Mientras el Gobierno anuncia superávit energético y el auge de Vaca Muerta, los ingenios azucareros y las plantas citrícolas del norte del país enfrentarán desde este miércoles 1 de julio una situación límite porque serán afectadas por el corte total del suministro de gas natural, conocido técnicamente como «Rampa 0». La medida, que obliga a las plantas a reducir su consumo a cero metros cúbicos y pone en riesgo la continuidad de dos economías regionales claves para el NOA.
La Unión Industrial de Tucumán (UIT) y la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) respondieron con duros comunicados de prensa, a los que se sumó un pedido formal del gobierno de la provincia para que la Nación reconsidere la medida. Sin embargo, hasta el momento prima el silencio oficial y la imposición del corte «hasta nuevo aviso» dibujan un escenario de paralización inminente que afectaría a más de 100.000 trabajadores directos e indirectos.
La distribuidora Naturgy NOA comunicó de manera oficial a los industriales que, a partir de este miércoles, se instrumentará la reducción del consumo de gas a cero metros cúbicos, permitiendo sólo «el tiempo mínimo indispensable para finalizar el procesamiento de los productos actualmente en curso». La medida, justificada por la necesidad de «atender la demanda prioritaria» (hogares, escuelas y hospitales), fue adoptada sin ventana de tolerancia de 72 horas como en otras oportunidades, lo que acelera la paralización.
Según el comunicado de ACNOA, que preside el empresario Roberto Sánchez Loria, el gas proveniente de la Cuenca Norte -cuya disponibilidad había sido asegurada el mes pasado tras gestiones del gobierno provincial- ya no alcanza para sostener la actividad. La entidad advirtió que el actual esquema obliga al sector a recurrir al Gas Natural Licuado (GNL) importado, cuyo precio escaló hasta los US24 por millón de BTU, mientras en otras regiones del país el mismo insumo ronda los U$S 3.
«Nos tratan como a kelpers»
Jorge Rocchia Ferro, presidente de la UIT y referente del sector sucroalcoholero, fue contundente al describir la situación. Consultado por Ámbito, el industrial no solo denunció la paralización de ingenios y plantas citrícolas, sino que apuntó contra la opacidad del sistema energético nacional y el tratamiento discriminatorio que recibe el norte. «Hay algo poco claro y que no es transparente, porque tenemos un gas de dos dólares y chirola en el sur, nueve dólares de exportación, tres dólares en Buenos Aires y nosotros entre 15 y 25 dólares el millón de BTU. Entonces hay aquí algo no transparente. Alguien está ganando muy mucha plata. Y a nosotros, una vez más, nos trabajan como a kelpers, no existimos», sostuvo.
Rocchia Ferro detalló que ya hay ingenios paralizados, como el caso de Ñuñorco, en el municipio de Monteros, que no pudo iniciar la zafra, y plantas citrícolas como San Miguel -una de las más importantes del país- que está deteniendo su producción. La cifra de 100.000 personas que no van a poder trabajar no es retórica, se señaló, porque representa el empleo directo e indirecto de una cadena productiva que, por su carácter estacional, no permite recuperar lo perdido.
El dirigente también cuestionó el discurso oficial sobre la «ola polar» que justifica los cortes. «No sé de qué ola polar… en Buenos Aires hoy tiene 13 grados y toda la vida ha nevado en el sur», señaló, calificando el argumento de «terrorismo mediático» que, a su juicio, favorece a alguien para «llevarse unos pesitos a su bolsillo».
Según Rocchia Ferro, la provincia «se ha puesto al frente de todo esto hasta que pudieron», pero la crisis ya superó la capacidad de gestión local. «Hoy ya es un resorte absolutamente nacional. Quien tiene que ver las irregularidades que pueden surgir de un análisis profundo de qué es lo que está pasando, es la Nación.»
El gobierno tucumano había logrado en mayo una garantía de suministro para las zafras del limón y la caña de azúcar, pero el «reordenamiento energético nacional» -decidido a través de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía- reconfiguró el sistema de transporte y redujo la capacidad para el NOA en un 35% y dejó sin efecto los compromisos previos. Por consultas de este medio, se supo que la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, a través del Ministerio de Economía provincial, formalizó un nuevo reclamo a la titular del área, María Carmen Tettamanti, exigiendo un reparto «equitativo y federal» del gas.
Una obra discontinuada que condena al norte
La crisis que estalló no es una fatalidad climática ni una consecuencia inevitable del agotamiento de la Cuenca Noroeste. Es, en buena medida, el resultado de una decisión política que paralizó la principal obra de infraestructura energética para el norte del país y que es el Gasoducto Norte.
El proyecto, que contemplaba la construcción de un gasoducto troncal de aproximadamente 1.400 kilómetros para transportar gas desde Vaca Muerta hacia las provincias del NOA, fue discontinuado por la gestión del presidente Javier Milei poco después de asumir el gobierno en diciembre de 2023. La obra, que había sido licitada y parcialmente financiada durante la administración anterior con fondos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Transporte de Gas Natural (FOGAS), fue abandonada en sus primeras etapas, dejando al norte argentino sin la infraestructura necesaria para acceder al excedente de gas que hoy se exporta desde la Cuenca Neuquina.
Según estimaciones técnicas, el Gasoducto Norte requería una inversión total de aproximadamente U$S1.500 millones y hubiera permitido reducir de manera drástica la dependencia del norte respecto del gas importado de Bolivia y del GNL. Su finalización habría garantizado un suministro estable y a precios competitivos para las industrias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, eliminando la asimetría tarifaria que hoy las condena.
El comunicado de la UIT planteó un interrogante sobre la transparencia del mercado: «¿Quién se beneficia con este esquema que obliga a las industrias a pagar un gas hasta nueve veces más caro?», se preguntó Rocchia Ferro. La entidad exige «absoluta transparencia» y que el Gobierno ejerza sus facultades de control y auditoría para evitar que las empresas comercializadoras «jueguen con el trabajo, la producción y el sustento de miles de familias argentinas».
La crítica apunta a una asimetría que no es coyuntural sino estructural: mientras el AMBA accede a gas subsidiado o a precios de producción local (entre US2yU S 3), el NOA debe competir con tarifas de importación que liquidan la competitividad regional. Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, lo resumió en mayo: «Competimos con fábricas en Buenos Aires o Córdoba que no tienen este problema. Si tenemos que pagar 27 dólares, directamente tenemos que cerrar».
Con la zafra citrícola y azucarera en pleno desarrollo, las plantas procesadoras de limón dejaron de recibir fruta y solo procesan lo que está en existencia; mientras que en el azucarero, la imposibilidad de moler condena a pérdidas irreversibles en una campaña que, según proyecciones, tenía potencial para recuperar volúmenes no molidos en temporadas anteriores. La advertencia de ACNOA cerró con una frase que resume la urgencia. «No dejemos que los desajustes coyunturales de la temporada 2026 se conviertan en la crisis estructural permanente del 2027», aseveró la entidad que conduce Sánchez Loria.
También estaciones de servicios
En las últimas horas se supo que la Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Garages y Afines (CAPEGA), anunció que la distribuidora Naturgy NOA dispuso la interrupción del gas natural para cinco estaciones de servicios provinciales tucumanas. De acuerdo al diálogo de este medio con un integrante de CAPEGA, se comunicó que el cierre del grifo se tomó ante «el fuerte incremento de la demanda residencial de gas natural», que alcanzó niveles muy superiores a los habituales para esta época del año.
Trascendió que ese escenario generó una situación de «estrés operativo» sobre el sistema de transporte del fluido proveniente de la cuenca Neuquina y obligó a priorizar el abastecimiento de usuarios residenciales y servicios esenciales. Se aclaró que la evolución de la situación será monitoreada a diario por las autoridades, en coordinación con el Ente Nacional Regulador del Gas, las distribuidoras y las empresas transportistas. Se aclaró que el 90% de las estaciones de servicios atienden con normalidad.
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