Un millón de personas en situación irregular iniciaron sus trámites de documentación en España gracias al programa excepcional que el Ejecutivo implementó a mediados de abril y que expira este martes. El balance fue presentado por el presidente Pedro Sánchez, cuyo gabinete de izquierdas consolida así un modelo de recepción e integración que contrasta abiertamente con el endurecimiento de las fronteras que predomina en el resto de la Unión Europea.
Durante su intervención, Sánchez defendió la medida asegurando que busca «que el mundo vea a España como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos». Asimismo, el presidente definió la iniciativa como «buena» para las finanzas nacionales, sin obviar los «desafíos» que este proceso conlleva.
Tras el cierre del plazo, la administración pública cuenta con un margen de tres meses para evaluar cada expediente y decidir si otorga el permiso de residencia y trabajo, el cual tendrá validez exclusiva en territorio español.
Sánchez defiende la regularización migratoria frente a las críticas de la oposición
Para acceder al proceso, los solicitantes debían certificar su permanencia en España desde antes del 1 de enero, con un mínimo de cinco meses de residencia, y acreditar la ausencia de antecedentes penales. A mediados de abril, cuando arrancó la convocatoria, las previsiones del Ejecutivo apuntaban a regularizar a unos 500.000 ciudadanos, principalmente de origen latinoamericano que ya residían en el país.
En esta misma línea, Sánchez consideró este martes que el plan es «un paso clave para sacar de la invisibilidad una realidad que existe en nuestro país, de cientos de miles de personas que conviven entre nosotros», aprovechando la ocasión para reivindicar un modelo migratorio «legal, segura y ordenada».
El jefe del Ejecutivo vinculó directamente el proceso con el reto demográfico y la sostenibilidad económica del país: «La inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el Estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios», concluyó en referencia al progresivo envejecimiento de la población.
Durante la clausura de este séptimo proceso de regularización en la historia democrática del país, el líder socialista cargó contra la oposición del Partido Popular y de Vox, acusándolos de instrumentalizar el miedo y promover discursos xenófobos que no aportan soluciones reales.
Sánchez defendió que la integración y la concesión de derechos ciudadanos no implican ignorar las tensiones o los retos de la convivencia, sino asumirlos de frente para resolverlos. En este contexto, el presidente aprovechó la jornada para anunciar el lanzamiento de un Plan de Integración y Ciudadanía, el cual contará con una partida presupuestaria inicial de 500 millones de euros durante su primer año de ejecución.
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