El presidente de la SCBA, Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente del Tribunal, Daniel Fernando Soria, recibieron a la vicegobernadora y presidenta del Senado provincial, Verónica Magario, y a su par de Diputados, Alejandro Dichiara, a quienes le presentaron el documento de manera oficial.
La reunión tuvo lugar en la Sala de Acuerdos del Tribunal y contó, además, con la participación del titular del Área Electoral de la Dirección de Asesoramiento Técnico en relación a los Órganos de la Constitución SCBA, Carlos Safadi Márquez. Además, las partes también dialogaron sobre otros temas orientados a afianzar la gestión entre ambas instituciones.
Presentado en un acto público el pasado 28 de abril, el proyecto de autarquía judicial impulsado por la Suprema Corte de Justicia cuenta con la participación y el acuerdo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el Colegio de Abogados provincial (COLPROBA), y la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).
Durante ese acto, los jueces del Supremo explicaron que «no hay independencia real sin autonomía financiera» y que la dependencia del Poder Judicial del Ejecutivo para definir su presupuesto «ve inevitablemente condicionada su capacidad de decidir con imparcialidad».
En esa línea, explicaron que el Poder Judicial representa históricamente entre el 3,5% y el 4,5% del gasto provincial, con tendencia descendente en términos relativos; el 92% de ese presupuesto se destina a salarios, lo que deja un margen mínimo para infraestructura o tecnología; y la brecha salarial con el Poder Judicial nacional supera el 50% en promedio.
«El problema del Poder Judicial no es el exceso de gasto sino su estructura rígida y la falta de herramientas para gestionar sus recursos», remarcó el juez Torres.
Reclamo de la Suprema Corte bonaerense
Por otra parte, en el acto el Tribunal también le reclamo a la provincia de Buenos Aires que cubra las vacantes. «Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete. Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado», pidieron.
Torres fue tajante al reconstruir el estado de situación. Las vacantes acumulan ya más de seis años: la primera data del fallecimiento del juez Héctor Negri en 2020, a la que siguieron la muerte de Eduardo De Lázzari en 2021, la jubilación de Eduardo Pettigiani y, más recientemente, la renuncia de Luis Genoud. «Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración», precisó Torres.
Para poner en contexto el número, Torres repasó la historia del tribunal: la ley orgánica de 1955 fijó originalmente siete ministros, en los ’90 se amplió a nueve para responder al aumento de la litigiosidad, y en 2007 una nueva reforma retornó al esquema de siete integrantes, que es el que rige hasta hoy.
«La cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa ni de política menor», subrayó. Y agregó: «Es una condición institucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial, la planificación estratégica y la adopción de decisiones estructurales».
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