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Las nueve investigaciones que el Congreso de EEUU podría abrir contra el gobierno de Donald Trump
Una serie de interrogantes quedan pendientes en la oposición a la gestión republicana. Los tópicos van desde gastos en la Casa Blanca y Nvidia, hasta la propia fortuna del presidente.
Luego de la victoria del partido Demócrata en las elecciones de medio término de EEUU, celebradas el pasado 3 de noviembre, ahora surgen diversos interrogantes. Uno de ellos es qué investigaciones podría impulsar un Congreso opositor a Donald Trump: desde los gastos en la Casa Blanca y la fortuna del mandatario, hasta la guerra en Irán y la gestión del ICE, entre otros temas aparecen como posibilidades.
A pesar de la derrota republicana, el pueblo estadounidense parece tener un interés algo limitado en las investigaciones, según una encuesta del Pew Research Center realizada esta semana: al 67% le preocupa más que los demócratas del Congreso investiguen “demasiado” que “insuficientemente” (31%), indicó la CNN.
Las nueve investigaciones que el Congreso de EEUU podría llevar contra la agenda republicana
Ataques a embarcaciones
La administración afirmó que estos ataques se dirigen a narcotraficantes que son “combatientes ilegales”. Sin embargo, incluso hasta algunos republicanos se vieron incomodado por estas acciones que constituyen ejecuciones extrajudiciales.
El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, declaró que, tras revisar las pruebas disponibles, concluyó que los ataques probablemente causaron la muerte ilegal de “individuos no vinculados al narcotráfico”.
Las remodelaciones en la Casa Blanca
Trump demolió el Ala Este de la Casa Blanca sin previo aviso, a pesar de haber dicho que no lo haría. Su administración insistió en poner su nombre en el Kennedy Center y luego ocultó la fachada del edificio cuando un juez ordenó retirar el nombre. Otra polémica, en torno a un estanque reflectante del Monumento a Lincoln, involucra un trabajo apresurado sin un proceso de licitación competitiva.
Elon Musk
Se trata de un caso es delicado porque el magnate Elon Musk es el hombre más rico del mundo y existe el riesgo de que una investigación parezca una represalia por haber gastado cientos de millones de dólares para ayudar a elegir a candidatos republicanos.
No obstante, gran parte de sus iniciativas con el DOGE obstaculizaron el funcionamiento del gobierno federal. Además, dudas recientes apuntaron sobre si fue Musk o la administración Trump los responsables de la limitación del servicio de Starlink, algo que entorpeció la defensa bélica de Ucrania.
El caso Nvidia y renuncia de Jensen Huang
Este escándalo conlleva riesgos extremadamente altos, por involucrar a la empresa más importante en la carrera de la IA y al posible espionaje chino. Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, apuntó contra el Departamento de Comercio, dirigido por Howard Lutnick, al no incluir a Megaspeed en la lista negra. El Departamento de Comercio afirmó que Lutnick cumplió con todos los acuerdos éticos. La investigación podría tratar de esclarecer quién fue informado y cuándo sobre Megaspeed y la relación sentimental de Huang, así como si se hizo la vista gorda ante ello.
Deportaciones y gestión del ICE
Este tema podría abarcar las muertes de los manifestantes proinmigración Renee Good y Alex Pretti a manos de funcionarios federales en Minneapolis, sucesos que la administración se negó a investigar. También podría incluir otras posibles conductas indebidas, como los arrestos y detenciones injustos de cientos de ciudadanos estadounidenses, las deportaciones erróneas de otros tantos y las declaraciones falsas del Departamento de Seguridad Nacional sobre estos episodios.
La ofensiva judicial de Trump contra sus adversarios
La estrategia de represalias legales impulsada por Trump y el Departamento de Justicia va mucho más allá de los intentos fallidos de imputar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James; a Cassidy Hutchinson, testigo de los hechos del 6 de enero; y a seis legisladores demócratas. También incluye investigaciones contra otros adversarios del presidente que, en principio, no contaban con pruebas sustanciales que las respaldaran.
El objetivo de represalia resulta evidente. Frente a este escenario, los demócratas podrían encontrar en este terreno una oportunidad para exigir responsabilidades y establecer límites, ante el riesgo de que el sistema político estadounidense quede atrapado en una cadena interminable de persecuciones judiciales entre adversarios.
Los archivos de Jeffrey Epstein
Muchas preguntas quedan sin respuesta sobre qué sabía Trump de las acciones del financista y por qué hizo tantas afirmaciones falsas sobre su cercanía con él. También surgen dudas sobre si se publicó la totalidad de los archivos y cómo logró la expareja de Epstein y socialité Ghislaine Maxwell un traslado penitenciario favorable tras aportar información a la Justicia.
La guerra con Irán
Este tema generó repudio en ambos partidos mayoritarios y muchos lo adjudican a la razón por la que los republicanos perdieron el control del Congreso. Las dudas giran alrededor de cuál era el verdadero propósito del conflicto y si la administración fue franca con el pueblo estadounidense. Los demócratas también podrían investigar el ataque estadounidense contra una escuela primaria iraní al inicio de la guerra, un incidente al que la administración se negó a hacer comentarios.
Enriquecimiento personal de Trump, su familia y aliados
El tema no se concentra solo en los miles de millones del presidente gracias a su mandato mediante criptomonedas, la promoción de acciones que acababa de comprar y la venta de acceso anticipado a sus publicaciones en redes sociales. También están en juego posibles conflictos de interés que afectan a sus principales negociadores internacionales —Jared Kushner y Steve Witkoff— y a Lutnick, su secretario de Comercio.
Asimismo, figuran los fondos federales destinados a empresas respaldadas por la firma de inversión de su hijo Donald Trump Jr. Y, más recientemente, surgió el caso de la posible venta de influencias por parte de Kimberly Guilfoyle —ahora exembajadora de EEUU en Grecia— y de Alina Habba, exfuncionaria de alto rango del Departamento de Justicia.






