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Macri quiere denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional

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El Presidente pretende elevar una denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro junto a otras naciones latinoamericanas.

El presidente Mauricio Macri llegó hace unas horas a Bogotá para estar presente en la asunción del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque. En una reunión que tuvieron a solas, ambos jefes de Estado evaluaron la posibilidad de denunciar al gobierno venezolano por violar los derechos humanos y realizar delitos de lesa humanidad. Esta idea sería llevada a cabo junto con el presidente de Chile y otros mandatarios de la región, quienes se presentarían ante la Corte Penal Internacional de La Haya para elevar la acusación

Tanto Macri como Duque piensan de la misma forma respecto al régimen de Nicolás Maduro y la necesidad de poner un límite a los abusos de poder que se desarrollan en Venezuela.

Esto fue lo que dijeron algunos allegados de Macri:

“Hubo muchas coincidencias con Duque en virtud de buscar una solución a la crisis de Venezuela, no se definió nada aún pero se evaluaron los pasos para ir juntos como Estados a la Corte Penal Internacional a fin de presentar allí las denuncias correspondientes contra Maduro”.

Además del tema de Venezuela, en la reunión con Duque se analizó también el curso de las relaciones bilaterales entre Colombia y la Argentina con la idea de potenciar el vínculo en todo lo que tiene que ver con una mayor frecuencia de vuelos y del comercio.

En la asunción de Duque en Bogotá también estuvieron presentes distintos dirigentes venezolanos opositores a Maduro, como el ex alcalde de Caracas Antonio Ledesma y el ex juez de la Corte Ramsis Gazzohui, quienes se cruzaron con la comitiva argentina y analizaron la crisis de Venezuela.

Mirá también: ¿Autorizan el allanamiento a Cristina Kirchner?

Por otra parte, se supo que el presidente argentino mantuvo un encuentro bilateral con su par de Chile, Sebastián Piñera, con quien charló sobre la necesidad de dar una señal más fuerte desde América Latina hacia el régimen de Venezuela y se evaluó sobre la posibilidad de ir con varios países a la Corte Penal Internacional de La Haya para presentar allí las denuncias de violación a los derechos humanos.

Este tema ya viene siendo hablado entre la Cancillería y la Casa Rosada. El Gobierno Nacional tiene la clara intención de pedirle a la Corte Penal Internacional que abra una causa contra el régimen de Maduro por la ejecución de delitos de lesa humanidad. El tema no es menor si se tiene en cuenta que este tribunal es la instancia suprema a nivel mundial para acusar a un país de violar los derechos humanos.

Un funcionario de la Cancillería dijo lo siguiente:

“Creemos que es importante llevar de una vez por todas las denuncias de lesa humanidad que hay en Venezuela ante la Corte Penal Internacional para poner un freno a la dictadura de Maduro. Y la Argentina, Colombia y Chile se constituirán, así, en líderes de la región en esta bandera por los derechos humanos”.

La presentación de la Argentina junto con Colombia, Chile y otros países ante la Corte de La Haya tendrá mucho más peso que si lo hacen por separado. Esta denuncia se realizará en base al duro informe sobre Venezuela que elevó hace un mes un comité de expertos de la OEA (Organización de los Estados Americanos).

La decisión de la Argentina de avanzar con este tema se empezó a cerrar una vez que se presentó el informe de la OEA y cuando el Parlamento de la Unión Europea aprobó una misión para apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el dictador Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad y actos de represión del régimen chavista contra la población civil venezolana.

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Debate

Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. Conductor de "La Cátedra Deportiva" en Radio Universidad FM 93.1. Redactor en SDN Serviciodenoticias.net

Política

Cristina Kirchner negó haber recibido coimas para firmar un decreto

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La ex presidenta se refirió por primera vez al escándalo de coimas durante su gestión.

Con cada vez más implicados en la causa, Cristina Kirchner se expresó por primera vez luego de haber sido citada a indagatoria y zafar del allanamiento a sus domicilios en el marco del escándalo de las coimas. La ex presidenta publicó un texto en las redes sociales donde dijo que nunca nadie le pagó por firmar un decreto.

La actual legisladora salió a aclarar su situación luego de que el empresario Gabriel Romero admitiera ante la justicia el pago de USD 600 mil por la firma de un decreto, en 2010, para que el gobierno kirchnerista le otorgue la extensión de la concesión de la Hidrovía.

En el escrito, la ex mandataria cuestionó la labor del fiscal Carlos Stornelli y del juez federal Claudio Bonadio, a quienes acusó de un “evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido”, al que consideró “sencillamente escandaloso”.

Mirá también: Coimas Millonarias: se registraron más de 500 llamadas en un día para aportar datos

Además, Cristina criticó duramente al Poder Judicial:

“Con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social”.

Por otro lado, calificó como “funcionario de cuarta línea” a Claudio Uberti, el ex integrante del gobierno de Néstor Kirchner que dijo haber visto “repleto de bolsos y valijas con dinero” el dormitorio de la ex pareja presidencial.

Ayer, el líder del grupo EMEPA, Gabriel Romero, declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos tras declarar ante la Justicia que pagó sobornos al Gobierno de Cristina Kirchner para que le extendiera por decreto presidencial la concesión del cobro de peajes de la Hidrovía del Río Paraná.

Uno de los DNU fue en 2010 y permitió la renegociación de las condiciones de explotación de la Hidrovía, esto implicó ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región.

Tras la declaración de Romero recuperó la libertad Rodolfo Poblete, el ex director de Relaciones Institucionales de la compañía, quien se había negado a declarar al inicio de la ronda de indagatorias, por lo que estaba detenido desde hacía 15 días.

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