El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó que el ministro de Economía, Luis Caputo, no firme los avales para que la provincia de Buenos Aires acceda a financiamiento internacional para llevar adelante obra pública y analizó que la administración de Javier Milei «busca ahogar» a esa jurisdicción.
En su habitual conferencia de prensa de los lunes en la Casa de Gobierno de La Plata -donde estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Martín Marinucci, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi– el funcionario afirmó que «la microeconomía está horrible y la macro está muy mal», al tiempo en que redobló los reclamos económicos hacia la administración libertaria.
Bianco denunció la falta de respuestas del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli ante la solicitud de audiencia formulada por el gobierno de Axel Kicillof para abordar cuestiones relacionadas con el territorio bonaerense. «No respondió ni el mensaje WhatsApp ni la nota formal en la que la Provincia solicitó una reunión», dijo.
En ese marco, el ministro reclamó por la falta de avales de Economía para que la Provincia acceda a financiamiento internacional. Puntualizó que Buenos Aires necesita esa autorización para obras consideradas prioritarias, como la planta de tratamiento de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada. Ese reclamo viene siendo un clásico de los últimos meses: el propio Kicillof denunció que la Nación mantiene «pisados» permisos para acceder a créditos de organismos internacionales por más de 1.000 millones de dólares, mientras que, según datos difundidos desde La Plata, el Gobierno sí autorizó financiamiento externo para provincias como Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Misiones, Salta, Río Negro, Mendoza y Jujuy.
El diagnóstico económico: «La micro está horrible»
Bianco desplegó una batería de indicadores para graficar el deterioro de la situación económica nacional. Afirmó que la recaudación tributaria cayó 7% interanual y que, entre noviembre de 2023 y abril de este año, se perdieron 260 mil empleos registrados, tanto públicos como privados. Señaló además una pérdida de calidad del empleo, con crecimiento del trabajo informal en changas o plataformas, y un aumento de la morosidad de las familias: según sus datos, la mora financiera familiar llegó al 12,7% en mayo, y 4 de cada 10 menores de 35 años tienen problemas para pagar créditos.
El funcionario también habló de un fuerte deterioro del poder adquisitivo: las familias destinan cada vez más porcentaje de su salario a consumos básicos, y en los barrios populares ese gasto llegaría al 93% de los ingresos. Según Bianco, el 65% de la población dejó de comprar carne y ropa, y un 20% dejó de comprar medicamentos. A esto sumó la caída de la actividad económica -industria, comercio y construcción, los tres sectores que más empleo generan- y doce meses consecutivos de caída en el consumo y en las ventas de supermercados, con especial impacto en los lácteos.
La frase que resumió el diagnóstico fue contundente: «Se dice que la macro está bien. La micro está horrible y la macro está muy mal, aunque hayan aumentado las reservas y bajado el riesgo país. La situación de las familias, de las pymes, está muy mal», sostuvo, apuntando además que el ministro de Economía Luis Caputo no firmó los avales solicitados por la Provincia.
«Una decisión política de desfinanciar a la Provincia»
Para Bianco, el freno a los avales es apenas un capítulo más de lo que caracteriza como una decisión deliberada del Presidente para asfixiar financieramente a Buenos Aires. Recordó que la Nación cortó las transferencias no automáticas, primero demorando los pagos y luego dándolas de baja directamente, y que también recortó programas nacionales que se ejecutaban en territorio bonaerense.
«Dejó de llevar adelante mil obras y por eso no nos dan los avales para tomar financiamiento y hacer obras necesarias», planteó, aclarando que se trata de fondos que la Provincia negocia con organismos internacionales y que solo requieren que el endeudamiento no supere el 8% del presupuesto bonaerense.
Este reclamo se enmarca en una escalada de cuestionamientos que la administración de Kicillof viene sosteniendo desde hace meses, en los que habló de una deuda nacional con la Provincia de casi 18 billones de pesos y un desfinanciamiento total -sumando recursos que dejaron de llegar por decisiones de política económica- cercano a los 27 billones. En esta oportunidad, el funcionario planteó además que ni siquiera el recambio en la Jefatura de Gabinete trajo mejoras: «Algunos pensaban que el cambio de jefe de Gabinete iba a generar un cambio, pero no», lanzó.
La VTV y el impacto de la Tarifa Social en el transporte
Posteriormente, y al ser consultado por la Verificación Técnica Vehicular (VTV), Marinucci defendió la postura bonaerense de sostener el sistema propio de revisión técnica obligatoria para todos los vehículos radicados en la Provincia, y cuestionó que la Nación avance en una salida distinta habilitando talleres mecánicos para certificar el estado de las unidades.
Consideró que esto generaría un conflicto de interés difícil de controlar, dado que esos talleres viven justamente de la reparación y el recambio de repuestos. También apuntó contra la decisión nacional de permitir que las plantas de RTO ya habilitadas absorban la sobrepoblación de revisiones de vehículos de otras jurisdicciones o de camiones, lo que a su criterio es «una decisión más» del Gobierno en contra de la Provincia, con perjuicio económico y también en materia de seguridad vial.
Sobre el final de la conferencia, se refirió al impacto de los cambios dispuestos por la Nación sobre la Tarifa Social del transporte público. Explicó que ese beneficio, creado en 2012 originalmente para sectores vulnerables del Conurbano y luego ampliado a todo el país durante el gobierno de Mauricio Macri, otorga actualmente un descuento del 55% sobre la tarifa a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, trabajadoras de casas particulares, veteranos de guerra y jubilados, entre otros, y alcanza a unos 3,8 millones de usuarios de SUBE en el área metropolitana.
Marinucci cuestionó que, a partir del 1° de julio, el Gobierno nacional congeló ese subsidio: mediante una resolución de la Secretaría de Transporte, la compensación del 55% quedó fija a la tarifa de referencia vigente al 30 de junio y dejará de actualizarse junto con el valor del boleto. En la práctica, esto significa que cuando las jurisdicciones dispongan nuevos aumentos tarifarios, Nación no destinará recursos adicionales para sostener el beneficio, por lo que su peso relativo irá cayendo con cada suba -en el sector estiman que podría bajar del 55% actual a cerca del 43% en la próxima actualización-, lo que perjudica de manera progresiva a los usuarios más vulnerables tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires.
Remarcó que Buenos Aires sostiene actualmente un subsidio de alrededor de 75.000 millones de pesos para el transporte automotor en el área metropolitana y otros 5.000 millones en el interior provincial, en un esfuerzo por contener el impacto inflacionario sobre la tarifa, y denunció además atrasos de entre tres y cuatro meses en los pagos que la Nación adeuda a las empresas de transporte en concepto de compensación y de atributo social, con los meses de febrero, marzo y abril de este año todavía impagos.
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