El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una reforma migratoria que endurece significativamente las herramientas de control y expulsión de extranjeros en situación irregular. Entre los cambios más relevantes, la nueva normativa habilita la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea y amplía las facultades de detención de las autoridades nacionales.
La iniciativa fue aprobada en Estrasburgo por 418 votos a favor y 218 en contra, superando uno de los últimos pasos legislativos para su entrada en vigor. La votación se produjo en un contexto de creciente endurecimiento de las políticas migratorias en Europa, impulsado por cambios en la opinión pública y por el avance electoral de partidos de derecha y extrema derecha en distintos países del bloque.
Para entrar en vigor, la normativa aún debe recibir la aprobación formal de los Estados miembros de la Unión Europea, aunque los gobiernos del bloque ya habían expresado previamente su respaldo provisional al texto.
Europa endurece su política migratoria
La sanción del texto dejó en evidencia la fuerte división política que genera el debate migratorio. Mientras sectores conservadores celebraron el resultado, legisladores de izquierda reaccionaron con gritos de «vergüenza» dentro del recinto y organizaciones de derechos humanos cuestionaron duramente la reforma.
“Este reglamento deja claro que somos nosotros, y no los traficantes, quienes decidimos quién puede quedarse en la Unión Europea y quién debe marcharse”, afirmó el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la posibilidad de establecer «centros de retorno» fuera de las fronteras comunitarias para alojar a migrantes que no tengan derecho a permanecer en la UE. Varios gobiernos, entre ellos los de Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos, ya exploraban alternativas para implementar este tipo de instalaciones.
“Nuestro objetivo es concluir los primeros acuerdos para la creación de estas estructuras en 2026, de modo que puedan estar operativas en 2027”, señaló el domingo el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.
La normativa también establece una obligación estricta para que las personas sujetas a expulsión abandonen el territorio europeo y colaboren con las autoridades durante el proceso. Quienes se nieguen a hacerlo, sean considerados un riesgo para la seguridad o presenten peligro de fuga podrán permanecer detenidos hasta dos años.
Además, las autoridades nacionales tendrán mayores facultades para realizar registros sobre ciudadanos extranjeros, inspeccionar viviendas u otros lugares considerados relevantes y confiscar pertenencias personales con el objetivo de garantizar la ejecución de las expulsiones.
Las críticas sobre la nueva legislación
Las nuevas disposiciones despertaron inmediatamente un fuerte rechazo de organizaciones humanitarias y de dirigentes progresistas, que consideran que la reforma profundiza una visión punitiva de la migración.
En diálogo con AFP, desde Cáritas advirtieron que las medidas podrían “estigmatizar y criminalizar a los migrantes y alimentar la polarización» en un momento en que las sociedades europeas “necesitan urgentemente mayor cohesión”.
Por su parte, el integrante del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Alessandro Zan, calificó la iniciativa como “un capítulo oscuro para Europa”, en declaraciones a la agencia.
“Abre la puerta a deportaciones forzosas, controles cada vez más invasivos al estilo del ICE de la era Trump, y a la normalización de la detención incluso de personas que no han cometido ningún delito”, sostuvo.
En este sentido, los detractores ponen el foco sobre la supuesta efectividad de la medida, y sus implicancias legales y humanitarias. Algunos compararon estos centros con «agujeros negros legales» donde los migrantes podrían quedar atrapados durante largos períodos bajo una supervisión limitada.
En la vereda opuesta, los defensores de la reforma argumentan que los centros de retorno permitirán agilizar los procesos de repatriación y actuarán como un elemento disuasorio frente a la migración irregular.
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