en la Facultad de Derecho de la UBA.

El fiscal ante la Cámara de Casación Penal Raúl Pleé, quien marchó codo a codo junto a Moldes, muy vinculado al operador judicial y presidente de Boca, Daniel Angelici, al parecer también tiene planes similares a los de sus colegas más identificados con la Casa Rosada. En su momento se dijo que podría llegar a ser el jefe de todos los fiscales, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración, pero su candidatura nunca levantó vuelo.

Otra jueza que también planearía retirarse sería Liliana Catucci, que integra la Cámara de Casación Penal. A comienzos de año tuvo una sonora pelea con su colega Juan Carlos Gemignani. Años atrás había sido denunciada por el diputado peronista Carlos Kunkel. En su momento votó en contra de la prisión preventiva que se le había dictado al comisario Jorge “El Fino” Palacios, en la causa por escuchas ilegales en la que estuvo procesado el presidente Mauricio Macri hasta días antes de asumir en el cargo.

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Política

El vecinalismo acompaña el reclamo de Bordet por los fondos coparticipables

“Debemos ponernos de acuerdo y ver de qué forma se afectan lo menos posible las arcas del Estado y se puede hacer llegar a cada uno de los pobladores una mejor condición de vida para paliar estos momentos”, expresó el intendente de Oro Verde, José Luis Domé.

Para ponerlos al tanto del impacto fiscal que se prevé tendrán en la provincia y en las comunas las últimas medidas del gobierno nacional, Gustavo Bordet se reunió con intendentes vecinalistas actuales y electos quienes le manifestaron su preocupación ante la situación.

“Más allá de las especulaciones políticas que se juegan en los sectores, a nosotros nos preocupa de qué forma nos afecta directamente. No podemos estar en contra de cualquier medida que beneficie a nuestros vecinos o a la población en general, y también coincidir que estas medidas no son lineales, no es que una disminución en el IVA va a repercutir en un aumento del consumo o le va a permitir al vecino tener en el bolsillo algo más de plata para acudir al municipio a pagar las tasas que estaba adeudando. Esto son especulaciones que no son tan directas, ojalá suceda y nos permita recuperar parte de esos recursos que podemos perder”, advirtió el jefe comunal.

Dumé agradeció el recibimiento del gobierno provincial y en especial la participación del gobernador Bordet en la reunión. “La posible disminución de la coparticipación nos genera muchísima preocupación y por eso le pedimos al ministro que nos reciba para conocer de primera mano qué evaluación habían hecho, los valores que estaban manejando, para tener certezas y poder hacer un análisis y ver qué es lo que podemos hacer cada uno de los municipios de aquí a lo que resta del año”, precisó.

“Nos preocupa que en estos períodos inflacionarios, donde el poder adquisitivo del vecino se ve restringido, lo primero que deja de pagar son las tasas municipales y los impuestos, así que nosotros también notamos una baja en nuestra recaudación propia, y en las localidades pequeñas el impacto de la coparticipación es mucha porque es el ingreso más importante que tenemos”, remarcó el presidente municipal.

Oro Verde dejaría de recibir casi dos millones de pesos por las medidas nacionales: “Representa un poco más de lo que el municipio gasta en aguinaldo en todo el año. Es un monto importante y entonces habrá que reestructurar, sin afectar los servicios, ni las obras iniciadas. Por ahí disminuir el ritmo o suprimir algunas de menor importancia”.

Finalmente, Dumé recalcó: “Acompañamos cualquier reclamo e instamos al gobierno nacional para que no lleguemos a judicializar estos temas, que haya un lugar donde podamos converger y ponernos de acuerdo y ver de qué forma se afectan lo menos posible las arcas del Estado”.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, con la presencia del ministro de Economía, Hugo Ballay, y de los intendentes de Oro Verde, José Luis Dumé; de Cerrito, Amilcar Tomassi; de Villa del Rosario, Gustavo Zandoná; de San José, Irma Monjo; de Libertador San Martín, Raúl Casari; de Lucas González, Vicente Hanemann; de Valle María, Arsenio Ortman; y de Los Charrúas, Ariel Pannozzo Zénere.

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Política

El peronismo va a la Corte y al Congreso contra las medidas de Mauricio Macri

La relación de los gobernadores peronistas con Nación se sigue tensando tras las medidas económicas tomadas por el presidente Mauricio Macri que impactan en las arcas provinciales.

Después de la reunión del último miércoles en el CFI (Consejo Federal de Inversiones), los mandatarios provinciales decidieron que, de no tener respuesta este viernes, irían a la Justicia. Así lo confirmó este viernes el mandatario salteño y candidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, quien adelantó que el próximo lunes presentará ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo, al considerar “ilegal” la quita del IVA a los alimentos.

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Pero lo que muestra un fuerte grado de cohesión en el peronismo es que senadores del PJ impulsan un proyecto de ley para que el Gobierno compense con una partida especial la reducción de fondos coparticipables.

Un grupo de senadores del PJ -encabezado por el cordobés Carlos Caserio y acompañado por el catamarqueño Dalmacio Mera y el chubutense Alfredo Luenzo-, presentó un proyecto de ley para que las rebajas del IVA y el Impuesto a las Ganancias “no pongan en peligro el pago de sueldos y de otros servicios esenciales ya previstos por las provincias”.​

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​“El Gobierno nacional tomó medidas sin consultar a los gobernadores, violando el pacto fiscal que él mismo promovió y poniendo en riesgo la economía de las provincias”, advirtió Mera.

El dato político es que la presentación de los senadores es orientada por el cordobés Caserio, hombre de confianza de Juan Schiaretti, el mandatario mediterráneo que mantuvo esta semana un nuevo diálogo con Alberto Fernández, el candidato presidencial del Frente de Todos. 

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En tanto, el gobernador Urtubey anunció que irá a la Corte por este tema. “Más allá de la justicia o no de la medida, el Gobierno nacional lo tiene que hacer con sus recursos y no con los que no le son propios, y eso es lo que les estamos diciendo las provincias a la Nación”, planteó.

El compañero de fórmula de Roberto Lavagna precisó que con la eliminación del IVA a los alimentos, Salta perderá $1.200 millones.

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