El Ejecutivo frenó el plan del mandatario electo, argumentando que la Constitución ordena que el acto protocolario ocurra en el Parlamento.
Un fuerte choque político e institucional sacude a Colombia durante el proceso de transición presidencial. El mandatario izquierdista Gustavo Petro prohibió de manera tajante que su sucesor electo, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, realice su toma de posesión dentro de una instalación militar, recordando que el marco legal del país estipula que dicha ceremonia debe llevarse a cabo ante el Congreso de la República.
Ante este panorama, y debido a que no cuenta con mayorías propias en el Legislativo, De la Espriella solicitó formalmente al nuevo parlamento, que se instalará este 20 de julio, un permiso especial para trasladar el acto del 7 de agosto a una guarnición del Ejército, una propuesta que se alinea con sus constantes discursos de respaldo a la fuerza pública.
Sin embargo, a través de la red social X, Petro fue contundente al ordenar, amparado en sus facultades constitucionales, que ningún establecimiento militar sea utilizado para la investidura de un presidente de la República de Colombia. A los impedimentos normativos se suman las advertencias de juristas y expertos, quienes consideran sumamente compleja la logística necesaria para desplazar a todos los congresistas hacia un recinto militar para el juramento.
Petro mantendrá el mando militar de Colombia hasta el juramento de De la Espriella
En medio de un ambiente tenso por las denuncias de Petro sobre un presunto fraude en el balotaje y su convocatoria a marchas para el 20 de julio, el gobernante saliente enfatizó que los cuarteles y la policía siguen bajo su mando directo hasta que se consume el juramento del nuevo jefe de Estado, aclarando que ningún oficial debe rendir honores o el saludo militar a un civil antes de tiempo.
De esta forma, el mandatario lanzó duras críticas hacia De la Espriella al señalar que el distanciamiento personal del presidente electo le resulta un halago, pero insistió en que su prioridad es hacer respetar la Constitución de 1991.
El lider concluyó afirmando que en las bases de la fuerza pública no se dictan leyes, sino que se ejecutan operaciones de seguridad para la defensa del pueblo y la vida, por lo cual, mientras permanezca en su cargo, mantendrá su postura de defender las leyes fundamentales y la soberanía del pueblo de Colombia.
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