Economía
Presupuesto 2027: qué país estamos financiando? – Por el Dr. Fernando Pastor
Presupuesto 2027: qué país estamos financiando? Por el Dr. Fernando Pastor
Candidato a gobernador de San Luis por Principios y Valores
Un presupuesto no es solamente una cuenta de ingresos y gastos. Es la decisión de un gobierno sobre qué país ayudará a construir con los recursos de todos. El Ejecutivo calcula cuánto espera recaudar y propone dónde gastarlo; el Congreso debate y autoriza esas partidas. Después hay una obligación igual de importante: ejecutar lo aprobado y rendir cuentas.
El proyecto de Presupuesto nacional 2027 prevé gastar cerca de 199 billones de pesos, alrededor del 14 % del producto bruto interno. De cada cien pesos, aproximadamente 76 van a servicios sociales, 8 al servicio de la deuda, 7 a servicios económicos, 5 a la administración del Estado y 5 a defensa y seguridad. Son cifras redondeadas. Dentro del gasto social están las jubilaciones, que constituyen su mayor parte; salud representa cerca de 6 pesos de cada cien del presupuesto total, educación y cultura algo más de 5, y promoción y asistencia social alrededor de 2.
Reconocer estos números es necesario para discutir con honestidad. El proyecto propone aumentos reales para salud y para educación respecto de 2026. Pero un aumento anual no responde, por sí solo, si las prestaciones alcanzarán, si se recupera el deterioro acumulado ni si se cumplirán las obligaciones con las personas con discapacidad. Esa respuesta requiere mirar cada programa, sus costos reales y lo efectivamente pagado a quienes brindan atención. Las familias no viven de porcentajes anunciados: necesitan tratamientos disponibles y continuos.
Nuestra objeción más profunda está en el diseño del desarrollo. El conjunto de los servicios económicos pierde recursos en términos reales; también caen las partidas de industria y transporte, mientras la inversión directa en obras retrocede. Una república no se desarrolla dejando deteriorar sus rutas, su infraestructura energética, su capacidad industrial y sus instituciones educativas. Para San Luis, estas decisiones se traducen en costos de producción, oportunidades que no llegan y jóvenes que deben buscar su futuro lejos de casa.
También queremos ser claros respecto de defensa y ciberseguridad. La Argentina debe proteger su territorio, sus recursos, los hospitales, las redes eléctricas y los datos de sus ciudadanos. Nos oponemos a que esas capacidades se utilicen para militarizar la vida pública o actuar contra el propio pueblo. Una protesta social pacífica no es una agresión militar. Las Fuerzas Armadas no deben convertirse en una herramienta para enfrentar el descontento de los argentinos; las tecnologías de seguridad no deben servir para vigilar opositores, trabajadores, periodistas o ciudadanos por lo que piensan y expresan.
El presupuesto, por sí solo, no demuestra que el Gobierno proyecte esos usos. Precisamente porque las consecuencias serían graves, exigimos límites verificables: separación efectiva entre defensa y seguridad interior, objetivos definidos para la ciberseguridad, controles del Congreso sobre inteligencia y protección de los datos personales y de los procesos electorales. Defender la soberanía nacional incluye defender las libertades de los argentinos.
No aceptemos que todo el debate se reduzca a «más Estado» o «menos Estado». La pregunta decisiva es qué hacemos con el Estado y con los recursos nacionales. También las privatizaciones deben discutirse a la luz de esa pregunta: cuánto valen las empresas, qué función cumplen para la producción y qué perdería o ganaría el país con su venta.
Desde Principios y Valores sostenemos que el trabajo y la producción deben ordenar las prioridades. Queremos cuentas públicas responsables, pero también infraestructura, educación, salud y protección efectiva para quienes más la necesitan. El presupuesto debe estar al servicio de una nación capaz de producir, dar empleo y garantizar libertades. Ese es el país que elegimos financiar.
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