La semana pasada, una reunión del plenario de comisiones de Minería, Energía y Combustibles, presidida por Flavio Fama (UCR), y de Presupuesto y Hacienda, comandada por Agustín Monteverde (LLA), de la Cámara alta exhibió posiciones encontradas tanto entre los senadores como entre distintos actores del rubro. Como contó Ámbito, actualmente hay seis textos en danza, incluyendo uno de Bullrich que tiene a la desregulación como mascarón de proa.
El mismo plantea modificaciones a la Ley N° 27.640 -que establece un marco regulatorio de biocombustibles hasta 2030- y propone un régimen que se extienda durante 15 años, ampliando el corte del biodiésel al 10% y el bioetanol al 15%. Contempla que la composición de este último contenga un 6% de materia de origen de la caña de azúcar y otro 6% del maíz, de forma tal de equilibrar la promoción de ambos sectores.
Más allá de las coincidencias en la necesidad de avanzar con cambios, la permisión del ingreso de empresas integradas (productoras de aceite vegetal o harina proteica) al mercado interno de biocombustibles genera tensiones con un puñado de provincias, que advierten por el futuro de las pymes del sector. Sucede que el régimen original fomentaba la radicación de compañías regionales en zonas sojeras -La Pampa, Entre Ríos y San Luis, entre otras- asegurándoles un cupo de biodiésel para el corte en el gasoil.
Particularmente, la preocupación gira en torno a aquellas que se encuentran a 80 kilómetros o más del puerto y que, según advierten algunas jurisdicciones, no podrán competir contra los grandes jugadores del sector. Por el contrario, distritos norteños como Salta y Tucumán destacan que se sostenga la protección de la participación de la caña y del maíz en el 12% inicial del bioetanol.
Los reclamos de las provincias
Desde el Gobierno bonaerense, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, consideró que la promoción que se propone «favorece únicamente a las grandes empresas y llevaría al cierre a las pymes, radicadas en el interior bonaerense». Rodríguez destacó que en PBA funcionan 11 pequeñas y medianas empresas dedicadas al sector y afirmó que cualquier modificación normativa debe garantizar la preservación y el crecimiento de la capacidad productiva existente.
“Es imprescindible que un nuevo régimen de promoción no perjudique la capacidad instalada ni provoque una mayor concentración del mercado, como ocurriría si se aplican los criterios del proyecto del oficialismo. La continuidad de las empresas existentes y su impacto positivo en las comunidades donde están radicadas, no es negociable para la visión de desarrollo que tiene la Provincia”, lanzó el funcionario de la gestión Kicillof.
Por último, sostuvo que la Argentina tiene el potencial para tener más biocombustibles, más agregado de valor en origen y más desarrollo regional, aunque remarcó que cualquier cambio regulatorio «debe apuntar en esa dirección y no consolidar posiciones dominantes que afecten el empleo y la producción”.
En la misma sintonía se expresó el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable de San Luis, Federico Trombotto, quien envió una carta a los legisladores puntanos instándolos a no acompañar las modificaciones a la ley. Trombotto detalló en la misiva que la industria del biodiesel en la provincia representa el «sustento directo para más de 250 familias locales y tracciona a otras actividades productivas, industriales y de servicios, que consolidan adicionalmente cientos de puestos de trabajo más, aportando un gran valor a la competitividad sistémica provincial».
Al respecto, el funcionario que responde al gobernador Claudio Poggi manifestó su «profunda preocupación» y advirtió que las pymes regionales productoras de biodiesel «irían hacia un inminente cierre y desaparición de nuestra industria provincial, en beneficio de las grandes empresas del rubro, por quedar nuestras pymes productoras de biodiesel fuera de toda posibilidad de competir con las grandes industrias aceiteras integradas y exportadoras».
El texto les fue remitido a los diputados nacionales Ernesto Ali, Carlos Almena, Claudio Álvarez, Mónica Becerra y Jorge Fernández y a los senadores Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino.
La Pampa también anticipó diferencias con el proyecto del oficialismo. El senador Daniel Bensusán (PJ), cercano al mandatario Sergio Ziliotto, aseguró que la iniciativa “perjudica la producción regional, en manos de pequeñas y medianas empresas, poniendo en riesgo de quebrar a 25 pymes». «Solamente en La Pampa, se pone en la cuerda floja el sustento de alrededor de 100 familias que trabajan de forma directa o indirecta con estas empresas”, detalló el legislador, quien días atrás visitó las plantas productoras de Catriló y General Pico.
Junto a su coterráneo Daniel Kroneberger (UCR) y a los peronistas Adán Bahl (Entre Ríos) y Fernando Salino (San Luis), Bensusán presentó una nota proponiendo cambios al texto. «Que haya competencia pero entre segmentos iguales, similar a lo que ocurre con el bioetanol. Un segmento para las pymes, uno para las no integradas y otro para las integradas de Santa Fe», plantearon los autores.
Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, en tándem
Desde la Región Centro, en tanto, los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora trabajan en tándem. Aunque coinciden con la necesidad de elevar el corte del biodiesel, también ponen el acento en la situación de las pymes. El mandamás santafesino difundió cinco puntos entre su tropa legislativa buscando meter mano en la iniciativa libertaria.
En el documento, Pullaro destaca la desregulación y mayor competencia del texto original, aunque agita cambios. Por ejemplo, propone que el corte del biodiésel se eleve al 15% en lugar de al 10% original. Asimismo, pide reservar el 40% del mercadopara productores no integrados, en sintonía a lo que sucede con el el bioetanol de caña. El 60% restante, en tanto, quedaría abierto a empresas integradas y refinadoras.
También impulsa la creación de un sistema de monitoreo para detectar prácticas anticompetitivas, las denuncias de conductas irregulares ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por parte de la Secretaría de Energía y diversos mecanismos de intercambio de información para prevenir abusos de mercado.
Ante la consulta de Ámbito, en la gobernación de Córdoba señalaron que se pliegan a las modificaciones propuestas por su vecino radical. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación, Santa Fe concentra casi el 85% de la producción de biodiésel en el país. En 2025, la Argentina produjo cerca de 970 mil toneladas, exhibiendo una caída frente a las 1.1 millones del 2024.
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