Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, dispuso una estrategia de ataques, debilitamiento y desprestigio de diversos organismos internacionales. Primero fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ahora la nueva víctima es la Corte Penal Internacional (CPI). En las últimas horas, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que su gestión iniciará el camino para «desmantelar la CPI, piedra a piedra si es necesario«.
La ofensiva contra el organismo fue anunciada en una nota de opinión de Rubio publicada en la plataforma Substack. Allí, el funcionario de la Casa Blanca repasó los justificativos detrás de la decisión, entre los que destacó, principalmente, las investigaciones que lleva adelante el tribunal internacional de Justicia contra las Fuerzas Armadas y agentes de policía, Patrulla Fronteriza y otras instituciones de seguridad.
«A la mayoría de nosotros nos costaría imaginar un mundo en el que soldados estadounidenses, agentes de policía, agentes de la Patrulla Fronteriza y líderes electos pudieran ser llevados ante un tribunal internacional, juzgados por jueces de países elegidos al azar de todo el mundo, declarados culpables en virtud de leyes internacionales que ni aceptamos ni controlamos, y luego encarcelados a miles de millas de Estados Unidos», detalló al respecto y sentenció: «Pero eso es precisamente lo que la Corte Penal Internacional (CPI) afirma ahora tener la facultad de hacer».
Donald Trump arremete contra la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de justicia internacional, fundado en 1998, tras la firma del Estatuto de Roma. De carácter permanente, según detallan, su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
«La CPI nació a principios de siglo. Al principio, se presentó como un mecanismo de última instancia de alcance limitado para juzgar los delitos más graves. Ahora, la CPI y sus aliados buscan tener un tribunal mundial permanente con un alcance casi ilimitado, facultado para pasar por encima de los tribunales y las constituciones de Estados Unidos y otros Estados soberanos, y para juzgar y detener a nuestros ciudadanos», analizó Rubio sobre el accionar actual del tribunal.
En ese sentido, Rubio remarcó la independencia de EEUU y su oposición al proyecto desde el primer día: «Los estadounidenses nunca aceptaron nada de esto. Nuestros dos principales partidos políticos se opusieron a la idea de otorgar a un tribunal internacional distante la facultad de juzgar y encarcelar a nuestros propios ciudadanos. El presidente Clinton rehusó someter el Estatuto de Roma (el documento fundacional de la CPI) a la ratificación del Senado debido a sus ‘preocupaciones por las importantes deficiencias del Tratado’.
Como respuesta, dos años más tarde, una mayoría cualificada bipartidista del Senado aprobó la ley de protección de los militares estadounidenses, que autorizaba al presidente ‘a utilizar todos los medios necesarios’, incluida la fuerza militar, para impedir que la CPI detuviera o arrestara a estadounidenses.
La ofensiva de Trump sobre los organismos internacionales no es ninguna novedad, sino más bien una política de gobierno desde su segundo advenimiento a la Casa Blanca. En detalle, bajo su gestión, EEUU retiró la financiación a más de 60 organizaciones internacionales.
Otra medida en este sentido fue la retirada de EEUU de la Organización Mundial de la Salud en enero de 2026, algo que Trump ya había intentado durante su primer gestión. “Esta acción significa que las políticas de salud de nuestro país ya no pueden estar limitadas por burócratas extranjeros sin rendición de cuentas”, declaró un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Otra de las grandes ofensivas de Trump fue contra la ONU. En septiembre del 2025, durante un encuentro del organismo, el mandatario disparó: «¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? Parece que lo único que hacen es escribir una carta con un tono muy enérgico y luego no darle seguimiento. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven la guerra».
El desgaste de los organismos internacionales que propone Trump son indivisibles de la estrategia de mayor intervención que lleva adelante desde su segundo mandato. En el plano geopolítico, el líder republicano llevó adelante un secuestro ilegal – para el derecho internacional – del exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, elevó la presión contra Cuba con amenazas directas sobre una posible operación militar en la isla, apoyó a Israel en los ataques en Franja de Gaza e impulsó los ataques sobre Irán que finalizaron en el asesinato del ayatolá Alí Jameneí.
Cada una de estas operaciones provocaron fuertes respuestas de los diversos organismos internacionales que, en principio, quedaron en fuertes declaraciones más que en medidas concretas contra el presidente estadounidense. Ante esto, Trump, por ejemplo, firmó una orden ejecutiva para sancionar a funcionarios del tribunal. Esta decisión llegó puntualmente tras las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, entre ellos el uso del hambre como arma de guerra.
No obstante, Estados Unidos había respaldado al actual fiscal de la CPI, Karim Khan, cuando en 2023 impulsó las órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño de Rusia, María Lvova-Belova, por la deportación ilegal de niños ucranianos hacia territorios ocupados por Rusia, un hecho considerado un crimen de guerra.
En su nota de opinión, Rubio no esquivó los episodios de esta índole. «En 2020, la CPI inició una investigación sobre lo que la fiscal jefe Fatou Bensouda, de Gambia, describió como ‘crímenes de guerra cometidos por miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos’ en Afganistán, declarando que el gobierno de EEUU no había procesado a suficientes soldados estadounidenses para satisfacer a la corte. En efecto, la Sra. Bensouda se autoproclamaba jueza definitiva de la política militar estadounidense y de todo el sistema judicial de Estados Unidos», ejemplificó»
«En la segunda administración de Trump, estas presiones no han dejado de crecer», agregó el funcionario y enumeró como ejemplos las críticas contra «las deportaciones de delincuentes violentos a El Salvador» o la denuncia de la organización Democracy for the Arab World Now, con sede en Washington, que, según Rubio, «instó al régimen iraní a que solicitara una investigación de la CPI sobre los ‘aparentes crímenes de guerra’ cometidos por personal estadounidense».
«Es solo cuestión de tiempo para que la CPI comience a hacer realidad estas amenazas. Significaría el fin de Estados Unidos como nación soberana e independiente. Nuestra decisión y nuestro pueblo quedarían a merced de la CPI y de sus colaboradores en la ‘comunidad internacional'».
Por último, sentenció: «La Administración Trump siempre protegerá a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses frente a esta amenaza. EEUU está poniendo en marcha una campaña diplomática con un mensaje sencillo: los Estados soberanos por encima del globalismo».
Qué es y cómo funciona el CPI
La Corte Penal Internacional (CPI) es el principal tribunal permanente encargado de investigar y juzgar a los máximos responsables de los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional. Con sede en La Haya desde 2002, fue creada por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 125 países, aunque entre sus principales ausencias figuran Estados Unidos, Rusia y China.
Su función es perseguir delitos como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, entendido como el uso de la fuerza armada por un Estado contra otro.
A diferencia de otros organismos internacionales, la CPI no forma parte de ONU. Su autoridad surge exclusivamente del Estatuto de Roma y actúa como un tribunal de última instancia: solo interviene cuando la Justicia de un país no puede o no quiere investigar y juzgar este tipo de delitos.
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