La tensión entre La Rioja y San Juan sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, con la aprobación de un proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela que despertó la furia de su par cuyano Marcelo Orrego, quien protestó abiertamente en las redes sociales. «No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro», aseguró Orrego en una publicación en su cuenta oficial de X.
Meses atrás, como contó Ámbito, un reclamo riojano reavivó una antigua disputa territorial que tiene como protagonistas a ambos distritos. La pulseada se remonta a 1968, cuando el dictador Juan Carlos Onganía sancionó la ley 18.004, que fijó los límites interprovinciales de las dos jurisdicciones.
Esa normativa determinó que territorios como el cerro El Potro -donde hoy se desarrolla el proyecto Josemaría, parte del complejo Vicuña- y el Valle de la Luna pasaran a formar parte de San Juan, a pesar de que, hasta entonces, habían sido considerados riojanos.
La pulseada permaneció velada por largo tiempo hasta que, en abril, la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida que ordenó la paralización de las actividades del emprendimiento Vicuña por 30 días y prohibió el uso de rutas y caminos en territorio riojano, los únicos accesos viables al campamento Batidero, en San Juan. La medida fue celebrada por Quintela como un espaldarazo a su posición.
Ahora, dos meses después del episodio, la Legislatura de La Rioja aprobó una iniciativa del gobernador norteño que «reafirma los derechos de la provincia de La Rioja sobre los territorios existentes bajo sus dominios» y faculta al distrito a avanzar con distintas acciones. La iniciativa, a la que tuvo acceso Ámbito, contó con apoyo mayoritario de los bloques, a excepción de La Libertad Avanza (LLA), que se abstuvo.
Desde el cuerpo legislativo señalaron que el texto «busca reafirmar los derechos de La Rioja sobre los territorios históricamente comprendidos dentro de su jurisdicción y fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales para defender la soberanía provincial en el conflicto limítrofe con San Juan».
Entre sus fundamentos, se sostiene que la norma nacional dictada durante la última dictadura militar en 1968, mediante la Ley N.º 18.004, modificó de manera unilateral los límites provinciales sin la intervención del Congreso de la Nación, generando un perjuicio territorial para La Rioja.
En este marco, el diputado Marcelo Del Moral (PJ) detalló que el texto propone la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial en el ámbito de la Legislatura, integrada por siete diputados y acompañada, en carácter de miembros consultivos, a representantes de la Asesoría General de Gobierno; al Fiscal de Estado y especialistas en historia, geografía, cartografía y minería.
«Es un histórico conflicto, esta herida es fruto de las leyes de la Dictadura; vamos a defender la causa con rigor jurídico, político y técnico”, indicó a, la par, la radical Gabriela Rodríguez. En tanto, Yamil Sarruf (PJ) destacó que “debemos mirar para adelante y defender lo que le corresponde a La Rioja y para ello le debemos otorgar las herramientas necesarias al Gobernador”. En contraste, Claudia López, de LLA, consideró que “no es el modo, la forma ni el medio para tratar este tema de los límites”.
La ley, además, faculta al Poder Ejecutivo riojano para que, a través de los organismos competentes, «inicie de forma inmediata las gestiones administrativas, políticas y legislativas que resulten necesarias ante el Congreso de la Nación con el objeto de reclamar, reivindicar y consolidar de manera definitiva el dominio territorial de La Rioja en la zona limítrofe con la Provincia de San Juan».
También instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones judiciales que correspondan y solicitar ante los tribunales competentes las medidas cautelares, de no innovar o de tutela anticipada «que resulten urgentes para salvaguardar los recursos naturales, hídricos, mineros y arqueológicos ubicados en la zona en disputa, impidiendo cualquier acto de disposición, explotación o avance jurisdiccional unilateral por parte de la Provincia de San Juan o de terceros concesionarios hasta tanto se resuelva el conflicto de fondo».
Respuesta de San Juan: «Nuestra jurisdicción no está en discusión»
Tras la luz verde de la Legislatura riojana -de composición unicameral-, la respuesta sanjuanina no se hizo esperar y llegó en boca del propio gobernador Marcelo Orrego, exponiendo la relevancia de la disputa. El mandatario cuyano utilizó sus redes sociales para apuntar contra su par norteño, a quien acusó de «reclamar territorio que es de San Juan».
«Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia», lanzó Orrego en una publicación en X.
Asimismo, advirtió que no permitirán que «se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto». Llamó, por último, a «todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece». «Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones», concluyó el mensaje.
En abril, antes los primeros chispazos, el mandamás sanjuanino ya había advertido que la jurisdicción de San Juan «es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional». Al respecto, precisó que no es un acuerdo entre funcionarios sino una «ley vigente desde hace más de 50 años». «Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano, siempre», lanzó por entonces.
La disputa incluso generó una grieta en el peronismo, escudería a la que pertenece Ricardo Quintela. Desde el PJ de San Juan emitieron un comunicado cruzando el reclamo riojano. «Cuando se trata de defender el territorio, los recursos y los derechos de nuestra provincia, no existen diferencias partidarias», dice el texto, que anticipa que acompañarán «todaacción institucional que impulse la provincia para ratificar y defender sus límites, en el marco de la responsabilidad, la seriedad y el respeto a los mecanismos que establece nuestra Constitución».
«Entendemos que esta es una causa que debe unir a todos los sectores políticos y sociales, alejada de cualquier especulación o utilización circunstancial, porque la defensa de los intereses de San Juan debe estar siempre por encima de cualquier diferencia partidaria», agrega.
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