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Lula da Silva inicia su cuarto mandato en Brasil: los cinco desafíos económicos por resolver
El mandatario deberá contener el endeudamiento, moderar los precios y negociar con una oposición fortalecida para avanzar con su programa económico.
El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzará en enero su cuarto mandato con una economía que mostró resultados mejores de lo esperado, pero arrastra desequilibrios fiscales y dificultades estructurales. El crecimiento de la deuda, el crédito caro y las trabas políticas amenazan con condicionar sus decisiones y la continuidad de los programas sociales.
La deuda pública presiona sobre las cuentas del Estado
El endeudamiento de Brasil aumentó más de 10 puntos porcentuales durante la actual gestión de Lula y superó el 82% del Producto Interno Bruto (PIB). El incremento elevó los costos de financiamiento y responde, en buena medida, al crecimiento sostenido de los gastos obligatorios, que dejan menos del 8% del presupuesto federal disponible para partidas que pueden ajustarse.
El mandatario envió señales contradictorias sobre el rumbo fiscal. En distintas ocasiones desestimó las preocupaciones por la deuda y las calificó de «tonterías», mientras defendió que una expansión económica más fuerte permitiría resolver el problema.
Su equipo prometió sostener las reglas presupuestarias actuales, que limitan el crecimiento del gasto y fijan objetivos de resultado primario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses. También dejó abierta la posibilidad de endurecer esas condiciones.
Sin embargo, cumplir las metas será más complejo por el compromiso de elevar el salario mínimo por encima de la inflación, lo que también aumenta el costo de las jubilaciones. A eso se suman la ampliación de las prestaciones sociales y los nuevos desembolsos que el Gobierno prometió.
Inflación y tasas altas complican la recuperación
La política monetaria representa otro desafío. Brasil registra una inflación anual del 4,6%, por encima del techo de tolerancia del Banco Central, fijado en el 4,5%, mientras la tasa de interés se mantiene en el 13,75%.
En septiembre, la autoridad monetaria dispuso su quinto recorte consecutivo de tasas ante las señales de desaceleración económica. Aun así, los mercados esperan que la inflación continúe por encima del objetivo oficial del 3% hasta bien entrado 2029.
Lula propone reducir los intereses mediante una mayor disciplina fiscal que preserve los programas sociales. No obstante, la mayoría de los economistas sostiene que una baja más rápida requeriría recortar el gasto público, una alternativa que entra en tensión con los compromisos sociales del mandatario.
Millones de brasileños acumulan deudas
El costo del financiamiento también golpea a las familias y las empresas. Según la agencia de información crediticia Serasa, casi 84 millones de brasileños y 9,3 millones de compañías tienen pagos atrasados, una cifra récord atribuida al impacto de las elevadas tasas de interés.
La situación alimentó el descontento social pese a indicadores favorables, como un desempleo históricamente bajo y salarios que avanzan por encima de la inflación.
Para aliviar esa presión, Lula prepara nuevas medidas de asistencia financiera. Entre ellas figuran la compra con descuento de préstamos hipotecarios problemáticos a los bancos y la condonación de deudas tributarias para algunos propietarios de pequeñas empresas. Sin embargo, los analistas advierten que estas iniciativas podrían ofrecer apenas un alivio temporal.
El Gobierno también mantuvo conversaciones con el Banco Central para limitar el uso excesivo de créditos costosos, como las tarjetas de crédito y los préstamos personales sin garantía, aunque todavía no presentó una propuesta concreta.
La derecha gana terreno en el Congreso
La capacidad de Lula para avanzar con su agenda económica dependerá también de las negociaciones legislativas. Las elecciones dejaron un Congreso con una composición conservadora inédita desde el regreso de Brasil a la democracia en la década de 1980.
Aunque derrotó al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, el Partido Liberal y sus aliados están cerca de controlar ambas cámaras. El escenario dificulta los intentos del oficialismo de reducir las exenciones fiscales, una iniciativa resistida por legisladores que rechazan medidas que incrementen la carga tributaria efectiva.
Durante su actual mandato, Lula también tuvo problemas para conseguir que el Senado aprobara candidatos para instituciones clave, como la Corte Suprema, el Banco Central, el regulador de valores y el organismo antimonopolio. El avance de la derecha podría profundizar esas dificultades.
Una reforma tributaria todavía sin definiciones
El último frente es la implementación de la reforma integral de los impuestos al consumo, aprobada por el Congreso en 2023. El nuevo impuesto al valor agregado comenzará a regir en enero, pero el Gobierno todavía no comunicó la tasa efectiva, que los analistas independientes calculan en torno al 28%.
Además, la administración postergó el envío al Congreso de un proyecto para gravar productos considerados perjudiciales para la salud o el medio ambiente, entre ellos los cigarrillos y el alcohol. La decisión estuvo vinculada al temor de generar una reacción negativa durante la campaña electoral.
La demora podría postergar ingresos fiscales y sumó cuestionamientos a la gestión tributaria. En su próximo mandato, Lula deberá equilibrar las cuentas públicas, contener la inflación y sostener el gasto social, mientras busca acuerdos políticos para concretar las reformas pendientes.
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