“Por disposición del Tribunal, requiérese al Tribunal Superior de la Provincia de Santa Cruz que cumpla de inmediato con la remisión”, cita la resolución de la Corte y aclara que necesita, en formato digital, “las actuaciones principales y de los incidentes de la causa 917/2025”. También recuerda que el pedido se había realizado “con carácter urgente en la resolución dictada en autos el 23 de abril de 2026”.
Sobre el final también dispone que “en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, deberá cumplir los restantes requerimientos allí efectuados. A tal fin, líbrese oficio y envíese por correo electrónico”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación había aceptado intervenir en el conflicto desatado en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, cruzado por una polémica sobre su ampliación entre el gobernador Claudio Vidal y el kirchnerismo. Hace dos semanas, el máximo tribunal una recusación contra sus tres miembros y ordenó que se remitan todas las causas vinculadas a ese conflicto.
“Requerir al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz que, con carácter urgente, remita las actuaciones principales y todos los incidentes vinculados con la causa 917/2025 en la que se dictó sentencia definitiva el 17 de diciembre de 2025”, dijeron los jueces el 23 de abril.
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se abocará a estudiar el escenario sobre la constitucionalidad la ley que amplió el tribunal local de cinco a nueve miembros y las decisiones que se tomaron sobre ello en la justicia de Santa Cruz.
La pelea entre Claudio Vidal y el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz
El conflicto se enmarca en la decisión tomada en agosto pasado por la Legislatura de Santa Cruz, que aprobó la ley 3.949 para ampliar de cinco a nueve miembros el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El proyecto fue impulsado por el bloque oficialista “Por Santa Cruz” con el argumento de modernizar y agilizar el máximo tribunal provincial y la oposición del kirchnerismo, que dejó el poder después de más de 20 años al frente del Ejecutivo local.
Con la ley aprobada, el gobernador Claudio Vidal envió cuatro ternas (uno por cada candidato a juez) para ser elegido por la Legislatura. Allí se avanzó con la designación de sólo dos de los cuatro postulantes: se eligió a Sergio Acevedo (exgobernador de la provincia y exjefe de la SIDE durante el gobierno de Néstor Kirchner) y José Antonio González Nora.
“No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”, afirmó Vidal en la sala de audiencias en donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, les tomó juramento a los dos nuevos integrantes.
Sin embargo, apenas un rato después, los otros cuatro miembros del máximo tribunal de Santa Cruz declararon nula la decisión que permitió la llegada de los nuevos jueces. “La jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional”, señaló la resolución con la firma de los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta.
En el gobierno de Santa Cruz tildaron a esos magistrados de kirchneristas: Basanta fue ministro de Alicia Kirchner, Fernández fue asesora de la Secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner y Ludueña es hija de un senador kirchnerista y esposa de un exsecretario privado de Alicia Kirchner.
Esos jueces tomaron como justificación una cautelar que había firmado un juez de primera instancia que había sido abogado de Cristina Kirchner “Han operado un golpe judicial en Santa Cruz”, dijo Vidal acusando directamente a la ex presidenta y su hijo Máximo Kirchner.
Los cuestionamientos en busca de las medidas cautelares que frenara la reforma partieron de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz 3 de Julio contra la provincia de Santa Cruz. Tras considerar inválidos los juramentos de Acevedo y González Nora, los cuatro “viejos” jueces desplazaron de la presidencia del Tribunal a Mariani. Pero Acevedo y González llegaron en queja a la Corte Suprema de la Nación que el 17 de diciembre último anuló esas decisiones (sólo tenía para revisar las cautelares).
Justo ese mismo día, con la firma de cuatro vocales -y una vocal subrogante del TSJ-, la Corte santacruceña declaró inconstitucional la ley 3949, que elevó de cinco a nueve miembros la integración del máximo tribunal. Ese fallo desató un estado una crisis institucional entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado.
A fines de marzo, el gobernador Claudio Vidal se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga en el conflicto. Consideró que el poder judicial provincial “actúa de forma destituyente”. También llegó el recurso de los cuatro jueces. En la provincia, en tanto, existirían más causas.
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