La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó, en una votación que cosechó 4 apoyos frente a 1 voto en contra, el avance legislativo de una ordenanza municipal que modifica de manera directa los protocolos actuales aplicados por las fuerzas de seguridad ante la presencia de personas sin hogar en los espacios públicos. La nueva regulación busca optimizar la aplicación de la prohibición estatal de acampar en la vía pública mediante la supresión de dos instancias de resguardo que se encontraban plenamente vigentes en la normativa local. La medida, que fue promovida por el comisionado del Distrito 3, Rolando Escalona, requiere de una segunda y última aprobación en el recinto legislativo para su efectiva transformación en ley de carácter local. De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes del Homeless Trust —la agencia dedicada a la coordinación de servicios para personas en situación de calle en el condado de Miami-Dade—, durante el relevamiento de enero de 2026 se registraron 605 personas durmiendo en las calles de la ciudad de Miami, cifra que representa más de la mitad de toda la población sin techo residente en el condado. Fue con base en estos indicadores de vulnerabilidad social que la Comisión debatió el endurecimiento de las penas. Las modificaciones al protocolo policial
Hasta la fecha, cuando un oficial detectaba a un ciudadano infringiendo la prohibición de pernoctar en áreas públicas, el procedimiento administrativo dictaba la entrega obligatoria de una advertencia formal por escrito y la concesión de un lapso de tiempo prudencial para que el individuo recolectara sus pertinencias individuales antes de formalizar la detención. La nueva ordenanza elimina ambos prerrequisitos de manera definitiva, autorizando el accionar inmediato de los agentes ante una violación comprobada. A efectos jurídicos y policiales, se considerará que una persona incurre en la infracción si pernocta utilizando carpas, cartones o mantas, o si acumula pertenencias personales que excedan el volumen equivalente a una caja de tres pies cúbicos (aproximadamente 85 litros de capacidad). A pesar de la flexibilización de los pasos previos, la ordenanza ratifica ciertas garantías fundamentales que no sufrirán modificaciones: Disponibilidad de plazas: Los efectivos policiales mantendrán la prohibición absoluta de proceder al arresto si no existen camas o refugios públicos disponibles para el traslado del individuo implicado. Marco legal superior: La ley del estado de Florida bajo la denominación HB 1365 continuará rigiendo como la normativa jurídica madre y de referencia para todas las actuaciones de control social. Por su parte, la comisionada Christine King, representante del Distrito 5, constituyó el único voto opositor al proyecto durante la sesión. En contraste, el jefe del Departamento de Policía de Miami, Edwin López, respaldó el espíritu de la iniciativa aclarando que su división ejecutó apenas dos detenciones bajo este concepto durante todo el año 2026, señalando que la ordenanza aportará al cuerpo policial una herramienta de oportunidad para buscar acciones alternativas en aquellos casos excepcionales de resistencia persistente.


