Axel Kicillof llegará este martes a la Corte Suprema de Justicia con la certeza de que el tiempo juega a su favor. El gobernador encabezará personalmente la segunda audiencia en el reclamo por los fondos previsionales que ANSES adeuda a la Provincia, una deuda que -según la última estimación oficial- ya trepó a los $2,2 billones. La presencia del mandatario junto al equipo de abogados, técnicos y funcionarios bonaerense es, en sí misma, una señal sobre el calibre de las expectativas con que La Plata llega a la cita.
El conflicto tiene fecha de origen precisa: marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suspendió por decreto las transferencias que ANSES estaba obligada a girar mensualmente a las provincias que, como Buenos Aires, no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional. Desde entonces, la Provincia no recibió un peso por ese concepto. En abril de ese año, Kicillof formalizó la primera demanda ante el máximo tribunal exigiendo la restitución de esos fondos, que la Provincia considera reconocidos por ley. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a más de dos millones de millones de pesos.
La primera audiencia
La primera audiencia, celebrada el 17 de marzo pasado, dejó una señal que en La Plata leen como alentadora. Por la Provincia concurrieron los mismos funcionarios que irán mañana: el ministro de Economía, Pablo López; el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y la titular del IPS, Marina Moretti; mientras que en representación de ANSES asistió su secretario Legal y Técnico, Andrés María Gutiérrez.
Cuando el organismo previsional argumentó que no contaba con información suficiente para calcular las transferencias adeudadas, la Corte rechazó ese argumento como justificación válida y le dio 30 días para verificar si realmente le faltaba información o si la Provincia ya se la había remitido.
Para los técnicos bonaerenses, la excusa de la ANSES resulta «inconsistente»: señalan que el organismo pudo procesar y validar las deudas de otras nueve jurisdicciones en tiempo récord durante el último semestre, mientras que mantiene en el «limbo técnico» el reclamo de Buenos Aires, que representa casi el 50% del déficit previsional total de las provincias no transferidas.
La carga de la prueba quedó del lado de Nación. Al día siguiente de esa audiencia, el gobierno dispuso un cambio en la conducción del organismo previsional: Fernando Bearzi, por entonces director ejecutivo de ANSES, presentó su renuncia. «No sé si habrá tenido que ver su presencia», dijo el propio Kicillof días después en conferencia de prensa.
Hernán Gómez, fiscal de Estado bonaerense
Durante el mes que transcurrió entre ambas audiencias, representantes de la Provincia y de ANSES mantuvieron conversaciones técnicas. Fuentes del equipo jurídico bonaerense señalaron a Ámbito que ese intercambio fortaleció la postura provincial. La posición de La Plata es categórica: «Independientemente de las alegaciones de Nación, ellos suspendieron de forma intempestiva los anticipos», afirmó un funcionario con conocimiento directo del expediente. Y sobre el argumento de la falta de información que ANSES esgrimió en la primera audiencia, la misma fuente fue contundente: «Eso es falso. Nosotros nos pusimos a disposición para darles más información, complementar o aclarar lo que hiciera falta y, después de varios intercambios, quedó claro que no era necesario, que tenían todo. Acá hay una decisión política de Milei de suspender toda transferencia al Estado provincial«.
El mecanismo bajo discusión es técnicamente complejo pero, para el equipo jurídico bonaerense, no admite lecturas ambiguas: ANSES debe calcular cuánto le hubiera correspondido percibir a un jubilado bonaerense si el sistema previsional se hubiera transferido a Nación, y girar esa diferencia a la Provincia. Ese flujo se cortó por decreto en 2024 -a través del DNU 280, cuya constitucionalidad impugna la Provincia- y la administración bonaerense lo reclama íntegramente actualizado.
La puja política detrás del expediente judicial
Los acuerdos que el gobierno de Milei cerró en las últimas semanas con otras provincias son leídos en el equipo jurídico bonaerense como movidas estrictamente políticas, que el Ejecutivo nacional adoptó ante la presión acumulada en los territorios. Antes de la audiencia de mañana, la Casa Rosada ya cerró entendimientos por sus cajas jubilatorias con Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chaco, Neuquén, Misiones, Chubut, Santa Fe y Corrientes.
La estrategia con esos distritos consistió en la firma de convenios de «pago a cuenta» tras auditorías exprés, que en casos como el de Córdoba ya se tradujeron en giros mensuales actualizados de $10.000 millones. Para La Plata, este «desbloqueo selectivo» deja en evidencia que los fondos existen -de hecho, el Presupuesto 2026 contempla una partida de $2,5 billones para este fin- pero que se utilizan como moneda de cambio política.
En ese contexto, Buenos Aires decidió no pedir ser incluida en los adelantos de coparticipación que Nación habilitó semanas atrás para doce distritos. Nadie se lo ofreció, tampoco, confirmaron desde el gobierno provincial. Y el canal de diálogo directo con la Casa Rosada, por ahora, no existe. «Nosotros no tenemos diálogo con Nación, con lo cual vamos a intentar aprovechar» la instancia judicial, admitió la fuente consultada.
Ocho demandas, un único frente con horizonte
La audiencia de mañana a las 11 es la más avanzada de las ocho demandas que la Provincia abrió contra la Nación en menos de tres años de gestión. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, resumió la magnitud del conflicto al señalar que las deudas totales ascienden a $15,6 billones y que desde la asunción de Milei la pérdida de recursos -entre deuda directa, obras paralizadas y caída de la recaudación- llega a $22,2 billones.
Las ocho causas abarcan un abanico amplio de conflictos fiscales con la Nación. Además de la deuda previsional de ANSES, la Provincia reclama fondos del Fondo de Seguridad, del Fondo Compensador al Transporte y del boleto integrado, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), del financiamiento para bosques nativos y de la potestad de aplicar tributos locales sobre servicios de gas. La octava y más reciente demanda, presentada este lunes ante la víspera de la audiencia del 21, reclama $1,13 billones por el presunto incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023.
El Fiscal de Estado, con intervención del asesor General de Gobierno, solicitó además una medida cautelar para que Nación restituya el mecanismo de actualización original -basado en inflación efectiva y no en estimaciones presupuestarias- y así evite la generación de nuevos perjuicios hacia adelante.
Santiago Pérez Teruel
De todas esas causas, sin embargo, solo la previsional tiene fecha concreta en el calendario judicial. Las otras siete no registran señales de avance.
Qué puede pasar después
La expectativa en el equipo bonaerense de cara a la audiencia es positiva, aunque acotada. «La Corte fue muy enfática en la anterior audiencia pidiendo que Nación haga una propuesta», señaló el dirigente consultado, que sin embargo prefirió no adelantar escenarios. En los pasillos de la Gobernación no descartan que, ante la falta de voluntad de diálogo de la Casa Rosada, el máximo tribunal opte por dictar una medida cautelar que obligue a Nación a retomar los giros mínimos de subsistencia, tal como ocurrió en precedentes históricos de conflictos por coparticipación.
milei-kicillof
Más allá del resultado inmediato, el proceso judicial tiene sus propios tiempos y pasos: una vez que la Corte define su competencia -instancia en la que interviene la Procuración General-, corre traslado de la demanda y Nación dispone de entre 60 y 90 días para responder. Luego, el tribunal supremo puede convocar a una audiencia bajo el artículo 360, en la que se ponen en claro los hechos controvertidos y el rumbo del debate.
Pero hay un elemento que el equipo bonaerense pondera con particular atención: «La Corte tiene en claro que este tema tiene un componente político muy fuerte y, en casos de este tipo, suele instar a las partes a llegar a un acuerdo político», explican cerca de Kicillof. Con el canal de diálogo directo con la Casa Rosada cerrado, la Provincia apuesta a que sea precisamente esa presión del máximo tribunal la que fuerce la negociación que hasta ahora no fue posible por las vías políticas habituales.
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