La escasez de gas natural para las industrias del norte del país es una de las principales preocupaciones del sector productivo de Tucumán, Salta y Jujuy, en un contexto en donde la llegada del invierno amenaza con profundizar la crisis energética regional. Frente a este escenario, Tucumán logró un principio de acuerdo con YPF/Refinor -gestionado por el gobernador Osvaldo Jaldo- para garantizar el suministro de combustibles a la industria local, mientras que el empresariado de Salta y Jujuy reclama a las autoridades acciones similares para evitar paradas de producción que ya se vislumbran.
La Unión Industrial de Tucumán (UIT) destacó el trabajo conjunto con el gobierno provincial para asegurar gas en condiciones competitivas. En un comunicado de prensa, la vicepresidenta Florencia Andriani -junto al secretario Santiago Bonatti y a la vocal Catalina Rocchia Ferro- expresó: «Valoramos el trabajo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo y por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quienes llevaron adelante intensas gestiones ante las autoridades nacionales y los distintos actores del sistema energético», señala el comunicado. La UIT subraya que contar con gas natural en condiciones competitivas es «fundamental para sostener la producción, preservar el empleo y continuar aportando al desarrollo económico y social de nuestra provincia».
El acuerdo, que se enmarca en la compra por parte de YPF del 100% de Refinor en 2025, representa una señal de previsibilidad en un contexto nacional adverso. Según se indicó, la gestión de Jaldo permitió abrir canales de diálogo con la Nación que derivaron en una solución concreta para la industria azucarera, citrícola y de procesos continuos que caracterizan a la economía tucumana, entre las que se cuentan a las cerámicas. De ahora en más, cada cámara debe negociar con YPF/Refinor un suministro constante y un precio competitivo.
Salta ante riesgos ciertos de suspensiones
En un duro comunicado publicado este martes 20 de mayo, la Unión Industrial de Salta (UIS) advirtió sobre el impacto productivo y laboral de una crisis del gas que ya no es una amenaza lejana, sino una realidad inminente.
Según la información transmitida por la distribuidora Naturgy NOA, como consecuencia del reordenamiento dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación sobre las capacidades de transporte, el NOA contará con menores volúmenes de gas disponibles para atender la demanda industrial. En el caso de la provincia que gobierna Gustavo Sáenz, esto implica una reducción cercana al 35% en la capacidad firme asignada para abastecimiento industrial, dejando a numerosas empresas expuestas a restricciones severas de suministro durante el período invernal.
«Esta situación derivará en restricciones de suministro entre junio y agosto, con cortes que podrían extenderse entre 70 y 85 días», advierte el comunicado de la UIS, afectando de manera directa el funcionamiento normal de múltiples actividades productivas que dependen del gas natural como insumo «esencial e insustituible» para sostener sus procesos industriales.
La entidad industrial salteña alertó que, de no encontrarse alternativas de abastecimiento técnicas y económicamente viables, muchas industrias no podrán mantener sus niveles habituales de producción. El costo del gas disponible en alternativas como el Gas Natural Licuado (GNL) o el suministro proveniente de Bolivia alcanza valores que resultan incompatibles con la estructura de costos de gran parte del sector productivo regional.
«Numerosas plantas podrían verse obligadas a reducir parcialmente o incluso detener sus operaciones durante semanas, con el consecuente riesgo de suspensiones de personal y afectación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la actividad industrial», advirtió la UIS, en un tono que refleja la gravedad del escenario.
«La industria salteña no puede detenerse. Detrás de cada establecimiento industrial hay inversión, empleo, cadenas de proveedores y familias que dependen del normal funcionamiento de la actividad productiva», subraya el texto.
Julio Fazio, vicepresidente de la UIS, había anticipado días atrás que el problema no radica en la disponibilidad de gas en el país, sino en las dificultades para transportarlo al norte argentino. Según datos de la propia entidad, en la provincia hay más de 15.000 personas vinculadas al aparato industrial y productivo. Fazio vinculó la situación con las demoras en la reversión del Gasoducto Norte y cuestionó el esquema de importación de GNL, al advertir que el costo del recurso externo es «muy superior» al del gas local.
Frente a este panorama, la UIS solicitó a las autoridades nacionales y provinciales «redoblar esfuerzos para encontrar mecanismos que permitan atravesar este período crítico minimizando el impacto sobre el aparato productivo». Al mismo tiempo, valoró las gestiones impulsadas por el gobernador Gustavo Sáenz y los canales de diálogo abiertos con funcionarios nacionales para buscar alternativas que permitan resguardar el normal funcionamiento de la actividad industrial en Salta.
En Jujuy, hasta «nueve veces más caro»
En Jujuy, el estado de la alerta es igualmente grave. La resolución 66/2026 del Gobierno, que recortó un 35% la capacidad de transporte de gas asignada a la distribuidora Naturgy NOA, es considerada por los industriales jujeños como una amenaza directa a la continuidad productiva. Según denunció el vice gobernador Alberto Bernis, la normativa pone en riesgo el abastecimiento de gas a la provincia, afectando a fábricas que operan con procesos continuos y no pueden detenerse sin generar pérdidas millonarias.
La senadora nacional Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal, presentó una cuestión de privilegio en la cámara Alta en contra del presidente Javier Milei por la paralización de las obras del Gasoducto Norte. Moisés advirtió que el norte argentino podría terminar pagando el gas importado «nueve veces más caro».
«Es inconcebible que provincias como Jujuy, Salta o Tucumán vuelvan a quedar relegadas por decisiones políticas tomadas desde Buenos Aires», afirmó la legisladora, quien exigió que el Gobierno nacional reactive las obras de infraestructura energética que ya contaban con financiamiento garantizado.
«La solución a este problema es política», sostuvo Moisés. «El Gobierno frenó una obra fundamental para el desarrollo federal de la Argentina y hoy pretende reemplazarla con medidas transitorias que no resuelven el problema de fondo».
La problemática energética del norte argentino tomó estado público en la última cumbre del Parlamento del Norte Grande que se realizó en Jujuy, como lo informó Ámbito. En esa reunión, los vicegobernadores de las diez provincias del NOA y NEA analizaron las «cuestiones energéticas que impactan de manera directa en el desarrollo de las provincias», entre otras problemáticas regionales.
Entre los asistentes estuvieron el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, Carlos Silva Neder (Santiago del Estero y presidente del Parlamento), el anfitrión Alberto Bernis, Rubén Dusso (Catamarca), Miguel Acevedo (Tucumán), Teresita Madera (La Rioja) y representantes de Chaco.
En el cónclave, el Parlamento regional solicitó mecanismos compensatorios para evitar el cierre de plantas y la pérdida de puestos de trabajo, y la prioridad de Naturgy NOA en la asignación de capacidad adicional de transporte a partir de 2027. «Necesitamos garantizar el abastecimiento sin restricciones y precios que sean razonables y previsibles», sostuvo Bernis, en línea con el documento técnico elaborado por la Unión Industrial de Jujuy que advierte sobre un escenario de desabastecimiento durante el invierno y sus consecuencias sobre la continuidad productiva de las fábricas del NOA.
A la fecha, la reversión del Gasoducto Norte -inaugurada en 2024 para transportar gas de Vaca Muerta hacia el norte- sigue incompleta: las plantas compresoras, que debían estar terminadas en el primer semestre de 2025, aún no finalizaron, lo que limita la capacidad de transporte. Sin la ampliación del sistema troncal, que incluye obras como el Gasoducto Oeste, «no se puede subir al NOA más de 15 MMm3/d de gas natural», se advirtió.
Para la industria del norte, que agrupa sectores clave como el sucroalcoholero, citrícola, tabacalero y cerámico, la incertidumbre energética no es solo un problema de costos ya que es una amenaza directa a la supervivencia de puestos de trabajo y al desarrollo federal de un país que pese a tener la segunda reserva de gas no convencional del mundo en Vaca Muerta, todavía no logra transportar ese recurso a precios competitivos a todas las regiones.
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