La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino (APRONOR) alertó sobre una posible «cartelización de la producción de semillas en Argentina» y criticó la intención oficial de avanzar hacia un nuevo marco normativo alineado con estándares internacionales, como UPOV 91.
La entidad se aseguró que existe una narrativa oficial que vincula el estancamiento productivo con la falta de una nueva Ley de Semillas y sostuvo que el verdadero problema radica en la presión impositiva. «Somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene retenciones que le impiden al productor poder reinvertir en el sector», sostuvo su presidente Hugo Meloni.
APRONOR planteó que la falta de crecimiento del agro argentino no se relacionan a cuestiones regulatorias sobre semillas, sino al impacto de las retenciones. Como contraste, destacó el caso de Brasil, en pleno auge, que «mantiene un esquema basado en UPOV 78, permite el uso propio de semillas y no aplica derechos de exportación, lo que habría favorecido una fuerte expansión productiva».
En un comunicado, la entidad ruralista puso la lupa en el rol del Instituto Nacional de Semillas, al puntualizar sobre la presencia de funcionarios vinculados a empresas semilleras que ahora cumplen funciones en cargos clave del organismo regulador. «Esto genera dudas sobre la imparcialidad en la aplicación de normas y sanciones», señaló el documento.
En diálogo con Ámbito, el presidente de APRONOR Hugo Meloni, refutó la iniciativa oficial. «Algunos comentarios desde el Gobierno dicen que al no tener una nueva Ley de Semillas la producción está estancada y no es cierto, se debe fundamentalmente a las retenciones porque somos uno de los pocos países o el único en Latinoamérica que tiene retenciones agropecuarias que le impiden al productor poder reinvertir en el sector para mejorar la fertilización, sistemas de siembras y aplicaciones de agroquímicos.
Meloni enfatizó que el problema no radica en la legislación semillera actual: «Nosotros decimos que con las semillas actuales que tenemos todavía nos queda un camino para recorrer en crecimiento. Y ahora vemos que los semilleros quieren seguir lucrando con el productor a través de semillas que no son mejores que las que tenemos, sino que solo tienen algún apilado de tecnología que, en algunos casos, ya está viejo porque hay malezas e insectos que rompieron la barrera de la tecnología».
Presión privada
La entidad alertó sobre un posible avance de regulaciones más estrictas que limiten el uso propio de semillas y aumenten los costos productivos. También criticó iniciativas del sector privado vinculadas al cobro por tecnología, al considerar que benefician a un grupo reducido de empresas, muchas de ellas multinacionales. No obstante, APRONOR aclaró que dentro de la cadena semillera existen actores que trabajan de manera articulada con los productores.
El debate se instaló desde febrero de este año luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, asegurara que se debe modernizar el marco normativo para incentivar la innovación biotecnológica para mejorar los rindes agrícolas en comparación con países vecinos.
Por entonces, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), celebró el entendimiento bilateral con Estados Unidos pero manifestó su preocupación por los compromisos asumidos en materia de propiedad intelectual vegetal, en particular ante la posibilidad de que el Gobierno insistiera con la adhesión al convenio internacional UPOV 91. Esta adhesión formaba parte del proyecto original de la Ley Bases de 2024, aprobada en 2024, pero se retiró por una negociación con sectores de la oposición dialoguista.
En febrero, CARBAP aclaró que no cuestionó el entendimiento comercial con Estados Unidos, sino la eventual incorporación del Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. «Argentina es miembro de UPOV 78 desde hace más de cuatro décadas. Este marco permitió el desarrollo del mejoramiento genético, la inversión en nuevas variedades y, al mismo tiempo, resguardó un principio esencial para el productor agropecuario: el uso propio”, señaló.
Soberanía en riesgo
Parra cerrar, APRONOR recordó que hace unas semanas el secretario de Agricultura Sergio Iraeta sostuvo que los derechos de exportación serían eliminados al finalizar un eventual segundo mandato del presidente Javier Milei.
«Como agricultores que queremos un sector que trabaje con libertad, les pedimos que sean previsores, no es un hecho un segundo período, no se cumplieron promesas, así se confunde a la opinión pública y se falta a la verdad», se señaló. «Señores productores, estamos hablando de perder nuestra soberanía, porque el control de lo que se va a sembrar y el costo que tendrá producir alimentos en Argentina va a estar en manos de personas con sus oficinas en Estados Unidos», concluyó.
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