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¿QUÉ ES EL PROYECTO DE DESENDEUDAMIENTO? | FACUNDO «PIPA» MERINO y FRANCISCO «CHUECO» PAZ en #ESDP
El proyecto de ley de "desendeudamiento" impulsado por el Poder Ejecutivo provincial que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados abrió un amplio debate sobre su verdadero alcance e impacto en los hogares sanluiseños. Lejos de implicar una condonación o cancelación efectiva de las obligaciones financieras, la iniciativa se perfila técnicamente como un esquema de refinanciación y consolidación de pasivos para moras superiores a los 90 días.
El régimen plantea unificar en un solo esquema las deudas contraídas en bancos, tarjetas de crédito, plataformas de tecnología financiera (fintech) y servicios esenciales como la energía eléctrica (EDESAL). Entre los puntos destacados de la normativa se establece un período de gracia inicial de al menos dos meses, un plazo de amortización mínimo de 24 cuotas, un tope a la cuota mensual que no debe superar el 30% del ingreso del grupo familiar y un límite a la tasa de interés atado a la tasa Tamar más 10 puntos, con exenciones impositivas en Ingresos Brutos y Sellos para tentar a las entidades acreedoras. Las limitaciones del régimen voluntario
Pese a los eventuales beneficios de alivio temporal, durante el análisis periodístico se señalaron las principales debilidades estructurales de la propuesta:
Adhesión no obligatoria: Al tratarse de un régimen optativo, los bancos y billeteras virtuales privadas no están forzados a participar. Si consideran que los incentivos fiscales no compensan el costo de fondeo y el riesgo, pueden rechazar el plan, dejando a los usuarios en la misma situación.
Barrera de la morosidad: Al exigir al menos tres meses de atraso comprobable, quedan excluidos aquellos deudores que realizan esfuerzos extraordinarios pagando los mínimos de tarjetas a tasas exorbitantes para no caer formalmente en mora.
Informalidad laboral: El tope de afectación del 30% de los ingresos resulta de difícil aplicación para sectores no registrados o familias monoparentales sin recibo formal de sueldo.
Exclusión de deudas estatales: Tributos provinciales y patentes no quedan alcanzados de manera automática en la unificación.
El debate de fondo: sueldos versus deuda
En la discusión se concluyó que la acumulación de compromisos financieros por parte de las familias no responde prioritariamente a una falta de educación financiera, sino al deterioro del poder adquisitivo y a ingresos que corren por detrás del costo de vida. En ese sentido, se advirtió que postergar vencimientos sin una recomposición de los salarios reales de los empleados públicos y privados sólo funcionará como un parche temporal o "ilusión", corriendo el riesgo de reiniciar el círculo vicioso del endeudamiento cotidiano para cubrir gastos básicos.
El proyecto de ley de "desendeudamiento" impulsado por el Poder Ejecutivo provincial que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados abrió un amplio debate sobre su verdadero alcance e impacto en los hogares sanluiseños. Lejos de implicar una condonación o cancelación efectiva de las obligaciones financieras, la iniciativa se perfila técnicamente como un esquema de refinanciación y consolidación de pasivos para moras superiores a los 90 días.
El régimen plantea unificar en un solo esquema las deudas contraídas en bancos, tarjetas de crédito, plataformas de tecnología financiera (fintech) y servicios esenciales como la energía eléctrica (EDESAL). Entre los puntos destacados de la normativa se establece un período de gracia inicial de al menos dos meses, un plazo de amortización mínimo de 24 cuotas, un tope a la cuota mensual que no debe superar el 30% del ingreso del grupo familiar y un límite a la tasa de interés atado a la tasa Tamar más 10 puntos, con exenciones impositivas en Ingresos Brutos y Sellos para tentar a las entidades acreedoras. Las limitaciones del régimen voluntario
Pese a los eventuales beneficios de alivio temporal, durante el análisis periodístico se señalaron las principales debilidades estructurales de la propuesta:
Adhesión no obligatoria: Al tratarse de un régimen optativo, los bancos y billeteras virtuales privadas no están forzados a participar. Si consideran que los incentivos fiscales no compensan el costo de fondeo y el riesgo, pueden rechazar el plan, dejando a los usuarios en la misma situación.
Barrera de la morosidad: Al exigir al menos tres meses de atraso comprobable, quedan excluidos aquellos deudores que realizan esfuerzos extraordinarios pagando los mínimos de tarjetas a tasas exorbitantes para no caer formalmente en mora.
Informalidad laboral: El tope de afectación del 30% de los ingresos resulta de difícil aplicación para sectores no registrados o familias monoparentales sin recibo formal de sueldo.
Exclusión de deudas estatales: Tributos provinciales y patentes no quedan alcanzados de manera automática en la unificación.
El debate de fondo: sueldos versus deuda
En la discusión se concluyó que la acumulación de compromisos financieros por parte de las familias no responde prioritariamente a una falta de educación financiera, sino al deterioro del poder adquisitivo y a ingresos que corren por detrás del costo de vida. En ese sentido, se advirtió que postergar vencimientos sin una recomposición de los salarios reales de los empleados públicos y privados sólo funcionará como un parche temporal o "ilusión", corriendo el riesgo de reiniciar el círculo vicioso del endeudamiento cotidiano para cubrir gastos básicos.
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