Su postura surge tras naufragar las negociaciones directas emprendidas por el Ejecutivo anterior, las cuales fallaron al buscar que bandas criminales influyentes entregaran sus fusiles.
El mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que una de sus primeras medidas tras asumir el cargo el próximo 7 de agosto será la supresión de la consejería presidencial de paz. Esta determinación surge como respuesta al fracaso de la estrategia de diálogos directos implementada por la administración saliente de Gustavo Petro, la cual no consiguió el desarme de las principales organizaciones armadas del país. De la Espriella confirmó que suspenderá de inmediato cualquier negociación activa heredada del actual gobierno de izquierda.
A través de sus redes sociales, el próximo gobernante fue tajante al señalar que la figura del comisionado de paz dejará de existir bajo el argumento de que durante su gestión no se darán procesos de falsa paz. Según explicó, el enfoque prioritario de su mandato de cuatro años se centrará en garantizar la seguridad ciudadana y en desmantelar el actual sistema de impunidad.
Esta postura se alinea con el ultimátum que lanzó hace dos semanas, en el cual otorgó un plazo de un mes para que las estructuras criminales y narcotraficantes se sometan a la justicia, advirtiendo que no ofrecerá concesiones inaceptables.
La desaparición de la oficina de paz forma parte de una reforma mucho más amplia dentro de la sede presidencial, que contempla la eliminación de más de 200 cargos públicos. De la Espriella aseguró que esta reestructuración administrativa generará un ahorro estimado en 10.000 millones de pesos, equivalentes a unos u$s3,1 millones. Con este nuevo esquema, diversas responsabilidades que antes recaían en la consejería serán transferidas y asumidas directamente por las carteras de Interior y de Defensa.
La propuesta de Abelardo de la Espriella para desmantelar la JEP
El mandatario electo ratificó su intención de acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal surgido tras el histórico acuerdo de 2016 con las FARC para juzgar los crímenes del conflicto armado.
De la Espriella, quien cuestionó duramente a esta corte desde su campaña electoral por considerarla un organismo de venganza que actúa con asimetría judicial, buscará su desmantelamiento definitivo como parte de su nueva política de seguridad.
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