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LOS 3 PODERES, QUE NO COOPERAN | EDITORIAL NICOLÁS RODRÍGUEZ
El editorial parte de una base cívica fundamental: la división republicana en tres poderes independientes y equilibrados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Se plantea que este esquema fue concebido para que exista un balance de pesos y contrapesos en favor de la sociedad, advirtiendo cómo esa armonía se quiebra cuando las decisiones de gobierno se toman de manera unilateral y desconectada del resto de las instituciones.
Nicolás profundiza en la falta de cooperación institucional, señalando la contradicción que surge cuando una demanda social es debatida y aprobada por el Poder Legislativo, respaldada en el marco normativo, pero frenada o desoída por el Poder Ejecutivo.
Para ejemplificar esta tensión, aborda el conflicto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario y los reclamos de la comunidad educativa (como las protestas en el Palacio Pizzurno). Frente a los cuestionamientos del oficialismo sobre la falta de auditorías en las universidades públicas, subraya que las instituciones no se niegan al control («la puerta está abierta»), sino que falta voluntad de gestión para llevar adelante los procedimientos correspondientes y garantizar los recursos necesarios.
Como estudiante universitario y comunicador, apela a una consigna clara: que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones y hagan su trabajo respetando las leyes. Concluye recordando que ningún mandatario gobierna sin rendir cuentas, pues el verdadero soberano es el pueblo, quien tiene la última palabra frente al desempeño de sus representantes.
El editorial parte de una base cívica fundamental: la división republicana en tres poderes independientes y equilibrados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Se plantea que este esquema fue concebido para que exista un balance de pesos y contrapesos en favor de la sociedad, advirtiendo cómo esa armonía se quiebra cuando las decisiones de gobierno se toman de manera unilateral y desconectada del resto de las instituciones.
Nicolás profundiza en la falta de cooperación institucional, señalando la contradicción que surge cuando una demanda social es debatida y aprobada por el Poder Legislativo, respaldada en el marco normativo, pero frenada o desoída por el Poder Ejecutivo.
Para ejemplificar esta tensión, aborda el conflicto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario y los reclamos de la comunidad educativa (como las protestas en el Palacio Pizzurno). Frente a los cuestionamientos del oficialismo sobre la falta de auditorías en las universidades públicas, subraya que las instituciones no se niegan al control («la puerta está abierta»), sino que falta voluntad de gestión para llevar adelante los procedimientos correspondientes y garantizar los recursos necesarios.
Como estudiante universitario y comunicador, apela a una consigna clara: que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones y hagan su trabajo respetando las leyes. Concluye recordando que ningún mandatario gobierna sin rendir cuentas, pues el verdadero soberano es el pueblo, quien tiene la última palabra frente al desempeño de sus representantes.
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