Provincia creó un programa para fortalecer a sus policías en la lucha contra la trata de personas

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires creó el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en la Lucha contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, a través de la Resolución N° 2427, publicada este jueves en el Boletín Oficial del distrito.

La norma, firmada por el ministro Javier Alonso, designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal, que quedará facultada para llevar adelante las acciones necesarias para su ejecución y para dictar las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias que requiera su implementación. Los objetivos generales y específicos, los lineamientos y las etapas del programa se detallan en un anexo que forma parte de la resolución.

En los fundamentos, la cartera sostuvo que la trata de personas constituye una de las formas más graves de violación de derechos humanos y una forma de esclavitud contemporánea, con especial impacto sobre mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

Según el texto, resulta necesario impulsar un proceso sostenido de fortalecimiento institucional que robustezca las capacidades técnicas y operativas de las fuerzas de seguridad provinciales frente a este delito. En ese sentido, el objetivo es optimizar la detección temprana de indicadores, mejorar la calidad de la intervención policial frente a redes criminales complejas y garantizar la protección de las víctimas desde el primer contacto con la policía.

La resolución advierte que es preciso reforzar de manera integral los distintos eslabones de la respuesta policial, ya que la falta de reconocimiento oportuno de indicadores puede impedir la intervención inicial, la ausencia de registros homogéneos puede dificultar la circulación de información relevante y la carencia de protocolos operativos puede afectar la conversión de esos datos en acciones coordinadas y eficaces.

Por ese motivo, el ministerio plantea establecer pautas homogéneas de actuación que permitan ordenar la primera intervención, preservar adecuadamente la prueba, asegurar la confidencialidad de la información, evitar la revictimización y articular el trabajo de las fuerzas con los organismos de asistencia y protección.

La norma también destaca la capacitación permanente del personal policial en materia de trata de personas, derechos humanos, perspectiva de género, protección integral de niñas, niños y adolescentes y prevención de la revictimización, a la que considera una herramienta indispensable para garantizar intervenciones compatibles con la dignidad y la seguridad de las personas afectadas.

En ese marco, el texto pone el foco en la Policía de Seguridad Rural y la Policía de Seguridad Vial, a las que atribuye un rol estratégico en el control preventivo de corredores, rutas, caminos, accesos y zonas rurales que pueden ser utilizados para el traslado o la explotación de víctimas, por lo que se prevé incorporar módulos de especialización acordes con sus funciones.

Asimismo, la resolución señala que la complejidad del fenómeno exige una respuesta multiagencial que articule al Ministerio de Seguridad con la Oficina Provincial para la Lucha contra la Trata de Personas, la Explotación Sexual Infantil y la Protección y Asistencia de las Víctimas, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y otros organismos con competencia específica.

Otro de los ejes apunta a la producción de información criminal basada en registros estandarizados y territorialmente homogéneos, que permita identificar patrones, advertir modalidades recurrentes, mapear rutas y contribuir a la desarticulación de redes delictivas. Además, ante la expansión de las modalidades de captación, explotación y ocultamiento en entornos digitales, el programa contempla incorporar capacidades técnicas específicas y protocolos de actuación diferenciados.

De acuerdo con los fundamentos, el diseño del programa apunta a consolidar un sistema provincial de respuesta policial frente a la trata centrado en la víctima, con un esquema de trabajo por etapas y objetivos verificables, orientado a estandarizar la actuación policial, mejorar los circuitos de información y afianzar la coordinación con los organismos competentes.