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La Corte Suprema bonaerense acelera su reclamo de autarquía y pide cubrir vacantes
El máximo tribunal envió a Diputados una nota para que avance su iniciativa de manejar su propio presupuesto, en la antesala del debate del Presupuesto 2027. Además, pidió crear más de 60 órganos judiciales y sumar 40 magistrados suplentes, mientras funciona con solo tres de sus siete integrantes.
El presidente del tribunal precisó que pasaron 2.292 días desde la primera vacante y casi 800 desde que la Corte quedó desintegrada. Recordó que el artículo 146 de la Constitución provincial le da al Ejecutivo 15 días desde que se produce una vacante para enviar un candidato al Senado, y que incluso prevé convocar a sesiones extraordinarias si fuera necesario. Ese mandato, sostuvo, «fue desoído en forma sistemática acumulando 152 incumplimientos«.
Las consecuencias, explicó, son operativas y jurídicas. «La labor asignada para siete jueces hoy la realizamos tres», señaló. Como el quórum y las mayorías se alcanzan con cuatro votos, la Corte no puede dictar sentencia por sí sola: necesita completar su integración con un juez ad hoc. El primero en ser convocado es el presidente del Tribunal de Casación Penal y, si no puede intervenir, se sigue con otros integrantes según el orden establecido. Eso genera, según Torres, «mayor dependencia», demoras en la circulación de votos y más dificultades para reunir las mayorías necesarias.
«Una corte incompleta limita la capacidad de conducción. Una corte integrada fortalece la institucionalidad. Postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el estado de derecho», sentenció. Al cierre, exhortó formalmente al Ejecutivo y al Senado a abocarse «a la urgente cobertura de las vacantes» para que la provincia vuelva a tener una Corte con sus siete miembros.
Torres también recordó que el problema no se limitó al máximo tribunal: en algún momento las vacantes en todo el sistema judicial bonaerense llegaron a 700. Destacó que en 2025 se concretaron 412 designaciones y pidió continuar en 2026 con esa política, para cubrir los más de 200 cargos que siguen pendientes.
La política detrás de las vacantes
Kicillof había dado su postura en abril, al inaugurar el Polo Judicial de Olavarría. «Para eso necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó sacar el Presupuesto, cómo es la situación con fuerzas de la oposición cambiantes y dispersas. Estamos viendo cómo reunir los consensos. Si no se consiguen las voluntades no se puede hacer«, dijo entonces el gobernador.
Desde la oposición ofrecen otra lectura. Además de la dinámica legislativa, señalan que también pesan las negociaciones dentro del oficialismo: Kicillof debería acordar con los sectores de Cristina Kirchner y Sergio Massa al menos dos de los cuatro nombres, mientras que los otros dos se repartirían entre el radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza.
Qué propone la autarquía
La propuesta de autarquía que la Corte había anunciado en abril busca que el máximo tribunal pueda elaborar su propio proyecto de presupuesto, con participación previa del Ministerio Público. También le permitiría fijar el escalafón y las remuneraciones del personal, con el objetivo de acercar los sueldos a los de la Justicia nacional: la meta es recuperar el 85% de esa brecha durante los primeros tres ejercicios.
«No hay independencia real sin autonomía financiera«, argumentó Torres al presentar la propuesta. Sostuvo que, al depender del Ejecutivo para definir su presupuesto, el Poder Judicial «ve inevitablemente condicionada su capacidad de decidir con imparcialidad».
Los números que expuso ilustran el planteo. Históricamente, el Poder Judicial representa entre el 3,5% y el 4,5% del gasto provincial, con una tendencia descendente en términos relativos. El 92% de su presupuesto se destina a salarios, lo que deja un margen mínimo para infraestructura o tecnología. Y la brecha salarial con la Justicia nacional supera en promedio el 50%. «El problema del Poder Judicial no es el exceso de gasto sino su estructura rígida y la falta de herramientas para gestionar sus recursos», remarcó.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados, la AJB y los colegios de abogados de toda la provincia, un universo de cerca de 100.000 personas vinculadas al sistema judicial bonaerense. También tiene el aval de la Junta Federal de Cortes (Jufejus) y de los poderes judiciales de más de quince provincias. Se presenta en paralelo con una ley marco de negociación colectiva para los trabajadores judiciales.
Más de 60 nuevos órganos judiciales
En simultáneo, mediante la Resolución 2917/26, la Corte pidió al Ejecutivo y a la Legislatura crear más de 60 órganos judiciales en los fueros Penal, Civil y Comercial, Familia, Contencioso Administrativo y Laboral. El pedido surge de un informe de la Secretaría de Planificación del tribunal, que analizó la cantidad de causas iniciadas y en trámite en los últimos años, las proyecciones de población, los cambios procesales y tecnológicos y las modificaciones del mapa judicial.
En el fuero Penal, el tribunal solicitó doce nuevos Juzgados de Garantías: uno en Junín, La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, Malvinas Argentinas y San Pedro, y dos en Cañuelas. A eso suma dos Juzgados en lo Correccional y dos Tribunales en lo Criminal en La Plata, uno de cada tipo en Junín, y Juzgados de Ejecución en La Matanza, La Plata y Quilmes. Además, reiteró el pedido de una nueva sala para la Cámara de Apelación y Garantías de La Matanza y solicitó otra para la de Quilmes.
En el fuero Civil y Comercial, ante el aumento de las causas de familia, la Corte reiteró el pedido de una nueva sala en la Cámara de Apelación de San Isidro. También solicitó un juzgado en La Matanza y dos en Malvinas Argentinas, con competencia sobre ese partido, San Miguel y José C. Paz.
El fuero de Familia es uno de los que concentra más pedidos: tres juzgados en La Plata, dos en Merlo, cinco en Moreno-General Rodríguez, uno en Pergamino, Quilmes, Florencio Varela y Pilar, dos en Zárate-Campana y tres en Escobar. A partir del análisis de la carga de trabajo de los Juzgados de Paz, donde crecieron las causas de familia, el tribunal pidió además crear juzgados del fuero en Coronel Rosales, Ezeiza, San Pedro y Chivilcoy.
En lo Contencioso Administrativo, la solicitud incluye un juzgado en La Matanza, otro en Quilmes y dos en La Plata. En el fuero Laboral, se piden nuevos Tribunales de Trabajo en La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, San Martín y San Nicolás.
En cambio, en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil la Corte optó por esperar. Con la reciente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, la Ley 27.801, considera conveniente aguardar el impacto de su implementación antes de decidir la creación de organismos.
El tribunal remarcó que todas las creaciones solicitadas deben ir acompañadas por el crecimiento de la infraestructura edilicia y la asignación de los cargos necesarios, para evitar la superpoblación de los edificios existentes y la dispersión de los inmuebles comprados o alquilados.
Juzgados creados que no funcionan
La misma resolución reclama que se inicien o terminen los procesos de designación de magistrados para organismos que ya fueron creados por ley pero todavía no funcionan. Entre ellos figuran los Juzgados de Garantías de Avellaneda-Lanús, Mercedes y Malvinas Argentinas, y los Juzgados Correccionales de Moreno-General Rodríguez y Pergamino. También el Tribunal en lo Criminal y el Juzgado de Ejecución Penal de Moreno-General Rodríguez, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul y el Juzgado Civil y Comercial de Moreno-General Rodríguez.
La lista se completa con los Juzgados de Familia de Tigre y Berazategui, los Juzgados en lo Contencioso Administrativo de Moreno-General Rodríguez y Merlo, y los Tribunales de Trabajo de La Matanza, Lomas de Zamora, San Miguel y Tigre. La Corte reiteró, además, el pedido de llamado a concurso para el Tribunal de Trabajo de Moreno-General Rodríguez, creado por la Ley 14.864.
Por último, solicitó a la Legislatura cambios en la competencia territorial de varios organismos. Pidió que los Tribunales de Trabajo de Chacabuco y Bragado abarquen la totalidad de sus departamentos judiciales, Junín y Mercedes. También que el Tribunal de Trabajo creado por la Ley 14.729 en Bahía Blanca unifique su competencia con los de la cabecera departamental, y que el Juzgado de Garantías de San Fernando tenga competencia exclusiva sobre ese partido. Además, propuso una reforma para que los Juzgados de Familia de San Miguel atiendan en exclusiva a ese partido, Malvinas Argentinas y José C. Paz.
Cuarenta jueces suplentes más
A través de la Resolución 2918/26, la Corte propicia ante el Ejecutivo y la Legislatura una reforma de la Ley 13.837, que regula el Cuerpo de Magistrados Suplentes. Ese cuerpo cubre de manera temporaria los cargos de jueces que quedan vacantes por renuncia, remoción, suspensión, fallecimiento o licencias de más de 60 días.
La iniciativa propone crear 40 nuevos cargos de magistrados suplentes: 12 para los fueros Civil y Comercial, de Familia y de Paz, 18 para los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil, 9 para el Laboral y 1 para el Contencioso Administrativo. Según los fundamentos, desde la última vez que se fijó la cantidad de integrantes del cuerpo, el promedio de vacantes creció más del 100% y la cantidad total de jueces en funciones aumentó un 12%.
El proyecto también reorganiza el cuerpo en nueve regiones, con criterios de mayor cercanía entre los departamentos judiciales. Busca reducir los traslados de los suplentes que hoy deben cubrir funciones lejos de su lugar de residencia. La Corte tendría la facultad de asignar los nuevos cargos y redistribuir los existentes entre las regiones, sin afectar a quienes ya están cumpliendo funciones, y debería completar la nueva distribución en un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley.
Ambas resoluciones llevan las firmas de Torres, Soria y Kogan, los tres integrantes del tribunal, y fueron comunicadas a la Comisión Permanente del Mapa Judicial creada por la Ley 15.044.
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