Un tribunal madrileño ordenó procesar a Begoña Gómez por tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida, y le prohibió salir del país. El juez Peinado alertó a fronteras y aeropuertos para impedir su huida del territorio europeo.
Un tribunal de España ordenó que la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país, según una orden judicial publicada este sábado en Madrid. El fallo representa el golpe judicial más duro que recibe el entorno directo del mandatario desde que asumió el poder.
El magistrado Juan Carlos Peinado ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades judiciales dos veces al mes hasta que se dicte veredicto definitivo en el caso. La medida cautelar busca asegurar su comparecencia durante todo el proceso oral que se avecina.
Para garantizar el cumplimiento de la resolución, el tribunal dispuso que se informe «a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares» para evitar que la imputada abandone el territorio europeo. En los fundamentos del fallo, Peinado procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
El expediente judicial no se limita a la primera dama: también acusa a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos y envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. Tres imputados deberán ahora enfrentar el debate oral ante los tribunales españoles.
El origen del caso: una cátedra universitaria bajo la lupa desde 2024
La investigación penal se inició formalmente en abril de 2024 para desentrañar un complejo entramado de influencias y prebendas académicas. El juez abrió la causa contra Gómez para investigar delitos como apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios, en relación con una cátedra universitaria que codirigía, luego de que el sindicato Manos Limpias presentara una denuncia. Dos años de instrucción desembocaron finalmente en el procesamiento.
Los peritajes sobre los convenios firmados y el financiamiento de dicha cátedra resultaron clave para que la Fiscalía y el juzgado de instrucción consideraran reunidos los elementos de prueba necesarios para iniciar el juzgamiento de los sospechosos. El proceso judicial se perfila ahora como uno de los frentes políticos más sensibles para la Moncloa en lo que resta de la gestión de Sánchez.
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