La política de subsidios al transporte suma quejas entre gobernadores y sube a los intendentes al ring

El debate por los subsidios al transporte de pasajeros volvió a encenderse luego de que el Gobierno oficializara mayores desembolsos para sostener el precio del boleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que causó malestar en provincias y municipios, que amenazaron en las últimas horas con ir a la Corte Suprema.

Este lunes, la Secretaría de Transporte aprobó una nueva estructura de costos para los colectivos de jurisdicción nacional del AMBA y fijó las compensaciones que el Estado pagará a las empresas entre octubre de 2026 y enero de 2027. Autorizó, además, el pago de $38.840.841.807 en concepto de diferencial de recaudación por los meses de junio a septiembre.

Previamente, el 29 de octubre, en una reunión entre Transporte y las cámaras se cerró un acuerdo para aumentar entre 10% y 15% los subsidios a las 104 líneas nacionales del AMBA a partir de noviembre. La resolución publicada es la que pone números y método a ese entendimiento.

Malestar en provincias

La medida causó ruido en el vínculo con los gobernadores y reavivó las denuncias por asimetrías entre las jurisdicciones y el entramado urbano de CABA y adyacencias. El cordobés Martín Llaryora fue uno de los que alzaron la voz y advirtió que el Gobierno «aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a Córdoba y al interior».

«Si existen recursos para sostener el transporte, deben distribuirse con un criterio federal. No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA», protestó el mediterráneo. Llaryora argumentó que los cordobeses también aportan los recursos que financian esas decisiones.

Habló, además, de una «política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo». «El federalismo se demuestra cuando se distribuyen los recursos. Córdoba exige lo que le corresponde», finalizó el mandatario.

El salteño Gustavo Sáenz ensayó una queja similar y manifestó que el discurso de “no hay plata” se contradice con estas decisiones, «donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior». Asimismo, el líder norteño se preguntó hasta cuándo va a haber argentinos de primera y de segunda. «No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando igualdad de oportunidades y una distribución justa de los recursos», concluyó.

Aunque la disputa entre las provincias y el Estado nacional por los subsidios al transporte viene de antaño, lo cierto es que se profundizó a partir de comienzos del 2024, cuando el Gobierno disolvió el Fondo Compensador del Interior que equilibrara el precio del boleto de colectivo en las provincias. Desde entonces, diversas administraciones locales absorbieron el ítem y desembolsaron fondos propios para que el pasaje no se dispare.

Actualmente, el cospel cuesta $2.150 en Rosario y Córdoba y $1.680 en Mendoza. Las líneas que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, cobran $956 el mínimo desde el 1 de noviembre, cuando se aplicó un aumento del 3,9%.

Esa diferencia fue motivo de un intercambio entre el mendocino Alfredo Cornejo y el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, en el marco de un foro de economía que tuvo lugar en la Universidad del CEMA. Cornejo se quejó porque Nación «subsidia mucho al AMBA». «Ya no», respondió el jefe de Gobierno, detallando que la Casa Rosada le transfirió las líneas de colectivo a CABA. El cuyano redobló la apuesta y clausuró el intercambio: «El pasaje que pagan en Rosario y Córdoba es muy superior al de Buenos Aires».

El reclamo de los intendentes

La pulseada no quedó únicamente en pirotecnia discursiva. Este miércoles, intendentes de todo el país llevaron el reclamo al Congreso y amenazaron con ir a la Corte Suprema. Un scrum de 80 jefes comunales, con el cordobés Daniel Passerini a la cabeza, desembarcó en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, donde exigió un reparto «federal» de los subsidios al transporte.

«Los municipios estamos hartos, pero no vencidos», disparó Passerini y denunció que, en lo que va del año, la Nación destinó aproximadamente u$s460 millones al AMBA de compensación tarifaria: «Si excluimos lo que todas las jurisdicciones, incluyendo AMBA, recibimos por Sube, el Interior argentino recibe CERO PESOS». «Es un despropósito que ha llegado al límite por donde se lo mire y que no podemos dejar pasar como si fuera normal», completó.

Los alcaldes recordaron que los recursos que se destinan para ello surgen del Impuesto a los Combustibles Líquidos «que pagamos todos». Precisamente, el destino de los fondos recaudados por ese tributo es uno de los grumos en el vínculo de Javier Milei con los gobernadores. De hecho, la semana pasada la Justicia admitió formalmente el amparo presentado por los legisladores nacionales entrerrianos del peronismo Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.

El juez federal de Victoria, Federico Martín, ordenó al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Vialidad que presenten, en un plazo de tres días, un informe sobre el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el SISVIAL recibió a nivel nacional más de $1,5 billones. Sin embargo, durante ese período apenas se destinaron unos $394.406 millones a obras. En otras palabras, tres de cada cuatro pesos recaudados no llegaron a la infraestructura vial.

Los chispazos entre por los fondos del transporte llegan en plenas negociaciones de la Casa Rosada con los distritos por dos debates centrales: el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, con la suspensión de las PASO como nave insignia. De momento, no están los votos para esta última iniciativa y el oficialismo ya planea convocar a sesiones extraordinarias.