Con el Senado bonaerense finalmente convocado a sesionar este miércoles 24 de junio -la primera sesión ordinaria del año-, el gobernador Axel Kicillof aprovechó las horas previas para ingresar a la Legislatura tres proyectos de ley que espera ver convertidos en norma antes de que concluya 2026: dos vinculados al sistema sanitario provincial y uno destinado a regular el trabajo en plataformas digitales como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify.
El momento elegido no es casual. La vicegobernadora Verónica Magario convocó al Senado para este miércoles luego de meses de cuestionamientos de la oposición, reclamos de intendentes y malestar dentro del propio oficialismo por la parálisis legislativa que mantuvo el recinto sin actividad ordinaria durante todo el primer semestre.
El parate fue atribuido por distintos sectores a la disputa interna que atravesó al peronismo bonaerense entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), alineado con el gobernador, y La Cámpora, con el Frente Renovador como articulador de las negociaciones. La falta de acuerdos impidió durante meses la conformación definitiva de autoridades y el funcionamiento de las comisiones permanentes, un paso indispensable para habilitar el tratamiento de proyectos en la cámara alta.
En ese contexto, los tres proyectos de Kicillof tomarán estado parlamentario junto con otras cientos de iniciativas que acumulaban polvo en los cajones del Palacio Legislativo. Uno de ellos ya tiene historia propia: el proyecto de Producción Pública de Medicamentos, que crea un laboratorio estatal para fabricar, comprar y vender vacunas, insumos médicos y fármacos con el objetivo de incidir en los precios del mercado y garantizar el acceso. La iniciativa, impulsada por el ministro de Salud Nicolás Kreplak, tuvo media sanción en Diputados durante 2024 pero se cayó por falta de tratamiento en el Senado. Kicillof la reenvía desde cero.
La segunda iniciativa sanitaria crea un Sistema Integrado de Salud en la provincia, que busca articular los distintos subsistemas de atención existentes en el territorio bonaerense. El gobernador viene sosteniendo que el ajuste nacional provocó menos financiamiento, reducción de transferencias y aumento en los precios de medicamentos, con el cierre de cerca de 300 empresas privadas de salud, lo que generó mayor presión sobre el sistema público y un deterioro en los indicadores sanitarios.
El tercer proyecto es la llamada «Ley Rappi», elaborada por el ministro de Trabajo Walter Correa y construida según las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tomando como referencia legislaciones ya implementadas en Europa, en países como Francia, España y Gran Bretaña.
La iniciativa apunta a establecer un «piso de derechos» y condiciones de dignidad laboral para los más de 80.000 repartidores y choferes que operan actualmente en el territorio provincial, mediante la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales. El programa busca garantizar registración laboral adecuada, acceso a información sobre los algoritmos que organizan y distribuyen las tareas, seguros obligatorios contra accidentes de trabajo, condiciones básicas en los espacios físicos donde se desarrolla la actividad y servicios de emergencia para el personal.
La propuesta surge como respuesta directa a la reforma laboral nacional vigente, que categoriza a los repartidores bajo la figura de «prestadores independientes». Para Correa, la normativa nacional significó dejar a este sector «completamente excluido en esta pseudomodernización laboral». «Modernizar las normas laborales no significa quitar derechos, nada menos moderno que desproteger a quienes trabajan», sostuvo Kicillof al respecto.
No es la primera vez que el gobierno intenta avanzar en este terreno. Una versión anterior del proyecto, presentada en 2023, cosechó el rechazo de los propios trabajadores del sector. Ahora, con un panorama más difícil para los repartidores -marcado por la sobreoferta de mano de obra y la caída de los ingresos por hora- y con varios fallos judiciales que fueron delimitando el terreno, la Casa de Gobierno considera que el clima es más propicio.
Kicillof también prometió en su discurso de apertura de sesiones, en marzo, el envío de otros dos proyectos vinculados al área de seguridad: la Ley de Formación del Personal Policial y la Ley de Seguridad Pública. Ambos siguen pendientes.
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