La lucha de los docentes patagónicos no cesa desde que arrancó el año. En cada provincia el conflicto adquiere matices distintos que van desde el rechazo frontal a una oferta de aumento salarial de un 1%, hasta la resistencia contra reformas educativas que amenazan con desmantelar derechos conquistados hace décadas. Lo que une a Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz es el ajuste federal desde que asumió el presidente Javier Milei, cuyas consecuencias son la caída de la coparticipación y el recorte de fondos provinciales que asfixian las finanzas locales y obligan a los gobernadores a aplicar sus propios ajustes a los estatales.
En Ushuaia y Río Grande, Tierra del Fuego, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEF) no solo rechazó la oferta salarial del gobierno de Gustavo Melella, también la calificó de «absoluta ofensa». La propuesta oficial consistía en un aumento del 1% mensual acumulativo desde febrero hasta julio de 2026, lo que representaba $11.475 mensuales de incremento para la docencia. Acumulado, llegaba a un 9,34% con revisión trimestral «considerando la evolución de los recursos de la provincia», una cláusula que, en la práctica, condicionaba cualquier mejora a la disponibilidad financiera del Ejecutivo.
Pero el conflicto fueguino trasciende lo salarial. SUTEF exige que el básico docente alcance como mínimo el Salario Mínimo Vital y Móvil, que según la consultora económica MATE, debería ubicarse en torno a los $2.510.000. El gremio fundamenta su reclamo en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantizan derechos a «alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión».
Por otro lado, el gobierno provincial adeuda a la docencia el impacto del 2% de julio de 2025 para los meses de agosto a diciembre de ese año. Si bien el Ejecutivo prometió aplicarlo durante 2026, no estableció fecha de cancelación. El gremio también reclama desde 2020 un plan de desendeudamiento familiar con tasa del 0% a 5 años, argumentando que las familias docentes están «atrapadas entre créditos, tarjetas y financieras para poder llegar a fin de mes».
La infraestructura escolar completa el cuadro de reclamos. A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026 persistían instituciones cerradas por obras paralizadas, como la Escuela Especial N° 1 Kayú Chénèn, el Jardín N° 27, el Colegio Politécnico Malvinas Argentinas y el Jardín N° 9. SUTEF presentó en 2024 un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que sigue sin tratarse en la Legislatura. El gremio también denuncia persecución a través de Fiscalización Sanitaria, que «desconoce diagnósticos emitidos por profesionales de la salud», lo que genera descuentos salariales e irregularidades en la Junta de Clasificación que afectan los actos públicos.
Río Negro: grieta en el frente estatal
En Río Negro la situación presenta dos caras que ilustran las complejidades del escenario sindical patagónico. Mientras la Unión de Trabajadores de la Educación (UnTER) se declara en estado de alerta y movilización y exige la reapertura urgente de la paritaria docente, el gobierno de Alberto Weretilneck logró cerrar paritaria con ATE en febrero de 2026.
El acuerdo con ATE, aceptado por amplia mayoría en asamblea, incluyó una suma compensatoria de $250.000 como reparación por el año 2025, una Ayuda Escolar de $80.000 -lo que implicó un aumento del 100% respecto al año anterior- y la actualización salarial por IPC (Índice de Precios al Consumidor). La oferta fue presentada el 5 de febrero de 2026 y llevó cuatro ejes: la suma compensatoria, la actualización por inflación, la ayuda escolar y mejoras en condiciones laborales.
Pero ese acuerdo no alcanzó a los docentes. UnTER rechazó la oferta del gobierno provincial que consistía en un 5,29% de incremento para marzo, alza en abril según el promedio de índices inflacionarios de Viedma y Nación, una recomposición de $250.000 en dos cuotas cuando el gremio exigía una sola, y un incremento del concepto «Ubicación» del 20% al 40% para escuelas de zonas andinas.
La titular del gremio, Laura Ortiz, calificó la oferta de «no superadora» y afirmó que «el conflicto sigue abierto». El gobernador sostiene que los salarios aumentaron un 250% desde 2024, pero UnTER responde que la inflación fue del 280% en igual período, que Río Negro es la tercera provincia más cara del país y que solo la electricidad se incrementó un 320%.
La grieta entre ATE y UnTER no es casual. ATE había cerrado paritaria en febrero pero ya amenazaba con reabrir negociaciones ante la escalada inflacionaria. Mientras tanto, UnTER -que representa a los docentes- mantiene su rechazo y evalúa un paro provincial. Weretilneck también enfrenta conflictos con Asspur (trabajadores de Salud Pública), con decenas de sumariados por participar en asambleas, y con la policía provincial, que protagonizó varios actos de protesta por bajos salarios.
Hace unos días, Weretilneck y el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, acordaron el pase a planta permanente de más de 4.200 trabajadores estatales con corte de ingreso hasta el 31 de diciembre de 2025. El acuerdo, anunciado el último 22 de junio, comprende a trabajadores de todos los organismos y ministerios del Estado y representa un gesto hacia el gremio estatal en medio de la conflictividad docente. En las últimas horas, aprovechando la presencia del mandatario provincial en la ciudad de Ingeniero Jabobacci, una comisión de UntER se acercó y le entregó un petitorio. «Nos acercamos al gobernador porque hace tiempo que venimos esperando respuestas que no llegan. Mientras se aplican decisiones sin acuerdo, en las escuelas se agravan los problemas: salarios que no alcanzan, situaciones de violencia que crecen, evaluaciones definidas sin participación docente y derechos laborales que hoy se están incumpliendo», rezó el comunicado del gremio que fue compartido a Ámbito. «La docencia necesita respuestas, resoluciones y voluntad política. Defender la escuela pública también es garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender», cerró.
Neuquén: La «motosierra educativa»
En Neuquén, el conflicto trasciende lo salarial para instalarse en el terreno de la reforma educativa y laboral. La Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) denuncia que el gobierno de Rolando Figueroa aplica «su propia motosierra educativa», trasladando al sistema educativo la lógica de la reforma laboral impulsada por Javier Milei: «flexibilización, recorte y avance sobre los derechos de las y los trabajadores».
Los puntos más conflictivos son concretos, se aseveró. La Resolución N° 0137/2026 establece la «reorganización» del Nivel Inicial en función de la matrícula y disponibilidad de cargos, lo que en la práctica habilita el cierre de salas, la redistribución forzada de docentes y la disponibilidad laboral. ATEN también rechaza la reforma curricular en educación Media, que considera una «reforma laboral» disfrazada de cambio pedagógico, y la ley de incentivo al desarrollo profesional docente, aprobada por la Legislatura provincial sin consulta previa a los educadores. El gremio calificó el tratamiento de «apresurado y sin el debido diálogo».
La respuesta del gremio fue importante porque este miércoles 24 hubo una multitudinaria marcha de docentes junto a otros estatales, por las calles céntricas de la capital hacia la Legislatura, en contra de un cuestionado acuerdo. Legislatura igual dio el visto bueno -en general- al convenio entre la Provincia e YPF para desarrollar cinco áreas de Vaca Muerta vinculadas al proyecto Argentina LNG. A diferencia de otras provincias patagónicas, Neuquén resolvió la discusión salarial en marzo, gracias a la «riqueza» petrolera que le permite una situación financiera más holgada. Pero la reforma educativa y laboral mantiene el conflicto abierto y profundiza la confrontación.
Reclamos en Santa Cruz
En Santa Cruz, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) lleva acumulados 30 días de paro desde el inicio del año y realiza un paro de 72 horas desde este miércoles 23. Los reclamos incluyen cláusula gatillo retroactiva, recomposición salarial, devolución de descuentos por días de paro y mejoras urgentes en infraestructura escolar. En este escenario, el gobernador Claudio Vidal mantiene el diálogo y despidió a su ministro de Trabajo, Juan Mata.
Por otro lado, gremios judiciales y legislativos protestaron frente a la Legislatura provincial para impedir la sanción de una «Emergencia Económica» que implicaría el congelamiento salarial. Por otro lado, efectivos de la Policía protagonizan desde hace dos semanas un conflicto salarial que escaló este miércoles cuando un grupo de uniformados ingresó al patio interno de Casa de Gobierno en una manifestación inédita, lo que llevó a la Fiscal de Estado Natalia Linardi a denunciar penalmente a los participantes por atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción; el reclamo, que incluyó acampes, marchas y protestas con bombos en distintas localidades, se intensificó tras la primera oferta salarial del Gobierno en las paritarias.
Las cuatro provincias comparten el denominador común de la caída de recursos federales desde que asumió Milei. En la Patagonia esto se combina con medidas específicas que golpean la región, como el recorte del 78% en fondos para combatir incendios forestales, que dejó a brigadistas sin recursos mientras ardían los bosques de Chubut, Río Negro y Neuquén. El resultado es una ola de conflictividad que no da señales de amainar porque los estatales mantienen sus reclamos.
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