Escándalo en San Luis: denuncian a concejala por usar fondos públicos para su negocio privado

El fuero penal de la ciudad de San Luis investiga una denuncia por presunta malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública que involucra a las máximas autoridades del ámbito legislativo y ejecutivo municipal. La presentación formal, impulsada por el bloque de concejales justicialistas a través de la representación legal del abogado Alejandro Cordido, expone un esquema de desvío de fondos estatales destinados al financiamiento de los servicios de un emprendimiento comercial de carácter privado. El eje de la controversia recae sobre la concejala Laura Sánchez, actual presidenta del Concejo Deliberante y titular de la Liga Sanluiseña de Fútbol. De acuerdo con la acusación, el municipio capitalino solventó sistemáticamente entre agosto de 2025 y mayo de 2026 el consumo de energía eléctrica de un predio dedicado al alquiler de canchas de futsal usufructuado por la funcionaria. Las erogaciones mensuales, abonadas con recursos de los contribuyentes, oscilaban entre los 300.000 y los 500.000 pesos, careciendo de cualquier tipo de contraprestación o acto administrativo regulado que justificara dicho subsidio estatal. El letrado denunciante enfatizó la gravedad institucional del hecho debido al rol de control del gasto público que le compete al Poder Deliberativo, cuya máxima autoridad se encuentra hoy sospechada de un enriquecimiento ilícito derivado del ahorro de sus costos operativos particulares. Asimismo, la denuncia extiende las responsabilidades penales a la secretaria de Gobierno y a la contadora general de la Municipalidad, señalando una presunta coautoría o falta deliberada de los controles internos necesarios al momento de autorizar los pagos líquidos del servicio eléctrico. Para la querella, el inicio repentino de un trámite administrativo de cambio de titularidad del medidor, coincidente con la denuncia, funciona como una admisión tácita de la irregularidad. La causa penal se encuentra radicada en la unidad de abordaje fiscal bajo la órbita del fiscal Amitrano, instancia en la que se producirán los cruces de pruebas documentales y los balances de la cuenta de inversión municipal. En tal sentido, los denunciantes remarcaron que el Tribunal de Cuentas no podrá desconocer esta situación, dado que su función primordial es verificar que las erogaciones del ejercicio se ajusten de manera razonable a las pautas contables del Estado, excluyendo de forma taxativa el financiamiento indebido de actividades lucrativas privadas que configuren un claro perjuicio a las arcas públicas.