El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se reunió con organizaciones que trabajan con personas con discapacidad y anunció más fondos para el sector, al tiempo que denunció falta de pagos y de aportes en programas nacionales por parte de la gestión de Javier Milei.
Llaryora recibió a autoridades del Cottolengo Don Orione, APADIM y la Fundación IRAM, que acompañan a más de 100 personas con discapacidad.
«El objetivo fue escuchar y conocer de primera mano el complejo momento que atraviesan, y comunicarles que dispusimos un refuerzo económico extraordinario de $450 millones destinado a gastos de funcionamiento y alimentación», comentó el mandatario.
Al respecto, consideró que «nuestro país no va a salir adelante si le da la espalda a quienes más lo necesitan. Acompañar a las personas – especialmente a los sectores más vulnerables – es un compromiso inquebrantable de nuestra gestión».
«Ante la crítica situación que atraviesan las instituciones de discapacidad, agravada por la falta de pagos y aportes de programas nacionales como PAMI e Incluir Salud, decidimos actuar para que nadie se quede sin la atención que necesita», reflexionó.
En ese sentido, afirmó que «resolvimos fortalecer el Fondo de Emergencia para la Discapacidad, con el fin de asistir a las instituciones en este contexto crítico, brindar previsibilidad y agilizar la ayuda económica necesaria para sostener las prestaciones que requieren cientos de familias cordobesas, tanto en la capital como en el interior».
Acto seguido, el gobernador de Córdoba aseguró que valora profundamente el esfuerzo de estas organizaciones, «que no bajan los brazos y defienden derechos fundamentales».
Reclamos a Nación
«Pero es importante ser claros: si no se regularizan los envíos de fondos nacionales que corresponden a cada entidad, el esfuerzo de la Provincia no será suficiente para sostener todos los servicios», completó
Asimismo, consideró que «es urgente que la Nación normalice el financiamiento, termine con la morosidad en los programas de salud e inclusión y cumpla con la Ley de Emergencia de la discapacidad. Las provincias y los municipios no pueden asumir indefinidamente estas responsabilidades».
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