El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, denunció este viernes una red de fake news en su contra y anticipó que acudirá a la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el alcance de estas acciones.
«Hemos identificado una estructura digital vinculada a GRUPO PUMA S.A.S., con dominio registrado, redes sociales activas y publicidad paga destinada a amplificar contenidos falsos y agraviantes», contó Cornejo en una publicación en sus redes sociales.
En la misma, consideró que «la libertad de expresión forma parte de la vida democrática», pero que «la mentira organizada y la desinformación deliberada, no».
Acto seguido, adelantó que avanzará con acciones acciones legales y administrativas para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el alcance de estas acciones.
«En Mendoza no vamos a naturalizar campañas basadas en la mentira, la manipulación y destinadas a dañar personas. Vamos a defender el derecho a la información veraz y el respeto a las instituciones por todas las vías legales que correspondan», concluyó el gobernador en su cuenta de X.
Más allá del mensaje publicado por el propio mandatario, desde la administración mendocina no trascendieron mayores precisiones respecto a cómo se accionará en la Justicia ante la firma apuntada.
Luz verde a minería
En otro orden, el gobierno de Mendoza reglamentó el uso de terrenos estatales vinculados a la actividad minera mediante disposiciones que establecen criterios específicos para las minas de primera, segunda y tercera categoría que desarrollan actividades sobre inmuebles del Estado.
«El objetivo es ordenar la relación entre los derechos mineros y el patrimonio estatal, brindando mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los titulares de proyectos mineros, a través de reglas claras sobre las condiciones de ocupación, uso y aprovechamiento de inmuebles pertenecientes a la Provincia», indicaron en el distrito.
Las medidas permiten determinar con mayor precisión los derechos y obligaciones asociados a cada etapa de la actividad minera, aportando previsibilidad a los operadores y fortaleciendo la transparencia en la administración de los bienes públicos.
De esta manera, se establecen mecanismos que permiten conocer con claridad cuándo un derecho minero se encuentra vigente, cuándo corresponde una contraprestación por el uso de terrenos estatales y en qué condiciones dichos inmuebles permanecen afectados a la actividad minera.
La reglamentación incorpora además un criterio de igualdad de condiciones entre quienes desarrollan actividad minera sobre terrenos estatales y aquellos que operan en inmuebles privados. El esquema busca evitar tratamientos diferenciales injustificados y asegurar que el aprovechamiento económico de los recursos minerales se desarrolle bajo reglas homogéneas y previsibles.
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