Diputados dio media sanción a la «Ley Hojarasca», que busca derogar 60 normas

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles a la llamada «Ley Hojarasca», que busca derogar 60 normas de distinta índole. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cosechó 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones. Ahora, deberá tratarse en el Senado.

Además de La Libertad Avanza, votaron a favor de la ley el interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Karina Banfi y José Luis Garrido), Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan), La Neuquinidad y 5 diputados de Provincias Unidas (Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, José Núñez, Gisela Scaglia y Alejandra Torres), bancada que se dividió entre votos a favor, en contra y abstenciones.

En tanto, los votos negativos fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Primero San Luis, Defendamos Córdoba, la cívica Mónica Frade y 2 de Provincias Unidas (Juan Brügge y Esteban Paulón).

Las nueve abstenciones fueron de Carolina Basualdo, Mariela Coletta, Pablo Farías, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Martín Lousteau, María Inés Zigarán, de Provincias Unidas; Maximiliano Ferraro, de la CC; y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; todos del interbloque Unidos.

Según la clasificación de sus ideólogos, las leyes a derogar son aquellas que han sido «superadas por normas posteriores», las que se volvieron «obsoletas o sin efecto» por el paso del tiempo, aquellas que «afectan libertades individuales», otras que generan burocracia y algunas que remiten a procesos inexistentes o a organismos disueltos. Algunas datan de la época de la última dictadura militar y otros gobiernos de facto.

La iniciativa había sido enviada en octubre de 2024 a la Cámara baja, pero nunca se puso en discusión. A fines de marzo pasado, el texto volvió a ingresar y obtuvo dictamen de comisiones el 21 de abril.

Con las modificaciones que sufrió, se pasó de 63 a 59 las leyes que se propone derogar en su totalidad. A su vez, plantea derogar varios artículos de otras tres y dos decretos.

Entre los cambios, se quitó de la lista a la Ley 20.959, que es la que garantiza el libre estacionamiento para diputados y senadores nacionales.

Por otra parte, a pedido de representantes del cooperativismo, se retiró la Ley 11.380, sobre fomento crediticio para el sector.

Dentro de la clasificación de leyes a derogar aparecían artículos de dos normas relacionadas con «organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales».

También, producto del debate en comisiones, se eliminó la modificación que se buscaba sobre la Ley 20.984, del Círculo de Legisladores de la Nación. El objetivo del PEN era eliminar el financiamiento estatal, pero no prosperó.

En cuanto a la Federación Argentina de Municipios, Ley 24.087, el texto original planteaba lo mismo. Pero se reformó y lo que habrá es una aclaración de que «la Federación no podrá recibir recursos exclusivamente del Estado nacional ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica».

Entre las leyes que forman parte del listado y resonaron por su absurda vigencia aparecen una referida a prohibición de azotes a una persona (N° 94); la «Ley del Lobizón» (N° 20.843), de padrinazgo presidencial; la que autoriza las emisiones de televisión en color (N° 21.895); la que crea el carnet de mochilero (20.802); y la referida a carrera de palomas (27.171).

Durante el debate, la oposición planteó -entre otras- su preocupación por la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales.

El debate

Primer orador del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, consideró que el paquete de normas que se buscan derogar “pone en evidencia el penoso paradigma de lo que es ser un legislador. El paradigma predominante en la mayoría de los cuerpos legislativos del país es que creen que estamos para guiar, controlar, auditar, monitorear, para intervenir y -por supuesto, esta no se la pierden nunca- para gravar cada paso del ciudadano, haciéndole la vida absolutamente imposible”.

Según el libertario, en Argentina hubo “40 años de bochorno legislativo”. “Las regulaciones, las leyes, las normas son para proteger la vida, la libertad y la propiedad. El derecho no es para cualquier cosa”, opinó y se quejó de que se mida “la calidad legislativa con la cantidad legislativa”, algo que observó “en estos dos años y me parece francamente patético”. En ese sentido, cuestionó la “carrera” por “acumular proyectos en las comisiones un ningún sentido”.

“Este laberinto regulatorio y esta carrera de obstáculos que le hemos dado en 90 años al laburante, al argentino de bien, que hace una cosa irrespirable, venimos ahora a sacar una parte. Pero hay mucho que trabajar aún”, anticipó el oficialista y agregó que algunas de las normas a derogar fueron “construidas para los kioscos políticos” y para “alimentar el ego patológico de los políticos”.

En tanto, su par Nicolás Mayoraz detalló que se busca “suprimir normas que están superadas por normas posteriores o que por lo obsoleta son ridículas; normas obsoletas por el avance tecnológico; leyes que afectan libertades individuales; leyes que imponían un montón de trámites burocráticos, hoy totalmente innecesarios; leyes que crearon organismos que hoy no existen; y aquellas sobre organismos financiados con fondos nacionales sin ningún sentido”.

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales se refirió específicamente a la N° 26.688, sobre la producción pública de medicamentos, y sostuvo: “Se ha dicho que pone en peligro los laboratorios estatales; nada más alejado de la realidad”. El santafesino aseguró que esa norma fue “declamatoria” y, además, “demoró tres años en reglamentarse, no creó ningún laboratorio, no asignó ningún fondo ni presupuesto a los laboratorios. En definitiva, no sirvió de nada”. A su vez, definió que este proyecto apunta a “cambiar el paradigma del Estado omnipresente”.

Por la oposición, el massista Diego Giuliano resaltó que “Hojarasca es una ley que no ha sido seguramente el producto de un trabajo jurídico muy fino” ya que “deroga leyes que ya están derogadas; normas muertas, completamente inaplicadas por décadas”. En ese sentido, se preguntó por qué se llamaba a discutir este tema en este contexto: “Miren lo que nos traen a discutir…”.

A continuación, el diputado de Unión por Patria advirtió que se “derogan leyes que son importantes; avalando la mercantilización de los medicamentos, el límite a capital extranjero en los medios, la que promociona la música nacional, el fomento del cine, la promoción de fabricación de fertilizantes”.

En su discurso, Giuliano cargó contra Sturzenegger, al adjudicar este proyecto al “trauma ideológico de un ministro que se vanagloria de ser un destructor del Estado”.

A su turno, el tucumano Pablo Yedlin defendió la Ley 26.688. “No le hace mal a nadie”, manifestó y señaló que “el interés a la elaboración pública de medicamentos y vacunas” es primordial porque “hace a la soberanía sanitaria de un país”. “No se puede borrar en una lista una política sanitaria estratégica. Argentina no puede resignar estas cosas”, enfatizó y puso como ejemplo que “el mercado no va a producir vacunas contra la fiebre hemorrágica argentina”, una enfermedad frecuente en la ciudad de Pergamino, cuya vacuna es producida por un laboratorio nacional.

En el cierre, ironizó: “Cuidado con hojarasca, que en medio de varias hojitas secas cortamos varias raíces que todavía están verdes en el sistema sanitario argentino”.

Pablo Farías, integrante de Provincias Unidas, criticó la exposición del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, quien habló de “la derogación de normas inútiles y que cuesta creer que eso tenga alguna importancia real”. En contra del texto, acusó al Poder Ejecutivo de poner “una trampa clara” que denominó “SPP (si pasa, pasa)”.

En ese sentido, recordó que se había propuesto la eliminación de beneficios impositivos del sector cooperativo y destacó que se haya quitado, pero también mencionó que se borró la derogación de la ley sobre libre estacionamiento para los legisladores: “Si hacemos un esfuerzo, ¿por qué no la derogamos?”, dijo sobre las contradicciones del discurso de privilegios.

Desde la izquierda, Myriam Bregman cargó contra el oficialismo y sus aliados: “Hay que ser ‘dipu-termo’ para votar esto”. Y subió la apuesta: “No hay si quiera dos o tres diputados de los que van a votar a favor que sepan de lo que se trata”. Asimismo, criticó a los gobernadores por aportar representantes en el quórum y enfatizó que “esto no es Hojarasca, es una entrega de soberanía”.

En relación al contenido del debate, subrayó: “Con todas las urgencias que hay hoy, ¿por qué tenemos que venir a debatir esto?”. “Esto sirve para no hablar de lo insoportable que se volvió la vida para las mayorías populares”, expresó y aseguró que “discutir salarios y jubilaciones está prohibido para el Gobierno porque se lo pide el Fondo Monetario Internacional”. Y cerró con críticas hacia el creador de esta norma: “Sturzenegger puede ser funcionario porque le hicieron un favor desde Comodoro Py. Debería estar preso y no redactando leyes”.