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Procesaron a Moreno

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El motivo fue la posible manipulación de datos del Indec del ex secretario de Comercio

 

No es nada nuevo que Guillermo Moreno y compañía sea apuntado por desinformación durante el gobierno de Cristina Kirchner. Esta vez, tuvo un nuevo capítulo al ser procesado por violación de secreto, abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público. Todo esto, en la causa en la que se investiga la manipulación de datos sobre inflación que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El sobreseimiento había sido dictado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que fue revocado hoy por la Sala II de la Cámara, tribunal que ordenó el magistrado que inicie el proceso a juicio oral y público.

“Soy respetuoso de las decisiones judiciales”

“La investigación se basó pura y exclusivamente en notas periodísticas, todavía no hay pruebas de nada”

La causa se originó a partir de una denuncia de la ONG a la que se le anexó otra de dirigentes radicales en la que se sostenía en base a publicaciones periodísticas, que Moreno le había solicitado a la por entonces Directora de Índices de Precios de Consumo (IPC) del Indec, Graciela Bevacqua, que le relevara datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo, y cuya confidencialidad se encuentra amparada por el secreto estadístico.

La hipótesis delictiva sobre la que se había dictado el sobreseimiento y que fue apelado por el fiscal Carlos Stornelli tiene inicio en el año 2006 con las presuntas exigencias que Moreno habría realizado a funcionarios jerárquicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para que le suministren datos protegidos por el secreto estadístico e implementen ciertos cambios en el modo en que se venía elaborando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Cámara coincidió con Stornelli y sostuvo que “las maniobras de adulteración verificadas sobre los datos e información en base a la cual habrían de elaborarse los índices en estudio se subsumen razonablemente en la figura de violación de registros y documentos”.

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Debate

Redactor en diario digital Servicio de Noticias. Conductor en La Cátedra Deportiva 93.1 Mhz. Relator. Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de San Juan.

Policiales

¡Increíble! Un empresario admitió haber pagado coimas por un decreto presidencial

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Se trata de Gabriel Romero, dueño de EMEPA, quien declaró que pagó coimas para que le extendieran la concesión de la Hidrovía durante el gobierno kirchnerista.

Gabriel Benjamín Romero, dueño de EMEPA, volvió a declarar como arrepentido ante Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos. El empresario admitió haber entregado dinero a Baratta para que se le extendiera la concesión de la hidrovía por medio de un decreto presidencial.

A raíz de esto, la empresa EMEPA explota desde hace unos 20 años el enorme negocio que es la Hidrovía y también está a cargo de Ferrovías, que explota ferrocarriles, que estaba bajo la supervisión de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, preso y coimero confeso.

Según fuentes vinculadas a la investigación, Romero admitió dos pagos, uno que se hizo el 20 de enero de 2010, un día antes que se publicara el decreto 113/2010 por el que se renegociaron las condiciones del contrato de explotación de la Hidrovía. A partir de ese decreto el Estado le extendió en el tiempo la concesión del cobro de peajes por el río a la firma Hidrovía S.A. y le permitió ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región.

Por su parte, la empresa se comprometía a modernizar el sistema de señalización y el dragado. El otro pago se produjo semanas después de la firma del decreto de Cristina Kirchner. Aunque en la cifra no coincidió con lo que había escrito Centeno. Era un poco menos que lo narrado por el ex chofer de Baratta.

El decreto por el cual el Estado acordó con la firma Hidrovía fue firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner, el por  entonces ministro de Economía Amado Boudou, el de Planifiación, Julio De Vido, y por quien fuera jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Mirá también: Más involucrados en el escándalo de coimas K

Romero señaló que se hicieron dos pagos por el decreto y que, según Baratta, que fue el cobrador, ese dinero debía “subir” en la escala gubernamental. A raíz de las confesiones de Romero, el juez Bonadio ordenó liberar a Rodolfo Poblete, directivo de EMEPA, por debajo del dueño.

Además de todo esto y en consonancia con lo que ya había dicho el empresario Aldo Roggio, Romero admitió haberle pagado a Jaime el cinco por ciento de los subsidios .

Pero como Jaime también tenía la supervisión de la Hidrovía, Romero también admitió haberlo sobornado por ese negocio. Le daba una suma fija anual, cercana a los 500 mil dólares, al ex secretario de Transporte.

Jaime actualmente está preso por otros casos de corrupción, pues en 2015 confesó haber cobrado coimas de dos empresas: Trenes de Buenos Aires y la Terminal de Ómnibus de Retiro.

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