Más de 230 jefes comunales cordobeses se congregaron para denunciar el ajuste nacional y la crisis del PAMI, mientras el gobierno provincial se comprometió a cubrir lo que Nación no paga. La movida, que contaría con el aval y el impulso del Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno, marcó un giro en la estrategia del gobernador Martín Llaryora, quien endureció su discurso contra el presidente Javier Milei y aceleró la «peronización» de su gestión de cara a las elecciones de 2027.
En una demostración de fuerza inédita, los intendentes peronistas, radicales y vecinalistas de la provincia se reunieron el pasado 21 martes en el Centro Cívico del Bicentenario para plantarse frente a la administración de Javier Milei. El motivo central fue la deuda millonaria del PAMI con los prestadores de salud locales -que asciende a $2.900 millones, actualizables a $4.700 millones con intereses- y los recortes de programas nacionales que asfixian las arcas municipales.
El encuentro, encabezado por el ministro de Gobierno provincial, Manuel Calvo, y con la presencia de equipos de Economía y Gestión Pública, no fue una simple reunión de trabajo, fue una declaración política de alto voltaje. Los jefes comunales, que gobiernan sobre una población estimada de 1.450.000 personas, evaluaron el impacto de la crisis del PAMI sobre el sistema de salud del interior y cuestionaron con dureza el freno de los programas nacionales.
«Es decisión de nuestro gobernador acompañar a los intendentes para que puedan seguir adelante con las obras que se comprometieron a cumplir en beneficio de sus vecinos», remarcó Calvo, en una frase que encapsula el nuevo posicionamiento del gobierno cordobés que se sintetizó en una frase, «de donde la Nación se retira, la Provincia avanza».
«Era justo lo que estábamos necesitando, saber que la Provincia nos va a seguir acompañando en medio de la crisis que nos afecta a todos», reconoció uno de los intendentes presentes. A coro, los jefes municipales denuncian no solo la falta de pagos, sino también fallas en el sistema de traslados de pacientes. Las empresas privadas contratadas por PAMI «no logran cubrir la demanda», lo que obliga a los municipios a utilizar sus propias ambulancias sin que esos costos adicionales sean reconocidos.
«Que el ajuste no pase por los jubilados»
Al día siguiente, 156 intendentes peronistas firmaron una nota de reclamo ante la delegación local del PAMI, que conduce Eduardo Frayre, en la que denunciaron una «crisis operativa y financiera» que los obliga a utilizar fondos propios para garantizar la atención de los adultos mayores. «No podemos permitir que la variable de ajuste sean nuestros jubilados», advirtieron.
En los pasillos del poder cordobés no hay dudas de que el endurecimiento de Martín Llaryora contra la Casa Rosada es calculado. Hace apenas semanas, el gobernador advirtió que «el PAMI no puede abandonar a los abuelos». En los últimos días, esa advertencia se transformó en acción concreta porque el gobierno provincial garantizó la continuidad del plan de infraestructura vial, educativo, de salud y cloacas, y se comprometió a cubrir lo que Nación no pague.
Sin embargo, la estrategia no está exenta de riesgos. La ausencia de pesos pesados en la lista de firmantes contra el PAMI, como Daniel Passerini (Capital), Esteban Avilés (Villa Carlos Paz) o Marcos Ferrer (Río Tercero), mostró fisuras en el armado territorial, mientras la creciente «peronización» de la gestión ya generó el rechazo de dirigentes radicales y del PRO que se habían acercado a Llaryora en sus inicios, como el exministro Orlando Arduh, ahora alejado de las áreas de manejo de fondos.
En marzo, Llaryora cuando incorporó a seis intendentes peronistas a su gabinete en lo que el oficialismo bautizó sin vueltas como la «peronización» de la gestión. El desembarco más resonante fue el de Marcos Torres, intendente de Alta Gracia, al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Le siguieron Agustín González (Cruz Alta) en Seguridad, Martín Torres Cena (Laguna Larga) y Jorge Arroyo (El Arañado) en Gobierno, Fabricio Díaz (Capilla del Monte) y Darío Chesta (Río Segundo) en Cooperativas, y Laura Jure -schiarettista pero con raíces en el peronismo- en la secretaría General de esa cartera.
El mensaje del nuevo jefe del peronismo cordobés fue claro: convencido que su principal adversario en 2027 será La Libertad Avanza -que ya construye una alianza opositora con el juecismo-, Llaryora decidió recostarse nuevamente sobre la estructura del Partido Justicialista, tanto en la capital como en el interior provincial.
A dos puntas
La jugada tiene doble lectura, de acuerdo a consultas de Ámbito. Por un lado, el gobernador se posiciona como el único escudo frente al ajuste nacional, ganando terreno en los municipios del interior que sufren la caída de la recaudación y el retiro de fondos federales. Y por otro, consolida una estructura política territorial que le permita encarar su campaña por la reelección con el peronismo como columna vertebral.
La Legislatura provincial se sumó a este movimiento al aprobar una declaración que solicita la renuncia de Eduard Frayre al frente de la delegación del PAMI, ante la falta de respuestas institucionales. La iniciativa, presentada por el legislador Dante Rossi, denuncia demoras en la atención, dificultades para obtener turnos y saturación del sistema.
El quiebre de la diplomacia entre Córdoba y la Nación se profundizó hace una semana, durante el acto de lanzamiento del programa «CBA Me Capacita 2026», realizado en el Centro Cívico, cuando Martín Llaryora apuntó contra la Casa Rosada. «Pido públicamente: no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos». El gobernador cuestionó que el PAMI esté «abandonando a los abuelos» y exigió que los números del ajuste «cierren con la gente adentro». «A los dirigentes nacionales, tengan coraje, defiendan a los abuelos, ¿o no se acuerdan lo que hicieron por esta patria y por este país?», cuestionó.
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