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ESCÁNDALO UENO BANK Y CRISIS EN PARAGUAY | ORLANDO BAREIRO, PERIODISTA DE GRUPO ÑANDUTÍ #ESDP
En una jornada de máxima tensión institucional y política, el Senado de Paraguay rechazó este viernes el pedido de prórroga de 72 horas solicitado por el presidente Santiago Peña y lo intimó a presentarse en un plazo perentorio para enfrentar el juicio político en su contra.
La crisis se precipitó tras el intento del mandatario de presentar su renuncia al cargo, una maniobra que buscaba evitar la pérdida de fueros y el avance parlamentario. Ante esto, la Cámara de Diputados impulsó rápidamente el libelo acusatorio, que este mediodía pasó a tratamiento decisivo en la Cámara Alta con los votos necesarios para su avance. La sombra de Ueno Bank y los fondos previsionales
El detonante central del proceso político y judicial es el colapso financiero de Ueno Bank, entidad que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay el pasado 3 de noviembre y de la cual Peña fue accionista hasta el año pasado.
Según detalló en diálogo periodístico Orlando Bareiro, periodista de investigación del Grupo Ñandutí, la entidad no contaba inicialmente con la capacidad técnica ni legal para captar recursos públicos. Sin embargo, mediante gestiones promovidas desde el Poder Ejecutivo, logró captar fondos clave del Instituto de Previsión Social (IPS) y adjudicarse contrataciones estatales directas con firmas vinculadas al conglomerado financiero.
El impacto social es masivo: se calcula que al menos 3 millones de personas resultaron afectadas por la caída de la entidad, entre ahorristas particulares, jubilados y fondos de ministerios públicos. Allanamientos, detenidos y bienes de lujo
En paralelo al debate en el Congreso, el Ministerio Público ejecutó múltiples operativos encabezados por el fiscal Silvio Corbeta. Hasta el momento, ocho directivos de la entidad bancaria ya fueron detenidos y trasladados a dependencias penitenciarias, entre ellos el penal de Tacumbú y Emboscada.
Durante los procedimientos en la residencia de Federico Miguel Vázquez, fundador e identificado por los investigadores como el artífice de la estructura financiera, la fiscalía incautó nueve vehículos de alta gama valuados en 1,4 millones de dólares, además de una avioneta y una embarcación. Asimismo, comitivas fiscales inspeccionaron la sede del Banco Central para recolectar documentación probatoria. Horas decisivas para la presidencia
Ante la negativa del Senado de conceder más tiempo para analizar las más de 300 fojas del anexo acusatorio, Peña se trasladó a la sede legislativa acompañado por su equipo legal para ejercer su descargo. Para la destitución formal se requiere una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
El escenario inmediato abre interrogantes sobre la gobernabilidad del país. De concretarse la remoción, la sucesión constitucional recaería en el vicepresidente Pedro Alliana. No obstante, el recambio enfrentará serios desafíos: varios ministros y secretarios clave ya presentaron sus renuncias en las últimas horas, mientras sectores políticos y sociales observan con recelo el grado de conocimiento o complicidad del propio Ejecutivo entrante en las maniobras investigadas.
En una jornada de máxima tensión institucional y política, el Senado de Paraguay rechazó este viernes el pedido de prórroga de 72 horas solicitado por el presidente Santiago Peña y lo intimó a presentarse en un plazo perentorio para enfrentar el juicio político en su contra.
La crisis se precipitó tras el intento del mandatario de presentar su renuncia al cargo, una maniobra que buscaba evitar la pérdida de fueros y el avance parlamentario. Ante esto, la Cámara de Diputados impulsó rápidamente el libelo acusatorio, que este mediodía pasó a tratamiento decisivo en la Cámara Alta con los votos necesarios para su avance. La sombra de Ueno Bank y los fondos previsionales
El detonante central del proceso político y judicial es el colapso financiero de Ueno Bank, entidad que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay el pasado 3 de noviembre y de la cual Peña fue accionista hasta el año pasado.
Según detalló en diálogo periodístico Orlando Bareiro, periodista de investigación del Grupo Ñandutí, la entidad no contaba inicialmente con la capacidad técnica ni legal para captar recursos públicos. Sin embargo, mediante gestiones promovidas desde el Poder Ejecutivo, logró captar fondos clave del Instituto de Previsión Social (IPS) y adjudicarse contrataciones estatales directas con firmas vinculadas al conglomerado financiero.
El impacto social es masivo: se calcula que al menos 3 millones de personas resultaron afectadas por la caída de la entidad, entre ahorristas particulares, jubilados y fondos de ministerios públicos. Allanamientos, detenidos y bienes de lujo
En paralelo al debate en el Congreso, el Ministerio Público ejecutó múltiples operativos encabezados por el fiscal Silvio Corbeta. Hasta el momento, ocho directivos de la entidad bancaria ya fueron detenidos y trasladados a dependencias penitenciarias, entre ellos el penal de Tacumbú y Emboscada.
Durante los procedimientos en la residencia de Federico Miguel Vázquez, fundador e identificado por los investigadores como el artífice de la estructura financiera, la fiscalía incautó nueve vehículos de alta gama valuados en 1,4 millones de dólares, además de una avioneta y una embarcación. Asimismo, comitivas fiscales inspeccionaron la sede del Banco Central para recolectar documentación probatoria. Horas decisivas para la presidencia
Ante la negativa del Senado de conceder más tiempo para analizar las más de 300 fojas del anexo acusatorio, Peña se trasladó a la sede legislativa acompañado por su equipo legal para ejercer su descargo. Para la destitución formal se requiere una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
El escenario inmediato abre interrogantes sobre la gobernabilidad del país. De concretarse la remoción, la sucesión constitucional recaería en el vicepresidente Pedro Alliana. No obstante, el recambio enfrentará serios desafíos: varios ministros y secretarios clave ya presentaron sus renuncias en las últimas horas, mientras sectores políticos y sociales observan con recelo el grado de conocimiento o complicidad del propio Ejecutivo entrante en las maniobras investigadas.
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