Complican a Manuel Adorni: confirman pago adelantado de u$s12.000 en efectivo

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un elemento probatorio de relevancia institucional tras la declaración testimonial de la propietaria del inmueble donde reside la madre del exfuncionario, Silvia País. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la dueña de la vivienda ratificó que la operación de locación incluyó un desembolso excepcional y anticipado de 12.000 dólares en efectivo para cubrir el primer año de contrato. De acuerdo con los términos de la declaración testimonial, la propiedad en cuestión se encuentra emplazada en el barrio cerrado Fincas de Iraola II, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui, y posee un valor locativo mensual estipulado en 1.100 dólares. La testigo precisó que, si bien las negociaciones formales y la gestión administrativa estuvieron a cargo de una firma inmobiliaria intermediaria, el acto presencial de suscripción del contrato de locación y la entrega material de las divisas en efectivo fueron ejecutados por Juan País, hermano de la residente y tío de Adorni.  La Fiscalía Federal focaliza la pesquisa sobre esta transacción comercial debido a que el pago anualizado y en moneda extranjera en efectivo podría configurar un mecanismo tendiente a evitar los registros del sistema de transacciones bancarias tradicionales. El procedimiento se acopla a las solicitudes de informes cursadas previamente a la administración del mencionado country respecto al histórico de liquidación de expensas mensuales —las cuales ascenderían a los 500 mil pesos—, cuyos comprobantes también reflejan la modalidad de pago en efectivo. El avance de las declaraciones de los testigos y la recopilación de material documental por parte del Ministerio Público Fiscal buscan determinar la existencia de eventuales inconsistencias entre la evolución patrimonial declarada por el entorno familiar de Adorni y el flujo real de sus gastos corrientes durante el ejercicio de la función pública. En el marco de este proceso penal, el juzgado federal interviniente mantiene vigente una medida cautelar restrictiva que impone al exjefe de Gabinete la obligatoriedad de notificar y requerir autorización formal previa ante cualquier intención de abandonar el territorio nacional.